Pedro Sánchez ha apretado el botón electoral.
El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes, en una comparecencia solemne desde el Palacio de la Moncloa, que España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo domingo 29 de noviembre.
La legislatura se termina aquí.
Después de más de tres años sosteniendo una mayoría parlamentaria cada vez más difícil de recomponer, Sánchez ha decidido devolver la palabra a las urnas y convertir el final de la legislatura en una batalla política entre dos modelos de país.
«Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley», anunció.
La comparecencia ha sido formalmente institucional, pero políticamente tuvo mucho de primer mitin electoral.
Sánchez necesita otra mayoría
El presidente reconoció algo que hasta ahora había evitado formular de manera tan directa: con la mayoría parlamentaria actual no le basta.
«Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente», ha afirmado.
Sánchez ha reclamado una «mayoría mucho más amplia, progresista» que permita, según ha explicado, culminar las reformas pendientes, reducir la desigualdad, reforzar los servicios públicos y afrontar el problema de la vivienda.
La frase contiene la clave política de toda la convocatoria.
El presidente no ha presentado las elecciones como una retirada ni como el reconocimiento de que la legislatura haya fracasado.
Las ha presentado como una petición de refuerzos.
Su diagnóstico es que el Gobierno ha llegado hasta donde podía llegar con la aritmética parlamentaria existente y que necesita un nuevo mandato para continuar.
También ha admitido errores.
«Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto», ha reconocido.
Y ha señalado como grandes tareas pendientes la desigualdad, los servicios públicos y, especialmente, el acceso a la vivienda.
De balance de Gobierno a discurso de campaña
La primera mitad de la intervención ha estado dedicada a defender la gestión de los últimos tres años.
Sánchez ha reivindicado el crecimiento económico, la creación de empleo, el aumento del poder adquisitivo, la ampliación de las becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas a la dependencia y la extensión de la cartera de servicios sanitarios.
También ha destacado la ejecución de los fondos europeos Next Generation y el avance de las energías renovables.
El presidente ha elevado esa defensa hasta afirmar que España ha conseguido bajo su Gobierno «los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales» de la etapa democrática.
Y ha subrayado que no era, según dijo, «una exageración» ni «una opinión», sino «un dato contrastable».
Pero el discurso fue endureciéndose progresivamente.
Sánchez ha pasado del balance de gestión al señalamiento directo de sus adversarios.
Contra la oposición y contra las «élites»
El presidente ha acusado a la oposición de haber hecho todo lo posible para bloquear al Ejecutivo durante la legislatura.
Ha hablado de un Congreso «muy bronco» en el que, dijo, algunos confunden «pactar con traicionar y bloquear con vencer».
Y ha ido todavía más lejos.
Ha asegurado que su Gobierno ha tenido que enfrentarse a «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país».
También ha calificado a la actual oposición como «la peor» que, a su juicio, ha conocido la democracia española y la ha acusado de cuestionar incluso la legitimidad del sistema electoral.
El mensaje electoral quedaba así dibujado con claridad.
Sánchez quiere que los comicios no se lean únicamente como un examen a su gestión.
Quiere que se interpreten como una confrontación entre el Gobierno y quienes, según su discurso, han tratado de impedir su acción desde el Parlamento, desde las administraciones autonómicas y desde determinados centros de poder económico.
El 29 de noviembre, planteado como un plebiscito político
El tramo final despejó cualquier duda.
Sánchez convirtió las elecciones en una disyuntiva.
«Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país», afirmó.
A partir de ahí dibujó dos Españas posibles.
De un lado, la continuidad del proyecto progresista que dirige desde 2018.
Del otro, una alternativa que identificó abiertamente con una «coalición ultraderechista».
El presidente preguntó a los ciudadanos si quieren «sumarse a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna» o mantener a España como «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».
La formulación fue todavía más contundente unos segundos después.
Sánchez contrapuso un Gobierno que trabaje «por el interés de la mayoría social» con una coalición cuyo único objetivo, aseguró, sería «derogar y recortar los derechos y las libertades» construidos durante los últimos ocho años.
No fue, por tanto, una convocatoria electoral neutra.
Fue una declaración de combate.
«Vamos a volver a ganar»
Sánchez terminó como terminan los discursos de campaña.
No apelando a la estabilidad institucional, sino a la victoria.
«Vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar», proclamó antes de abandonar la sala.
Ese cierre resume mejor que ningún otro pasaje el sentido político de la comparecencia.
España votará el 29 de noviembre de 2026.
Pero Pedro Sánchez ya ha fijado el terreno sobre el que quiere disputar esas elecciones: no como una simple confrontación entre siglas, sino como una elección entre continuidad y ruptura, entre el bloque progresista y una mayoría alternativa situada a su derecha.
La campaña, aunque formalmente todavía no haya comenzado, ya está en marcha.
