El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha resuelto uno de los flecos operativos de la crisis migratoria de Ceuta por la vía más rápida que permite la ley: la contratación de emergencia.
El departamento que dirige Elma Saiz ha adjudicado a Telefónica la instalación de tres puntos de wifi gratuito en los campamentos temporales habilitados tras la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio, sin licitación pública ni anuncio previo en los portales institucionales de contratación.
La cobertura se suma a la que ya prestaba Orange en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), adjudicataria histórica del servicio en ese recurso.
Según ha podido saber Confilegal, el Ministerio de Elma Saiz intentó primero que Orange y Vodafone asumieran también la conectividad de los nuevos dispositivos habilitados este verano.
Ninguna de las dos operadoras respondió a los contactos mantenidos durante el mes de agosto, lo que llevó a Migraciones a iniciar conversaciones con Telefónica para resolver la cobertura de los tres espacios temporales.
El encaje jurídico: contratación directa por emergencia
El fundamento legal de la operación reside en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), que habilita a las administraciones a tramitar adjudicaciones directas —sin publicidad ni concurrencia de ofertas— cuando concurren «razones de urgencia debidamente justificadas» derivadas de acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o necesidades que exijan una actuación inmediata.
Migraciones ampara la medida en la declaración de emergencia por presión migratoria vigente en Ceuta desde el pasado verano, un instrumento que ya ha servido de paraguas para otras actuaciones logísticas en la ciudad autónoma.
Este tipo de procedimiento excepcional exime al órgano de contratación de los trámites ordinarios de publicidad y competencia, pero no de la obligación de justificar documentalmente la urgencia y de ajustar el contrato a lo estrictamente necesario para atender la emergencia, conforme establece la propia LCSP y ha reiterado la jurisprudencia contencioso-administrativa en la materia.
Desde el Ministerio se defiende que la finalidad no es únicamente asistencial. La conectividad busca «garantizar la actividad de las entidades encargadas de gestionar los centros, favorecer la coordinación de los distintos operativos desplegados y agilizar la tramitación de expedientes», en referencia a las ONG y equipos técnicos que operan sobre el terreno y que dependen de la conexión para tramitar los procedimientos administrativos de las personas acogidas.
Dos lecturas del mismo hecho
La medida ha generado interpretaciones contrapuestas. Medios críticos con la gestión del Gobierno han puesto el acento en la ausencia de concurso público y en el gasto en un contexto de tensión social en la ciudad, marcado por incendios en asentamientos improvisados y advertencias policiales sobre el riesgo de disturbios.
La versión oficial, por su parte, enmarca la actuación como un refuerzo técnico-administrativo, alineado con otras medidas de infraestructura adoptadas en paralelo, como la estación móvil que Orange instaló meses atrás para descongestionar la red en el entorno del CETI y la playa del Trampolín.
Ninguna de las dos partes discute el hecho contractual en sí sino su oportunidad política y la ausencia de concurrencia, un debate que en último término remite a la interpretación que se haga del concepto de «urgencia» en el marco del artículo 120 LCSP.
