El juicio por la muerte del soldado Carlos León Rico y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, fallecidos ahogados durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), ya tiene nuevas fechas después de que la vista prevista inicialmente para este mes de octubre fuera aplazada.
La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha señalado ahora 20 jornadas entre el 18 de mayo y el 24 de junio de 2027 para celebrar el juicio contra los cuatro mandos militares acusados en este procedimiento.
Así consta en una providencia dictada este lunes, 5 de octubre, después de que el tribunal pidiera previamente a todas las partes que comunicaran los señalamientos judiciales ya fijados que pudieran impedir su asistencia al juicio.
La decisión despeja así definitivamente una de las incógnitas que permanecían abiertas después de que, el pasado mes de septiembre, se acordara aplazar la vista inicialmente prevista entre el 26 de octubre y el 24 de noviembre de 2026 por la coincidencia con otros compromisos judiciales de los abogados personados.
Veinte sesiones entre mayo y junio
El nuevo calendario es amplio. El Tribunal Militar Central ha reservado los días 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de mayo, y 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 24 de junio.
Todas las sesiones comenzarán a las 9.30 horas y podrán prolongarse en horario de mañana y tarde si resulta necesario, según establece expresamente la resolución judicial.
El tribunal explica que, una vez recibidos y acreditados los señalamientos previos comunicados por las distintas partes, ha aplicado el criterio de prelación previsto en el artículo 188.1.6.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria, para configurar el nuevo calendario.
La providencia ha sido notificada, entre otros, a las representaciones procesales de las familias de los dos fallecidos, al Ministerio de Defensa, a la aseguradora Caser y a los cuatro militares que se sentarán en el banquillo.
Cuatro mandos militares en el banquillo
El procedimiento se dirige contra los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido, el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero.
Los hechos se remontan al 21 de diciembre de 2023, cuando Carlos León Rico y Miguel Ángel Jiménez Andújar participaban junto a otros militares de la Brigada Guzmán el Bueno X en un ejercicio de instrucción en el lago artificial de la base de Cerro Muriano.
Ambos murieron ahogados durante la actividad. La investigación abierta a partir de aquellas muertes terminó centrando las responsabilidades penales en los cuatro mandos que ahora serán juzgados.
El señalamiento supone que habrán transcurrido cerca de tres años y medio desde los hechos cuando se abra finalmente la vista oral.
Las acusaciones llegan al juicio con peticiones de hasta diez años de prisión
Las posiciones de las partes están claramente enfrentadas.
La Fiscalía Jurídico Militar limita su acusación penal a dos de los cuatro militares que se sentarán en el banquillo. Solicita ocho años de prisión para el capitán Ignacio Zúñiga Morillas y cinco años para Jaime Tato Garrido, a quienes atribuye dos delitos contra la eficacia en el servicio, previstos en el artículo 77.1 del Código Penal Militar en relación con el homicidio por imprudencia grave del artículo 142.1 del Código Penal.
Para el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo y el comandante Luis Fernando Velasco Quero, por el contrario, el Ministerio Fiscal interesa la absolución.
La Fiscalía sostiene que Zúñiga no informó adecuadamente a sus superiores de las condiciones concretas en las que iba a desarrollarse el ejercicio ni de que uno de sus objetivos era practicar la flotabilidad. Tampoco habría explicado por dónde ni de qué manera se efectuaría el denominado «paso de río». Según el Ministerio Público, el ejercicio terminó desarrollándose con un criterio personal e improvisado.
En materia de responsabilidad civil, reclama que Zúñiga y Tato indemnicen solidariamente a los familiares de los dos fallecidos con 422.174,40 euros, respondiendo subsidiariamente el Estado.
La familia de Carlos León pide diez años para los cuatro
La acusación particular que representa a los padres del soldado Carlos León Rico, ejercida por el abogado Luis Romero, va considerablemente más lejos.
Solicita diez años de prisión para cada uno de los cuatro acusados por dos delitos contra la eficacia del servicio, equivalentes a dos homicidios imprudentes. Considera autores al capitán Zúñiga y a Tato y atribuye al teniente coronel Zanfaño y al comandante Velasco la condición de cooperadores necesarios.
También reclama la expulsión de la carrera militar de los cuatro, el pago de las costas y alrededor de 500.000 euros de indemnización para la familia, con el Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario.
Nueve años y medio por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez
La acusación ejercida por la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar mantiene igualmente la responsabilidad de los cuatro mandos.
Su petición asciende a nueve años y seis meses de prisión para cada uno, además de 257.064 euros de indemnización para los padres y el hermano del cabo, con el Estado como responsable civil subsidiario.
Esta acusación sostiene que Zúñiga fue responsable del diseño, preparación, ejecución y dirección del ejercicio y que Tato participó activamente en las decisiones adoptadas.
Respecto de Zanfaño y Velasco, su tesis es distinta a la de la Fiscalía: considera que, aunque desconocieran algunos detalles concretos introducidos por sus subordinados, ello no los liberaba de su deber de supervisión y control. Les atribuye, por tanto, una omisión del deber objetivo de cuidado por limitarse a recibir y aprobar formalmente la planificación sin ejercer una vigilancia efectiva sobre una maniobra potencialmente peligrosa.
Las cuatro defensas piden la absolución
Frente a estas acusaciones, la posición de las defensas es común en lo esencial: los cuatro abogados defensores solicitan la absolución de sus respectivos clientes. Cada uno de los militares procesados cuenta con representación letrada propia.
De esta forma, el juicio enfrentará tres planteamientos muy diferentes: la Fiscalía concentra la responsabilidad penal en Zúñiga y Tato; las acusaciones particulares consideran que la responsabilidad alcanza también a los escalones superiores de la cadena de mando; y las cuatro defensas niegan la existencia de responsabilidad penal de sus patrocinados.
Ese será precisamente uno de los grandes debates que tendrá que resolver el Tribunal Militar Central durante las veinte sesiones señaladas entre el 18 de mayo y el 24 de junio de 2027.
Hay además una corrección importante respecto a la primera versión: la petición actual de Luis Romero es de 10 años para cada uno de los cuatro, no de 9 años y medio. La de 9 años y 6 meses corresponde a la acusación de la familia del cabo Miguel Ángel Jiménez.
