Imagine que mañana recibe una citación judicial. La abre. Busca la fecha del juicio y piensa que se ha equivocado. Vuelve a mirar.
2030
No es una errata. Tampoco una novela de ciencia ficción. Es la Justicia española citando a un ciudadano para dentro de cuatro años. Estos días hemos conocido señalamientos judiciales que alcanzan ya el año 2030.
Así ha ocurrido en un Juzgado de lo Social de Madrid: presentada la demanda tras el intento de conciliación, el juicio ha sido señalado para 2030.
Cuatro años de espera para sentarse ante un juez y obtener respuesta a un problema que existe hoy.
Cuatro años con la vida en suspenso.
Y quizá convenga detenerse en lo que significa esa cifra. Porque 2030 parece solo un número hasta que lo traducimos a la vida de las personas.
Cuatro años son muchos meses sin cobrar. Muchos meses esperando una indemnización. Una eternidad para quien ha perdido su empleo.
Para una empresa que necesita resolver un conflicto. Para una familia pendiente de una decisión. Para cualquiera que acudió a un tribunal porque no podía solucionar por sí mismo su problema.
Decimos desde hace siglos que la Justicia debe ser independiente, imparcial y estar sometida únicamente a la ley.
Todo eso es imprescindible. Pero falta una palabra. A tiempo.
Porque una Justicia que llega cuatro años tarde puede dictar una sentencia impecable y, aun así, haber fracasado como Justicia. No por casualidad, el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable.
EL TIEMPO TAMBIÉN ES JUSTICIA
La Constitución reconoce en su artículo 24 el derecho a un proceso público «sin dilaciones indebidas».
No es literatura constitucional.
El tiempo forma parte de la tutela judicial efectiva. La Justicia no se administra en un laboratorio. Se administra sobre la vida de personas que trabajan, enferman, envejecen, tienen hijos, pierden el empleo, cambian de ciudad o, sencillamente, necesitan seguir viviendo.
Una sentencia no vale lo mismo hoy que dentro de cuatro años. Y aquí aparece una de las grandes paradojas de nuestra Justicia.
Durante los últimos años hemos reformado leyes, cambiado estructuras y acuñado conceptos. Muchos nuevos conceptos. Hablamos de eficiencia procesal. De eficiencia organizativa. De eficiencia digital. De Tribunales de Instancia. De oficinas judiciales. De transformación digital. Y ahora, inevitablemente, de inteligencia artificial.
A este ritmo, solo nos falta encontrar una expresión moderna para denominar al ciudadano que lleva cuatro años esperando.
Propongo una muy sencilla: justiciable.
Porque detrás de cada reforma, de cada estadística y de cada plan estratégico sigue existiendo alguien que no pregunta por la arquitectura organizativa del sistema.
El justiciable pregunta algo bastante más prosaico: «¿Cuándo van a resolver mi problema?»
Y para eso todavía no hemos encontrado una aplicación informática.
LOS JUECES TAMPOCO FABRICAN TIEMPO
Cuando la Justicia funciona lentamente existe una tentación recurrente: mirar hacia el juzgado.
Es comprensible. Allí está la ventanilla. Allí está el expediente. Allí está el juez.
Pero conviene recordar algo elemental. Los jueces dictan resoluciones. Los funcionarios tramitan procedimientos. Los letrados de la Administración de Justicia impulsan y ordenan el proceso en el ámbito de sus competencias.
Pero ninguno fabrica horas.
Cuando un órgano judicial recibe muchos más asuntos de los que puede resolver razonablemente, llega un momento en que la aritmética derrota al Derecho.
Se pueden hacer esfuerzos extraordinarios. Se pueden prolongar jornadas. Se pueden reducir tiempos de estudio. Se puede correr. Y correr más. Y todavía un poco más.
Pero existe una vieja ley de la física judicial que ningún legislador ha conseguido derogar: veinticuatro horas siguen siendo veinticuatro horas.
Podemos intentar sacar agua del barco con un cubo cada vez más grande. Pero si sigue entrando más agua de la que somos capaces de sacar, quizá algún día tengamos que preguntarnos si el problema era realmente el cubo.
LA NORMALIZACIÓN DE LO ANORMAL
Lo verdaderamente preocupante no es que exista un señalamiento excepcionalmente lejano. Lo preocupante es acostumbrarnos.
Que una vista para dentro de dos años empiece a parecernos razonable porque conocemos otra señalada para dentro de cuatro.
Que una resolución que tarda meses deje de sorprendernos porque otras tardan años.
Que terminemos convirtiendo la anomalía en estadística y, después, la estadística en normalidad.
Ahí empieza el verdadero deterioro.
Las instituciones no pierden la confianza de los ciudadanos únicamente cuando cometen grandes errores. También pueden perderla en silencio. Expediente a expediente. Retraso a retraso. Año tras año. Sin titulares. Sin escándalos. Simplemente esperando.
DIAGNOSTICAR EL DIAGNÓSTICO
Lo curioso es que conocemos buena parte de las causas.
Cargas de trabajo desiguales. Órganos saturados. Escasez de jueces. España cuenta con 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,4 de media en los Estados del Consejo de Europa, según recordó Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, en la apertura del año judicial. Es decir, dispone de cerca de un 32 % menos de jueces que esa media.
Plantillas insuficientes. Vacantes. Falta de especialización. Reformas legislativas que generan nuevas obligaciones sin que siempre lleguen acompañadas de los medios necesarios.
No descubrimos ahora el problema. Lo estudiamos. Lo medimos. Lo diagnosticamos. Elaboramos informes sobre el diagnóstico. Creamos comisiones para estudiar los informes. Y, llegado el caso, hacemos un nuevo diagnóstico para comprobar cómo evoluciona el anterior.
Mientras tanto, el calendario sigue avanzando.
Quizá haya llegado el momento de recordar una verdad bastante menos sofisticada que cualquier plan estratégico: la Justicia necesita medios proporcionados al trabajo que se le exige.
Medios personales. Medios materiales. Organización. Tecnología. Y jueces suficientes.
No para que los jueces trabajen menos, sino para que la Justicia funcione mejor.
BIENVENIDOS A 2030
Dentro de cuatro años habremos aprobado nuevas leyes. Probablemente habremos vuelto a reformar algunas de las que acabamos de aprobar. Tendremos mejores programas informáticos. Utilizaremos inteligencia artificial. Los expedientes serán todavía más digitales. Y seguramente habremos inventado palabras nuevas para explicar que estamos modernizando la Justicia.
Pero al ciudadano que hoy tiene un juicio señalado para 2030 todo eso le importará bastante poco.
Él no pidió una reforma estructural. No pidió un nuevo modelo organizativo. Ni siquiera pidió eficiencia. Pidió Justicia.
Podemos cambiar el nombre de los juzgados. Podemos reorganizar oficinas. Podemos digitalizar expedientes. Podemos aprobar leyes de eficiencia y llenar el BOE de reformas. Y podemos presentar magníficos PowerPoint para explicarlo todo.
Pero existe una realidad que ningún organigrama, ninguna estadística y ninguna presentación puede esconder.
Si un ciudadano acude hoy a un tribunal y le decimos que vuelva dentro de cuatro años, el problema de la Justicia española ya no necesita otro diagnóstico. Necesita medios. Necesita jueces. Y necesita tiempo.
Precisamente el tiempo que al ciudadano ya no le sobra.
