La magistrada María Tardón, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha acordado un amplio paquete de diligencias para tratar de determinar quién planificó, organizó, coordinó y financió la entrada masiva irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.
La instructora ordena investigar desde las redes sociales y teléfonos utilizados para organizar la movilización hasta su posible financiación, la identidad de los coordinadores sobre el terreno, las alertas recibidas antes de los hechos y la cadena de mando operativa presente en la zona marroquí de Fnideq-Castillejos.
La resolución, dictada este 16 de septiembre, se produce después de que la Fiscalía solicitara la práctica de nuevas diligencias dentro de las Diligencias Previas 64/2026. La causa investiga conductas delictivas derivadas de aquella entrada masiva y figura abierta por delito contra la paz e independencia del Estado.
Tardón considera que las diligencias interesadas por el Ministerio Público están directamente conectadas con las líneas de investigación que ya había delimitado en su auto de 7 de septiembre y rechaza que tengan carácter «prospectivo ni exploratorio».
Según explica, se trata de actuaciones destinadas a comprobar hechos previamente delimitados y sustentados en indicios incorporados a la causa. La investigación afecta, entre otros extremos, a la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la planificación y dirección estratégica de los hechos, los fallecimientos y las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva.
Una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas
Uno de los principales frentes de investigación será el económico.
La magistrada encarga a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Central) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización.
Deberán analizar los movimientos económicos relevantes detectados en la zona, la utilización de sistemas informales de transferencia de fondos —incluido el sistema hawala—, la contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pueda guardar relación con la logística de la movilización.
La resolución subraya en este punto la dimensión de los hechos investigados. Según el auto, una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros».
Una pieza secreta para investigar las redes sociales
Otro de los principales objetivos es reconstruir cómo se organizó digitalmente la convocatoria.
Tardón requiere al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el informe íntegro sobre organización digital, incluyendo los números de teléfono detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, así como los identificadores empleados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas analizadas.
También deberán aportarse los datos técnicos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital obtenidos respecto de esos perfiles.
La instructora ordena además emitir solicitudes de asistencia judicial internacional y órdenes europeas de investigación para recabar de las plataformas digitales la conservación y posterior entrega de datos de registro, direcciones IP, dispositivos, teléfonos, correos electrónicos, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto.
Para desarrollar estas investigaciones se formará una Pieza Separada de Investigación Tecnológica de carácter secreto.
El CNI participará en el reconocimiento facial
La investigación tratará igualmente de poner nombre a las personas que aparecen en las imágenes incorporadas al procedimiento y que, según recoge el auto, ejercían funciones de coordinación y dirección operativa sobre el terreno.
La Comisaría General de Información y la Unidad Central de Inteligencia Criminal deberán realizar análisis biométricos y de reconocimiento facial, comparando las imágenes con bases policiales nacionales, registros fronterizos y bases de Interpol y Europol, entre otras herramientas disponibles.
La misma petición se dirige al CENIF, a la Comisaría General de Policía Científica y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Reconstruir la cadena de mando en territorio marroquí
Tardón quiere determinar también quiénes eran los efectivos uniformados que aparecen en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa.
Para ello ordena a las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil que designen expertos que intenten precisar su identidad, cuerpo policial, unidad operativa, empleo o graduación, funciones y actuación observada.
El informe deberá tratar igualmente de reconstruir la cadena de mando operativa presente en Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Qué se sabía antes de la entrada masiva y qué medidas se adoptaron
Otro bloque de diligencias se dirige a reconstruir la información de la que disponían las autoridades antes de los acontecimientos y qué hicieron ante el riesgo detectado.
La magistrada reclama a diferentes unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, al delegado del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
Los organismos deberán identificar quién recibió esas alertas, cuándo las recibió y qué medidas adoptó como consecuencia de ellas.
También reclama información a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad y al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, que deberá informar además de su ocupación diaria durante julio y agosto.
Tardón pide al Estado Mayor imágenes por satélite
La investigación incorpora asimismo una vertiente militar.
La instructora requiere al jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) las imágenes satelitales disponibles entre el 20 de julio y el 7 de agosto de la playa de Fnideq, en Marruecos, colindante con la frontera española, y de la playa de El Trampolín, en Ceuta.
La petición comprende imágenes que pudieran haber obtenido el Mando de Operaciones, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Mando Conjunto del Ciberespacio o cualquier otro centro dependiente del EMAD.
También solicita las imágenes obtenidas por los mandos operativos aéreo, marítimo y terrestre, así como las alertas o análisis de riesgos que pudieran haberse elaborado sobre la entrada masiva.
Identificar quién pudo diseñar la operación
Uno de los puntos centrales del auto es determinar quién pudo encontrarse detrás de la planificación de los hechos.
La magistrada requiere a la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el CNI y el CENIF que elaboren un informe para determinar qué personas, grupos u organizaciones podían disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas.
El análisis deberá abordar quién pudo diseñar la operación y qué vínculos pudieron existir entre los distintos niveles de actuación identificados: dinamizadores digitales, organizadores sobre el terreno y participantes integrados en estructuras superiores.
También deberán estudiarse las similitudes entre los acontecimientos investigados y otras entradas masivas, saltos o avalanchas ocurridos en Ceuta en 2021, 2024 y 2026, así como los posibles vínculos entre ellos.
La investigación incluye los 83 fallecimientos
La magistrada fundamenta la proporcionalidad de las diligencias, entre otros factores, en la gravedad y magnitud de los hechos, sus posibles ramificaciones internacionales y la existencia de 83 fallecidos asociados a los acontecimientos investigados.
En relación con las diligencias judiciales seguidas en Ceuta por esos fallecimientos y que sean acumuladas al procedimiento, Tardón dispone que, si todavía no se hubiera hecho, se soliciten informes periciales para determinar las causas concretas de las muertes, la influencia de las condiciones del cruce y la posible intervención de terceros en la generación del riesgo que desembocó en ellas.
Juan Vivas declarará como testigo el 30 de septiembre
Finalmente, Tardón acuerda las primeras declaraciones testificales.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, deberá declarar el próximo 30 de septiembre a las 10.00 horas.
Un día después, el 1 de octubre, comparecerán el jefe de la Policía Local de Ceuta que ocupaba el cargo cuando ocurrieron los hechos, a las 10.00 horas, y quien entonces era jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, a las 12.00 horas.
La magistrada considera prioritarios estos testimonios para conocer directamente la información disponible antes de los acontecimientos, las previsiones existentes, la evolución de la situación y las circunstancias que determinaron lo que la propia resolución denomina «colapso operativo».
El auto puede ser recurrido en reforma ante el mismo órgano judicial en el plazo de tres días.
