La acusación popular unificada que lidera el Partido Popular ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que atribuya al PSOE la condición de persona jurídica investigada en el denominado caso Leire Díez.
La acusación considera que las diligencias practicadas hasta el momento «confirman» que el partido sufragó gastos de la presunta organización investigada por indicación del que fuera secretario de Organización socialista Santos Cerdán.
En concreto, solicita que el PSOE sea investigado por su posible responsabilidad en delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos, en relación con una presunta malversación de caudales públicos que la acusación atribuye indiciariamente a dirigentes de la formación.
La petición supone trasladar la investigación desde las personas físicas que ya figuran en la causa a la posible responsabilidad penal de la propia formación política como persona jurídica.
La tesis: medios del partido al servicio de la presunta trama
El escrito sitúa a Santos Cerdán en el centro de los hechos investigados.
Según sostiene la acusación popular, la supuesta organización, bajo su liderazgo, habría realizado ofrecimientos a funcionarios públicos con el propósito de influir en su actuación profesional y habría desarrollado iniciativas destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Entre esas actuaciones incluye las dirigidas contra el procedimiento que investigaba al hermano del presidente del Gobierno y otras causas consideradas perjudiciales para el partido.
También atribuye a la presunta trama intentos de influir sobre testigos relevantes, entre ellos Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.
La acusación sostiene igualmente que se trató de «desacreditar, neutralizar y condicionar» la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Todas estas afirmaciones forman parte de la argumentación que el PP somete ahora a la valoración del juez Pedraz.
Otro de los elementos en los que la acusación fundamenta su petición son los pagos efectuados al medio de comunicación «Crónica Libre».
Según el escrito, existen indicios de que se abonaron aproximadamente 20.000 euros a este medio, cantidad que la acusación sostiene que habría sido satisfecha con cargo a subvenciones electorales públicas percibidas por el partido.
El PP vincula estos pagos con Leire Díez y sostiene que Santos Cerdán habría puesto a disposición de la presunta organización investigada «todos los medios operativos y financieros del partido».
La acusación afirma también que se celebraron numerosas reuniones en la sede socialista de Ferraz, que se sufragaron gastos logísticos y que se habría abonado un sueldo a Leire Díez a través de sociedades interpuestas.
Las acusaciones del PP dentro de la organización socialista
El escrito implica también a Ana María Fuentes, gerente federal del PSOE y responsable de la oficina de cumplimiento normativo del partido en el momento de los hechos.
Según la tesis de la acusación, Fuentes habría colaborado con Cerdán y se habría encargado de elaborar supuestas hojas de encargo con terceros destinadas, sostiene el PP, a encubrir pagos realizados a Leire Díez.
Sobre esa base, la acusación popular considera que los hechos investigados no pueden circunscribirse únicamente a actuaciones personales de los investigados.
Su argumento es que habrían intervenido personas que desempeñaban responsabilidades de primer nivel dentro de la estructura del partido y que habrían utilizado medios pertenecientes a la propia formación.
De ahí que reclame que la investigación alcance al PSOE como persona jurídica.
La petición incorpora además otro argumento relacionado directamente con la eventual responsabilidad de la formación: la supuesta inexistencia de mecanismos internos adecuados para impedir la comisión de delitos.
La acusación sostiene que, en el momento de los hechos, el PSOE no contaba con medidas de control y vigilancia aptas para prevenir posibles delitos relacionados con la aprobación y pago de gastos, la utilización de instalaciones por terceros y la contratación de proveedores.
Según el escrito, estas decisiones dependían de la alta dirección del partido sin que existiera un órgano que fiscalizara suficientemente esas actuaciones.
Sobre esta base, el PP considera que Cerdán y Fuentes son investigados por delitos capaces de generar también responsabilidad penal para la persona jurídica.
La acusación sostiene que ambos habrían actuado precisamente en el ejercicio de sus responsabilidades como secretario de Organización y gerente federal, respectivamente.
El caso Leire Díez, «incompleto» sin la investigación al PSOE
Para la acusación popular, el papel que atribuye a Cerdán resulta especialmente significativo porque considera que, dada su posición dentro del partido, tenía capacidad para poner a disposición de la presunta organización medios económicos, materiales y logísticos de la formación.
A partir de todos estos elementos, el PP defiende que la investigación no estaría completa si no se examinara también la eventual responsabilidad penal del PSOE.
La acusación sostiene que los hechos presuntamente delictivos no solo habrían perseguido proteger intereses del partido, sino que habrían sido promovidos o coordinados por personas situadas en puestos de elevada responsabilidad dentro de su estructura.
Por ello, solicita formalmente al juez Santiago Pedraz que otorgue al PSOE la condición de persona jurídica investigada, que requiera al partido para que designe un representante en el procedimiento y que acuerde posteriormente su declaración como investigado a través de dicho representante.
Corresponde ahora al magistrado decidir si acepta la petición planteada por la acusación popular. Hasta que lo haga, el PSOE no ha sido citado como investigado por esta solicitud: lo que existe es la petición de la acusación para que Pedraz acuerde esa condición procesal.
