Hay una escena que se repite en mi vida profesional. Abro el diario de sucesos y leo que durante la noche han matado a alguien en mi ciudad. Pienso en la víctima y en su familia, como cualquiera. Y al día siguiente el expediente está en mi mesa, y descubro que el sospechoso, mi defendido, es un menor.
En ese momento mi trabajo deja de ser puramente técnico. Me siento frente a alguien que apenas ha dejado de ser un niño, que me mira esperando una respuesta que yo no tengo, y sé que a partir de ahora tendré que ayudarle a entender qué ha hecho y a afrontar lo que viene, sin perder de vista que hay otra persona que ya no está.
Llevo quince años como penalista, casi todos en la jurisdicción de menores, y esa coincidencia entre la noticia y mi trabajo me obliga a hacerme una pregunta incómoda: ¿qué está pasando?
La Fiscalía General del Estado ha vuelto a encender las alarmas. Los delitos sexuales cometidos por menores han crecido un 35,8%. Las causas por violencia de género protagonizadas por adolescentes han subido un 15,2%, hasta los 1.023 procedimientos, la cifra más alta en cinco años. Proliferan además las bandas juveniles con armas blancas, un fenómeno que ya no es solo de las grandes ciudades. Los homicidios y asesinatos descienden un 16,7%, y conviene decirlo, pero ese dato no me tranquiliza. Cuando un chico de diecisiete años mata a otro, la estadística pasa a segundo plano.
Lo que dicen los padres
Si hay algo que no recoge ninguna memoria de la Fiscalía son las frases que oigo en la primera entrevista con una familia. Casi siempre llegan aterrados, y casi siempre dicen lo mismo.
«Pero si es solo un niño.» Lo dicen con una mezcla de ternura y negación, y es verdad que lo es, pero también lo es que hay una víctima y una familia que ya no tiene a nadie. Aceptar ambas cosas a la vez es el primer trabajo que hago con ellos, y el más difícil.
«No sabemos qué hace.» Es quizá la frase que más me preocupa, porque no es una excusa: es la verdad. Hay padres que no saben con quién va su hijo, qué ve en el móvil ni qué lleva en la mochila. Y cuando el sistema los encuentra, ya es tarde. No hablo de padres desinteresados, sino de familias desbordadas, que confiaban en que lo importante ocurría en casa o en el instituto, y no en una pantalla o en una esquina.
«Como es un centro de menores…» Dicho con un alivio que me duele desmontar. Piensan que internamiento significa algo parecido a un colegio con normas. No lo es, y menos aún lo que ocurre cuando el menor cumple dieciocho años. Más adelante lo explico.
Los mismos parámetros que en los grandes casos
Los casos de gran notoriedad, como el de Dani Alves, ocupan portadas durante semanas y marcan el debate público sobre el consentimiento y el valor del testimonio de la víctima. Lo que casi nadie cuenta es que esos mismos parámetros se reproducen, uno a uno, en los juzgados de menores. Las mismas preguntas, las mismas dudas, las mismas pruebas. La diferencia es que quien se sienta en el banquillo tiene quince o dieciséis años y, con frecuencia, nadie le ha explicado nunca dónde acaba el consentimiento. Cuando se lo pregunto a los chicos, muchos responden con seguridad, y casi siempre se equivocan.
Lo que hay detrás de las cifras
La Fiscalía señala el acceso temprano a pornografía violenta como «fuente de inspiración» de conductas que los adolescentes trasladan después a sus relaciones, y más de la mitad de los varones adolescentes la consume de forma habitual. Yo lo veo en la práctica: chicos que llegan a su primera relación con un guion aprendido en una pantalla.
A eso se suma la llamada «manosfera», que ofrece a chicos desorientados un relato de agravio con una eficacia que las instituciones no hemos sabido igualar. Las chicas han tenido referentes y una red para nombrar la violencia. Los chicos han recibido talleres que viven como un reproche, sin un espacio donde hablar de sus presiones y su afectividad. Ese vacío no se queda vacío: lo ocupa quien comunica mejor.
Y está la violencia con armas blancas. Los fiscales llevan años hablando de banalización de la violencia, y es lo que veo: chicos que llevan una navaja «por si acaso», que la exhiben en un vídeo o en un grupo, que entran en una banda como quien entra en un equipo. La diferencia entre una pelea que acaba en sanción y una que acaba en muerte puede ser de unos centímetros.
Un sistema pensado para reeducar
La ley de responsabilidad penal de los menores parte de una idea sencilla: ante un menor que delinque, la respuesta debe ser educativa y no solo castigar. Por eso no impone penas, sino medidas, que van desde una amonestación hasta el internamiento en régimen cerrado, que en los casos más graves puede llegar a ocho años. Por debajo de los 14 años no hay responsabilidad penal, pero tampoco impunidad: actúa el sistema de protección de menores.
Pero hay un precepto, el artículo 14, que casi ninguna familia conoce hasta que lo necesita. Si un joven cumple dieciocho años durante un internamiento cerrado, el juez puede decidir que siga cumpliéndolo en una prisión de adultos si su evolución no responde a lo esperado, y a los veintiuno esa posibilidad se convierte casi en la norma, salvo que el juez opte por otra solución. Es decir, una medida pensada para educar puede acabar cumpliéndose entre adultos. Es lo que más me cuesta explicar a una madre que me ha dicho «como es un centro de menores».
Qué podemos hacer
Creo que la justicia juvenil española es, sobre el papel, razonable. Su debilidad es cuándo actúa. Cuando un menor llega a mi despacho, el daño ya está hecho, para la víctima y para él. Pero los profesionales del derecho tenemos más margen del que pensamos.
- Defender también educando. Un buen abogado de menores no busca solo la medida más leve, sino la que haga que ese chico no vuelva a hacerlo.
- Usar la reparación. La conciliación y la reparación con la víctima, cuando proceden, pueden ser una experiencia educativa real para el menor.
- Hablar claro con las familias. Explicarles qué les espera y evitar la negación o la minimización, que tanto daño hacen.
- Salir del juzgado. Ir a institutos y colegios a explicar, con un lenguaje que entiendan, dónde acaba el consentimiento y qué cambia en la vida de alguien cuando usa un arma.
- Exigir recursos. Programas de tratamiento, centros especializados y formación para jueces, fiscales y abogados.
Detrás de cada delito grave de un adolescente hay antes muchas oportunidades perdidas: en casa, en el colegio, en la red. Nuestra obligación es que, al menos, la oportunidad que ofrece el juzgado no se pierda también.
La respuesta no puede ser solo penal. Necesitamos educación afectivo-sexual, alfabetización digital que enseñe a mirar con ojo crítico la pornografía y los discursos radicales, y familias implicadas. Los folletos y las charlas no compiten con las plataformas de vídeo corto.
Cada cifra de la Fiscalía es una víctima y, con frecuencia, un joven al que el sistema no supo llegar a tiempo. Después de quince años, esa doble realidad es lo que más me pesa y lo que me empuja a seguir.
