La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha recurrido por segunda vez la propuesta de semilibertad aprobada por el Gobierno Vasco para la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, al considerar que no concurren las circunstancias excepcionales exigidas para la aplicación de este régimen.
El Ministerio Público ha informado este viernes de que la propuesta actual “reproduce sustancialmente otra planteada hace apenas unos meses y que ya fue anulada por la autoridad judicial a instancia de la propia Fiscalía”. A su juicio, “no se ha producido ningún cambio relevante en la situación penitenciaria, personal o tratamental de la interna que justifique revisar el criterio judicial previamente establecido”.
La propuesta de la administración penitenciaria contempla que ‘Anboto’ pueda salir diariamente del centro penitenciario para realizar labores de voluntariado. Sin embargo, la Fiscalía considera que estas actividades “no presentan la singularidad ni la necesidad tratamental” que exige el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
El Ministerio Público sostiene que el sistema planteado supondría salidas ordinarias de ocho horas diarias, cinco días a la semana, una situación que “en la práctica, se aproxima a un régimen de semilibertad propio del tercer grado penitenciario”.
Por ello, considera que esta vía “no puede utilizarse como una vía indirecta para anticipar los efectos del tercer grado sin cumplir los requisitos legalmente previstos para acceder a dicha clasificación”.
La Fiscalía también subraya “la especial gravedad” de los delitos por los que Iparraguirre cumple condena, vinculados al terrorismo, así como la existencia de procedimientos penales todavía pendientes de enjuiciamiento por hechos de la misma naturaleza.
El juez ya rechazó la semilibertad a Anboto en abril
El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ya rechazó en abril la aplicación del régimen de semilibertad a ‘Anboto’.
El magistrado consideró entonces que la medida generaba “falsas expectativas” a Iparraguirre y “desasosiego innecesario” a las víctimas “e incluso a la ciudadanía”, ante lo que calificó como decisiones de excarcelación o encarcelación que podían resultar extrañas.
Castro también destacó la gravedad de los delitos por los que fue condenada: diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona, acumulados en una pena de 30 años de prisión.
El magistrado señaló que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, mientras que el licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.
En aquella ocasión, Castro siguió el criterio de la Fiscalía, que había emitido un informe desfavorable a la semilibertad y advertía de la “conversión encubierta” de su situación penitenciaria en un tercer grado.
Por su parte, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, defendió la primera concesión de la semilibertad y afirmó que ‘Anboto’ había recibido “el mismo tratamiento que cualquier persona reclusa en el sistema penitenciario vasco”.
Ubarretxena sostuvo que las medidas adoptadas en materia penitenciaria forman parte de un modelo que, “sin olvidar el dolor que ha causado a las víctimas ni las consecuencias penales que deben cumplirse”, tiene como fin último la reinserción.
