La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón tomará declaración esta semana, como testigos, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y a Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.
La magistrada, titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antes Juzgado Central de Instrucción 3), investiga la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. Al menos 83 personas murieron en la frontera del Tarajal, en la parte española. Hasta 140 personas perdieron la vida en el intento de pasar, por el mar, a Ceuta.
Vivas comparecerá el miércoles 30 de septiembre. Sanz lo hará el jueves 1 de octubre. Ese mismo día también declarará el jefe de la Policía Local ceutí, Sebastián Vega.
Los tres declaran como testigos, no como investigados. Esa condición les obliga a responder y a decir verdad, bajo apercibimiento de incurrir en falso testimonio.
Qué investiga Tardón
La instructora asumió la causa por un auto de 7 de septiembre. En él rechaza que lo ocurrido pueda analizarse como una suma de entradas irregulares aisladas. Lo describe como un fenómeno organizado y supraterritorial, con un «antes, durante y después».
El eje de la investigación son los delitos contra la paz o la independencia del Estado. Tardón aprecia indicios de una conducta cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la integridad territorial de España.
Enmarca la avalancha, sucedida entre el 30 y 31 de julio, en los métodos propios de la «guerra híbrida» o «zona gris».
Por eso la competencia es de la Audiencia Nacional: el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la jurisdicción española estos delitos aunque se cometan fuera del territorio nacional, sean sus autores españoles o extranjeros.
Junto a ese núcleo, el auto recoge otros tres bloques delictivos. Por una parte, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis del Código Penal), por otra, homicidios y lesiones por imprudencia, en conexión con los anteriores, y, por último, organización o grupo criminal (artículo 570 bis y siguientes).
La propia magistrada subraya que la calificación es «totalmente provisional». No hay, por ahora, imputación concreta a nadie.
Al asumir la causa, Tardón habló de «permisividad» y de «una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos».
Según la juez, esa gestión «se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos».
La instrucción mira también a este lado de la frontera. El auto ya planteaba analizar las medidas que adoptaron las autoridades españolas, los medios de respuesta disponibles y las alertas recibidas antes de los hechos.
Tardón ha asumido la investigación abierta en un juzgado de Ceuta contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la entrada masiva.
La Fiscalía respalda esa petición. En esa vertiente encajan las testificales de esta semana.
Las llamadas de Vivas
El presidente ceutí ya anticipó en varias entrevistas televisivas que informará a la juez de todas las llamadas y alertas que dirigió al Gobierno central en los días previos.
Vivas se presenta como el primer interesado en saber quién está detrás de lo que calificó como una «agresión a la integridad territorial».
No oculta su convicción: el responsable, a su juicio, es Marruecos. Le parece impensable que las autoridades vecinas ignoraran el desplazamiento de miles de personas hacia la frontera. Es su posición, no un hecho acreditado en la causa.
Once minutos con el CNI
La declaración de Sanz se presenta como la más delicada. El exjefe de gabinete dimitió hace semanas, cuando trascendió que había recibido mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por WhatsApp.
También mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio el 29 de julio, un día antes de los hechos. Qué se dijo en esa llamada no ha trascendido.
Las testificales llegan una semana después de que la magistrada admitiera a Ceuta como acusación particular. Tardón considera que la ciudad fue «víctima directa e inmediata» de los «graves hechos» del Tarajal.
Antes había dado esa misma condición al Estado, a través de la Abogacía del Estado. La acusación popular la ejercen Iustitia Europa y Hazte Oír, cuya denuncia y querella originaron la causa, junto a Vox y el PP.
El informe policial
A petición de la magistrada, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional atribuyó a las fuerzas de seguridad marroquíes «el guiado activo de la masa hacia los lugares de paso».
El informe habla de una «planificación» tanto «previa» como «táctica».
Descarta que lo ocurrido fuera «incidental», «ocasional» o «espontáneo». Y apunta a «una autoría intelectual anterior y otra material».
Los investigadores describen a uniformados marroquíes que habrían dado «indicaciones a las personas que cruzaron irregularmente la frontera para superar obstáculos».
También señalan la presencia de «agentes dinamizadores» sin uniforme, «de complexión fuerte o atlética». Según el informe, su conducta «no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa».
Son conclusiones policiales. Tendrán que contrastarse con el resto de diligencias de la instrucción.
