Foro Judicial Independiente (FJI) ha dirigido una carta abierta a los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo para reclamar el fin de las descalificaciones públicas a los jueces por el contenido de sus resoluciones, al considerar que este tipo de ataques supone «una grave erosión al Estado de Derecho».
La asociación sostiene que las críticas a las resoluciones judiciales son legítimas, pero considera que deben centrarse en los argumentos jurídicos empleados por los tribunales. En este sentido, recuerda que el trabajo de los jueces no consiste únicamente en decidir, sino también en explicar las razones de sus decisiones.
FJI vincula esta cuestión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que, según expone en su carta, no se limita a obtener un pronunciamiento judicial, sino que exige que este sea motivado. Por ello, considera que una crítica razonable a una resolución debería partir del análisis de sus fundamentos y explicar los aspectos con los que se está de acuerdo o en desacuerdo y las razones para ello.
La asociación advierte de que, cuando una resolución judicial resulta contraria a los intereses de una determinada parte, puede resultar más sencillo, en su opinión, cuestionar al juez que analizar jurídicamente la decisión. La carta menciona como ejemplos las referencias a quién presentó una denuncia, a la participación previa del juez en política, a la actividad docente compatible con la profesión o a la identidad del magistrado ponente.
FJI considera que este tipo de argumentos puede desembocar en cuestionamientos de la imparcialidad, profesionalidad u honestidad de los jueces y en la utilización de calificativos sobre sus resoluciones, en lugar de un análisis de sus fundamentos jurídicos.
La confianza de los ciudadanos en la Justicia
Foro Judicial Independiente subraya que estas manifestaciones pueden perjudicar tanto a la carrera judicial como a la ciudadanía. Según señala, una persona que acuda a los tribunales después de escuchar reiteradamente que los jueces actúan por motivos ajenos al Derecho podría llegar a pensar que la resolución de su caso dependerá del «capricho del juez» y no de criterios jurídicos.
Ante esta situación, la asociación plantea tres ámbitos de actuación.
El primero es acabar con la identificación de los jueces mediante las etiquetas de «progresista» o «conservador». FJI sostiene que estas denominaciones generan desconfianza entre los ciudadanos y pueden desincentivar a otros jueces a promocionar profesionalmente.
En relación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), propone que la competencia del Parlamento para elegir a sus vocales se limite a los miembros no judiciales, mientras que los vocales judiciales sean elegidos directamente por los integrantes de la carrera judicial mediante un sistema que garantice una representación proporcional de las sensibilidades existentes en ella.
La asociación recuerda además que, desde su constitución en 2002, nunca ha presentado ni avalado candidaturas a vocal del CGPJ, como muestra de su desacuerdo con el sistema de elección. En su carta afirma también que la Comisión de Venecia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión Europea han coincidido en reclamar cambios en esta materia.
Mérito y capacidad en los altos cargos judiciales
El segundo ámbito planteado por FJI afecta al sistema de designación de los altos cargos de la carrera judicial.
La asociación reclama que estos nombramientos respondan a criterios objetivos de mérito y capacidad y cuestiona los denominados «cambios de cromos» entre los vocales del CGPJ, en los que, según sostiene, tendría un peso determinante la afinidad de los candidatos con los distintos bloques «políticos» o partidistas.
En este punto, FJI relaciona la cuestión de los nombramientos con las críticas políticas a la imparcialidad de los jueces. La asociación sostiene que el acceso a la carrera judicial, la política de nombramientos y la potestad disciplinaria dependen desde hace más de 40 años de un CGPJ cuya composición, según afirma, está «absolutamente intervenida por los partidos políticos».
Por ello, considera que los propios responsables políticos tienen una responsabilidad directa o indirecta en el nombramiento de determinados jueces y magistrados cuyas resoluciones posteriormente pueden ser objeto de críticas políticas por una supuesta falta de imparcialidad.
Regular el paso de la Justicia a la política
El tercer aspecto que plantea Foro Judicial Independiente es la regulación del tránsito entre la jurisdicción y la política y del posterior regreso a la carrera judicial.
La asociación reclama que este salto y retorno se regulen «con el debido rigor», con el objetivo de evitar que las denominadas «puertas giratorias» puedan generar problemas de confianza en la judicatura.
FJI considera que las reformas planteadas dependen de la voluntad política y acusa a los partidos de mantener su capacidad de intervención en la Justicia. En concreto, sostiene que los políticos eligen a todos los vocales del CGPJ, que posteriormente realizan nombramientos de cargos judiciales mediante una discrecionalidad que la asociación califica de «arbitrariedad».
También atribuye al legislador la capacidad para regular las denominadas puertas giratorias y las medidas relacionadas con las cargas de trabajo que debe asumir cada órgano judicial.
La carta concluye con una reivindicación: «Seguramente hay que desjudicializar la política, pero sobre todo hay que despolitizar la justicia». FJI reclama que estas reformas se acometan y deja planteada una última cuestión dirigida a los responsables políticos: qué ocurrirá cuando una sentencia vuelva a serles desfavorable.
La carta está firmada por la Comisión Gestora Nacional de Foro Judicial Independiente y fechada en Madrid el 17 de septiembre de 2026.
