La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado mes de julio, ha requerido a la Ciudad Autónoma que aporte la relación de llamadas realizadas por su presidente, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete entre los días 27 y 30 de julio de 2026.
La decisión llega después de que Vivas declarara como testigo ante la magistrada el pasado 30 de septiembre y afirmara que trató de advertir a Presidencia del Gobierno de la magnitud de la crisis migratoria que se estaba gestando en la frontera con Marruecos.
En la resolución, la instructora requiere a la Ciudad Autónoma para que aporte esa información «a la mayor urgencia» a través de su representación procesal.
La diligencia busca incorporar al procedimiento un elemento objetivo con el que contrastar las comunicaciones que, según Vivas, se produjeron o intentaron producirse durante los días inmediatamente anteriores a la entrada masiva.
El intento del Gobierno de Vivas de contactar con la Moncloa
Durante su declaración ante la Audiencia Nacional, Vivas sostuvo que en los días previos al 30 de julio trató de alertar a Presidencia y a distintos ministerios sobre el empeoramiento de la situación en Ceuta.
Según su versión, intentó hablar directamente con Pedro Sánchez en varias ocasiones, aunque no logró hacerlo hasta el día 30.
El presidente ceutí relató además contactos con el jefe de gabinete de Sánchez, Diego Rubio, y con miembros del Gobierno para trasladar la necesidad de adoptar medidas ante el aumento de la presión migratoria.
La cronología aportada por Vivas sitúa una primera comunicación entre los gabinetes a las 8.39 horas del 27 de julio, con una duración de seis minutos, durante la que, según su relato, se habría advertido ya del agravamiento de la situación.
La versión del Gobierno nacional
La versión del Gobierno central difiere de la expuesta por Vivas ante la jueza.
Fuentes de La Moncloa han negado que el presidente ceutí intentara hablar diez veces con Sánchez y sostienen que solo consta una petición directa para mantener una conversación con el jefe del Ejecutivo, realizada el 30 de julio, y que fue atendida ese mismo día.
Tras la declaración de Vivas, el Gobierno difundió además su propio registro de comunicaciones entre ambos gabinetes.
Según esa relación, entre los días 27 y 30 de julio se produjeron nueve llamadas entre La Moncloa y el gabinete del presidente de Ceuta, que, de acuerdo con la versión del Ejecutivo, fueron atendidas en el momento o poco después.
El Gobierno sostiene, por tanto, que los supuestos intentos fallidos de contactar con Presidencia no se corresponden con sus registros.
La jueza Tardón analizará los dos relatos contradictorios
La incorporación del registro de llamadas permitirá a la jueza disponer de una fuente documental para contrastar ambas versiones dentro de la instrucción.
La causa que dirige Tardón analiza las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes y, entre otras cuestiones, qué información estaba disponible en los días previos y cómo se trasladaron las alertas a las distintas administraciones.
En su declaración, Vivas aseguró que había tratado de advertir al Gobierno central de la dimensión que podía alcanzar la crisis antes del 30 de julio.
La investigación ha incorporado también declaraciones y documentación relativas a avisos previos sobre la presión migratoria y a la actuación de distintos organismos y autoridades durante aquellos días.
Con el nuevo requerimiento, la magistrada busca ahora comprobar documentalmente las llamadas a las que hizo referencia el presidente ceutí durante su declaración y determinar qué comunicaciones se produjeron efectivamente entre Ceuta y Presidencia del Gobierno antes de la entrada masiva.
