La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez José Luis Calama de otorgar al Partido Popular la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares en el caso Plus Ultra, la investigación en la que figura como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La Sala de lo Penal ha desestimado los recursos interpuestos por Vox, Hazte Oír y la asociación Liberum, que también ejercen la acusación popular, contra la resolución del magistrado instructor.
En su auto, el tribunal considera «lógico y razonable» que el PP asuma esa representación porque cuenta con «una mayor representación institucional y sea más capaz de recoger y aunar más eficazmente el interés general que es lo que se trata de defender con el ejercicio de la acción popular».
La Sala recuerda, además, que la presencia de múltiples acusaciones populares puede provocar una reiteración innecesaria de actuaciones procesales y generar efectos dilatorios en el desarrollo del procedimiento.
Con estos argumentos, respalda la decisión de Calama de agrupar la representación y defensa de todas las acusaciones populares en el Partido Popular.
Vox se personó primero, pero no cumplió todos los requisitos procesales
Uno de los aspectos centrales de la controversia era determinar qué acusación popular debía asumir la representación conjunta, teniendo en cuenta el orden de personación en las actuaciones.
El juez Calama reconoció que, de aplicar exclusivamente el criterio establecido por el Tribunal Supremo de dar prioridad a la primera acusación personada, la representación habría correspondido a Vox.
Sin embargo, el magistrado consideró que la formación liderada por Santiago Abascal no había realizado «una personación válida y plenamente eficaz», al carecer de los requisitos procesales indispensables para ello.
La segunda acusación en comparecer fue el Partido Popular, que lo hizo «apenas unos instantes después» de Vox.
A diferencia de esta formación, el PP sí cumplió íntegramente las exigencias legales al aportar todos los documentos procesales necesarios para constituirse correctamente como parte en el procedimiento.
Para Calama, esta circunstancia resultaba determinante.
«No cabe sino concluir que la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz fue la realizada por dicha formación (el PP), lo que, conforme al criterio de prioridad correctamente entendido, justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares», razonó.
La mayor implantación institucional del PP, otro argumento para su designación
El instructor también tuvo en cuenta la representación institucional de las distintas acusaciones populares.
En su resolución, sostuvo que el Partido Popular presenta una implantación institucional más relevante que el resto de las acusaciones personadas.
A juicio del magistrado, esta circunstancia evidencia una mayor capacidad para proyectar el interés general dentro del proceso penal y refuerza la justificación de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta.
Calama concluyó que agrupar las acusaciones populares en torno al PP era «la solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular».
La Sala de lo Penal comparte ese razonamiento y, al desestimar los recursos presentados por Vox, Hazte Oír y Liberum, mantiene la representación unificada acordada por el instructor.
La investigación sobre el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra
La decisión se enmarca en la investigación judicial sobre el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
En esta causa, el juez Calama investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que sitúa como presunto líder de una red de tráfico de influencias.
El magistrado trata de determinar si Zapatero pudo beneficiarse económicamente de su supuesto papel como mediador en el rescate de la compañía aérea.
La investigación también aborda la posible comisión de delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas que la Policía Nacional incautó en su despacho.
