El Tribunal de Instancia de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, plaza nº2, ha reconocido el derecho de un paciente de la clínica dental Ortodent a ser indemnizado, después de sufrir un caso grave de mala praxis bucodental en dicha clínica, que se encuentra en rebeldía procesal.
Acudir al dentista es un proceso que, para muchos, supone un verdadero calvario. Algo que, para V.G., se convertía en una auténtica pesadilla que ha acabado en los tribunales.
Así, todo comenzaba en julio de 2019, cuando el hombre acudía a la clínica Ortodent en El Puerto de Santa María para una valoración de su salud bucodental.
Visita en la que, finalmente, le diagnosticaban «piorrea», indicándole que tendrían que extraerle sus piezas dentales, colocarle ocho implantes, y realizarle prótesis provisionales y definitivas.
Todo ello, con un presupuesto cerrado de 5.990 euros, financiado en su totalidad. Precio que el hombre, confiado, aceptó.
Así pues, la doctora Y.A. procedía a hacerle la extracción de los dientes al paciente, provocándole infecciones y dolores severos.
Un dolor que se intensificaba con la colocación de los implantes que, tal y como lamentaba V.G. ante los tribunales, representado por el abogado José Luis Ortiz, se colocaron «sin patrón ni planificación previa». Algo que, junto a la infección presente en la boca del paciente, llegó incluso a provocar la caída de un implante.
Situación que no mejoraba con la entrega de las prótesis provisionales, completamente inservibles, con bordes afilados, que le provocaban una perforación en el paladar.
Algo ante lo que la clínica le exigía al paciente 160 euros más para el «reajuste» del aparato.
Errores continuos en el tratamiento ante los que V.G. se encontraba con una «sorpresa final». Y es que, durante el estado de alarma por la pandemia del Covid-19, la clínica Ortodent cerraba de forma repentina, sin avisar a los pacientes, ni garantizar la finalización del tratamiento de forma alguna.
«Abandono» ante el que el paciente tuvo que acudir a una segunda clínica donde, finalmente, consiguió solventar sus problemas bucodentales, abonando casi 5.000 euros adicionales a los abonados a la primera clínica.
Algo que V.G., representado por el abogado José Luis Ortiz, llevaba ante los tribunales.
Ortodent, condenada a indemnizar a su paciente «abandonado»
Un caso que llegaba al Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, y ante la jueza sustituta Bernarda Beltrán Blázquez.
Magistrada que, en su sentencia 182/2026, estimaba parcialmente las pretensiones del paciente frente a la clínica Ortodent, la propietaria de la misma, y la odontóloga Y.A.
Un fallo en el que la jueza desestimaba las pretensiones de los codemandados. Ello, negando que la acción hubiese prescrito, dado que el alta médica la recibió el trabajador en febrero de 2022, presentando la demanda en mayo de ese mismo año. Y, del mismo modo, confirmando que el paciente contaba con «legitimación activa», al ser perjudicado directo en su salud.
El tribunal valoraba, en este aso, las dos periciales contradictorias presentadas, constatándose en ellas una clara infracción de la «lex artis ad hoc».
En concreto, la jueza valoró que hubo omisión de pruebas diagnósticas fundamentales, así como ausencia de documentos de consentimiento individualizado, faltas de planificación, retrasos injustificados, etc.
Valoración que lleva al tribunal a condenar solidariamente a la clínica, su propietaria y la odontóloga, a abonar al paciente un total de 56.327 euros, más los intereses legales correspondientes.
Una cifra que se desglosa en los 5.990 euros abonados en el tratamiento, 24.454 euros por el perjuicio personal básico, 21.556 euros por secuelas, y 4.330 euros por perjuicio estético ligero.
