La contratación pública en España no carece de controles. Los tiene, y muchos, pero miran al sitio equivocado.
Esa fue la tesis que se impuso, con discrepancias de fondo, en la última sesión del ciclo “Jueves Derecho” de CUNEF Universidad, dedicada a una pregunta incómoda: si los mecanismos actuales garantizan a la vez la integridad y la mejor relación calidad-precio cuando las Administraciones compran bienes y servicios.
En la mesa tomaron parte Raquel Reyes Martínez, magistrada de lo contencioso-administrativo y letrada del gabinete técnico del Tribunal Supremo; Paula García Arango, directora de Compliance y Gobierno Corporativo del Grupo ACS, y Diego Pérez Martínez, abogado del Estado y director de la Dirección Jurídico Institucional de la AIReF.
Moderó Andrés Betancor, director del Departamento de Derecho de CUNEF.
Una sola oferta en un tercio de los concursos
El tamaño del asunto se fijó al principio. Según las cifras manejadas en la sesión, la contratación pública mueve entre el 10 y el 15 % del PIB anual.
Betancor puso después sobre la mesa los datos que atribuyó al informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de 2026.
Un 40 % de las empresas españolas que han licitado cree haber perdido un contrato por corrupción; la media europea es del 30 %. Y el 34 % de las licitaciones españolas de 2025 recibió una única oferta, frente al 27 % en Europa.
Para los ponentes, ambas cifras dicen lo mismo por caminos distintos: desconfianza y menos competencia. Con un coste directo sobre la eficacia del gasto.
Ineficiencia o irregularidad: el desacuerdo
La primera pregunta dividió a la mesa. ¿Qué perjudica más al interés público?
Diego Pérez, desde su posición de gestor y controlador, eligió la ineficiencia. Un expediente jurídicamente impecable, explicó, puede salir caro si se compra algo innecesario o nadie vigila después la ejecución del contrato.
Legalidad y eficiencia, dijo, “no son cosas contrapuestas”. Advirtió además de un efecto perverso: el miedo a equivocarse vuelve a la Administración reactiva y lenta.
Paula García Arango respondió desde el lado del licitador. Para ella, lo más grave es la irregularidad, porque destruye la confianza y la competencia y puede dejar fuera precisamente a la empresa más solvente.
Raquel Reyes se alineó con esa posición por el coste reputacional que arrastra, aunque matizó que en la práctica ambos males suelen ir juntos.
Sobre los controles, Pérez sostuvo que el fallo está en su calidad y su foco.
Los riesgos se concentran en dos momentos: la preparación del contrato, donde aparecen los fraccionamientos y las adjudicaciones directas, y la ejecución, donde el incumplimiento de lo ofertado puede pasar inadvertido.
García Arango defendió que las empresas cuenten con sistemas propios de gestión de riesgos no financieros, incluidos los de prevención penal y antisoborno, y que los acrediten ante la Administración sin trasladarle esa carga.
Reyes, desde la perspectiva del juez, pidió reforzar el control previo: el jurisdiccional llega cuando el perjuicio ya está hecho. También reclamó que las mesas de contratación motiven mejor sus decisiones cuando aplican criterios no económicos.
Publicarlo todo, también los contratos menores
Las propuestas tuvieron un eje común: transparencia. Reyes planteó publicar en el portal de contratación todas las adjudicaciones, contratos menores incluidos, con su motivación, y también las modificaciones contractuales. Un coste reducido, a su juicio, que podría rebajar la litigiosidad.
García Arango fue más allá: que la Administración, como regla general, no contrate con empresas incapaces de acreditar un modelo real de prevención penal y antisoborno.
Citó las normas UNE 19601 y UNE-ISO 37001, ya implantadas en compañías como ACS, y apuntó que la IA generativa puede abaratar su adopción, también para las pymes.
Pérez y Reyes coincidieron en profesionalizar a los gestores públicos, sobre todo en las pequeñas entidades locales, y en disponer de pliegos normalizados. Pérez añadió una idea de evaluador: medir si el contrato cumplió su finalidad y si su coste se justificó por los resultados, no solo si el expediente es formalmente correcto.
La mesa repasó también la jurisprudencia reciente del Supremo sobre la prohibición de contratar y la propuesta de reglamento europeo de contratación pública, que Betancor reservó para una próxima sesión. Y el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que, según se expuso, decaerá con la convocatoria electoral.
En el cierre, Pérez pidió no desconfiar de una herramienta de la que dependen servicios que la ciudadanía usa a diario. García Arango insistió en que la prevención sea efectiva y no de papel. Reyes recordó que la confianza ciudadana es “muy difícil de conseguir y muy fácil de romper”. Con un 34 % de concursos a oferta única, la pregunta es cuánta queda.
