James Cox «Fergie» Chambers Jr. comparecerá este lunes, 28 de septiembre, a las 12:00 horas, ante Antonio Piña, magistrado de la plaza 6 de la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.
Será la primera diligencia de la fase judicial del expediente con el que Estados Unidos reclama su entrega. La vista se celebrará a puerta cerrada.
Chambers nació en 1985 y es bisnieto de James M. Cox, fundador de Cox Enterprises, un conglomerado de empresas de comunicación muy potente en Estados Unidos. En 2023 vendió su participación en dicho conglomerado familiar.
Fergie Chambers se define como marxista-leninista y «revolucionario profesional».
La Policía Nacional lo detuvo en Ibiza el 10 de julio, y desde entonces está en prisión provisional sin fianza. Tanto el juez de guardia como después la Sala de lo Penal apreciaron riesgo de fuga por su patrimonio. Descartaron además el arraigo, porque su empadronamiento en la isla databa de solo una semana antes de la detención.
Una acusación bajo secreto
La Fiscalía Federal de New Hampshire le atribuye tres delitos: blanqueo internacional de capitales para dar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, desórdenes públicos y conspiración para causarlos. El escrito es secreto y ninguna fuente oficial estadounidense ha expuesto su versión.
Lo que se conoce procede de la defensa. Según Baltasar Garzón, se le imputa la transferencia de más de 7,5 millones de dólares a un equipo de fútbol tunecino, fondos que los fiscales vinculan con Hamás, y su participación en protestas de 2023 contra un fabricante de armas israelí. Podría enfrentarse a hasta 30 años de prisión.
Conforme al artículo 12 de la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva, el magistrado Piña le informará de la reclamación y le preguntará si consiente la entrega.
Si se opone, como ha anticipado su defensa, el juez resolverá sobre su situación personal mediante un auto en las 24 horas siguientes y elevará las actuaciones a la Sala de lo Penal.
Allí el debate girará sobre la doble incriminación. El blanqueo vinculado a la financiación del terrorismo tiene un equivalente claro en el Código Penal español; los desórdenes, bastante menos.
La otra frontera es política: la ley excluye la entrega por delitos políticos, pero no considera como tales los actos de terrorismo.
Defensa y presión política
Garzón y Barry Pollack, el tándem que defendió a Julian Assange, sostienen que Washington persigue una actividad política y humanitaria y que no existe prueba de que Chambers entregara conscientemente fondos a Hamás.
Según sus cifras, ha donado más de un millón de dólares a proyectos en Gaza. Garzón ha solicitado asilo para él, y más de un centenar de personalidades han firmado un manifiesto por su libertad.
Su pareja, Stella Schnabel, se reunió con Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, los partidos que apoyan al PSOE en el Gobierno, para frenar la petición de extradición.
Sin embargo, el 22 de septiembre el Consejo de Ministros rechazó paralizar el procedimiento. La ministra portavoz, Elma Saiz, lo calificó de decisión «puramente procedimental».
Si la Sala deniega la extradición, su decisión vincula al Gobierno. Si la declara procedente, el Consejo de Ministros aún podrá rechazarla por reciprocidad, seguridad, orden público u otros intereses esenciales, según los artículos 6 y 18 de la ley. El caso podría cerrarse, así, en sede política.
