El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial (IA) que desde este jueves podrá utilizar la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para agilizar la tramitación de los recursos que llegan al alto tribunal.
La herramienta analiza automáticamente los recursos y la documentación presentada y extrae la información más relevante. Según ha informado el Ministerio, su objetivo es facilitar la gestión de miles de recursos y mejorar la coordinación entre los profesionales que intervienen en su tramitación.
Justicia asegura que la tecnología cuenta con las máximas garantías de seguridad. Está basada en sistemas operativos libres propiedad del Estado y alojada en servidores públicos, dentro de entornos aislados de sus propios centros de procesamiento de datos.
La herramienta ha sido entrenada con la colaboración del gabinete técnico del Tribunal Supremo y permite analizar de forma automática los recursos y la documentación aportada.
En cuestión de segundos, identifica los principales datos de cada procedimiento, entre ellos las partes implicadas, la materia sobre la que versa, la normativa citada y los argumentos jurídicos. Toda esta información queda organizada de forma estructurada para facilitar su consulta.
La IA también permite asignar grupos de asuntos a distintos equipos de trabajo, conocer el estado de revisión de cada uno y acceder directamente al expediente electrónico correspondiente. De esta manera, se pretende evitar búsquedas manuales y mejorar la coordinación entre los profesionales.
El Ministerio sostiene que esta herramienta permitirá a magistrados y letrados centrar su trabajo en el análisis jurídico de los asuntos, gestionar conjuntamente aquellos que presenten características similares y reducir el tiempo dedicado a la tramitación de cada recurso.
No obstante, Justicia subraya que la herramienta no sustituirá en ningún caso el criterio de magistrados o letrados. La inteligencia artificial, según precisa el departamento dirigido por Félix Bolaños, «no decide, no resuelve ni propone sentencias», sino que se limita a organizar la información y automatizar tareas repetitivas.
Para facilitar su utilización, el Ministerio ha impartido distintas sesiones de formación en el Tribunal Supremo. Las últimas tuvieron lugar el pasado mes de julio y estuvieron centradas en la creación de ‘prompts’, las instrucciones que se proporcionan a la IA. En ellas participaron más de un centenar de usuarios del alto tribunal.
El uso de la IA para «descongestionar» los tribunales
La puesta en marcha de esta herramienta se produce en un contexto de elevada carga de trabajo en la Sala de lo Civil del Supremo. Durante el primer semestre de este año registró 7.279 nuevos asuntos, de los que 6.881 correspondieron a recursos de casación.
El Ministerio recuerda que ya ha impulsado otras medidas destinadas a descongestionar los tribunales y agilizar la respuesta de la Justicia, tanto mediante mecanismos procesales como a través de herramientas tecnológicas.
Entre las medidas procesales menciona la obligatoriedad de buscar un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial civil o mercantil, así como el pleito testigo y la extensión de efectos, mecanismos que permiten resolver de forma rápida y uniforme procedimientos que plantean una misma cuestión jurídica.
En el ámbito tecnológico, el Supremo dispone ya de herramientas para textualizar grabaciones en tiempo real, anonimizar documentos, resumir información y traducirla a un lenguaje sencillo. También cuenta con un sistema de gestión procesal digital, visores de expedientes y sistemas de firma electrónica que permiten firmar providencias y autos desde el teléfono móvil.
Justicia sostiene que el conjunto de estas herramientas, desarrolladas por el Ministerio y utilizadas en tribunales de todo el país, ha permitido avanzar en la digitalización de la Administración de Justicia, un proceso que el departamento considera el motor de la transformación de la Justicia en las últimas décadas y que acompaña a un nuevo marco organizativo y a reformas procesales dirigidas a reducir los tiempos de respuesta del sistema.
