La Administración de Justicia en Ceuta ha ido recibiendo efectivos de forma escalonada desde que la entrada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos tensionó al límite sus juzgados.
Dos meses después, el balance oficial arroja dos jueces, tres fiscales y quince abogados de oficio adicionales, a los que se suman prolongaciones de jornada y otras medidas organizativas.
El refuerzo alcanza también a la estructura de apoyo. Según los datos facilitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se han incorporado tres funcionarios para el servicio de guardia, dos letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tres funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, otros tres de tramitación procesal y uno de gestión procesal.
Medicina legal ha sido uno de los frentes más exigidos. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha recibido un nuevo médico forense y dos funcionarios de tramitación, además de profesionales desplazados desde los institutos de Cáceres, Valladolid y Salamanca.
El 31 de julio se trasladó a la ciudad autónoma la coordinadora de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) del departamento que dirige Félix Bolaños.
Con esas incorporaciones, el equipo forense pasó de siete profesionales al inicio de la emergencia a diecinueve, casi el triple. Esa dotación, precisa el Ministerio, se ha ido reduciendo conforme se completaba el trabajo pendiente.
La alerta del CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial había detectado carencias en el turno de guardia de los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer.
A su juicio, la entrada masiva había afectado de manera «extraordinaria» a la justicia ceutí. En su diagnóstico, el órgano de gobierno de los jueces cifró en al menos 83 las personas fallecidas en el intento de cruzar a territorio español.
Los datos de la Comisión Permanente reflejan el volumen de asuntos de especial gravedad: los juzgados de Ceuta han abierto 37 diligencias previas por delitos de agresión sexual cometidos desde la entrada masiva.
Se trata de investigaciones en fase de instrucción, sin que conste por ahora el número de procedimientos que hayan avanzado hacia juicio oral.
Dos versiones sobre los plazos
El refuerzo llegó, pero el CGPJ reprochó que se produjeran «demoras» en su concreción. Por ello, instó al Ejecutivo a convocar la comisión mixta entre ambas instituciones para cerrar el texto del protocolo de medidas de refuerzo de los tribunales, con el fin de agilizar la respuesta en futuras emergencias.
El Ministerio sostiene una versión distinta. Fuentes del departamento han defendido que lo tenían «todo preparado» para aprobar los refuerzos, pero que la tramitación no podía comenzar hasta que el CGPJ los solicitara formalmente.
El propio Bolaños aseguró en el Senado que tardó entre «30» y «70» minutos en dar luz verde a la medida una vez recibida la petición.
La discrepancia apunta, en el fondo, a un problema de procedimiento: sin protocolo pactado, cada crisis obliga a reconstruir el circuito de solicitudes y autorizaciones entre el órgano de gobierno del Poder Judicial y el Ejecutivo.
La Audiencia Nacional se prepara
La presión no se limita a Ceuta. Esta misma semana, la Audiencia Nacional aprobó un refuerzo de su Sala de lo Contencioso-Administrativo ante el «previsible incremento» de solicitudes de protección internacional.
El acuerdo, ratificado por la Sala de Gobierno y remitido al Ministerio de Justicia y al CGPJ, prevé que los magistrados permanezcan de guardia de forma ininterrumpida durante, al menos, seis meses.
