Un trabajador despedido no puede esperar. Necesita saber si su despido fue procedente, si cobrará la indemnización, si volverá a su puesto. En Madrid, esa respuesta tarda. Y tarda tanto que la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), de orientación progresista, ha decidido salir a la calle.
La cita es el miércoles 21 de octubre, de 12:45 a 15:00 horas, en la Plaza de los Cubos, a las puertas de la Sección de lo Social de los Tribunales de Instancia de Madrid.
El lugar no es casual: allí tiene su sede la Sección de lo Social de los Tribunales de Instancia de la capital, el órgano sobre el que la asociación pone el foco de su protesta.
La iniciativa parte de la Comisión Laboral de ALA y se celebrará bajo el lema «Justicia Social efectiva y sin dilaciones. Más efectivos en los Tribunales de lo Social».
Según el comunicado difundido por la asociación, el objetivo es denunciar los «importantes retrasos» que sufre la jurisdicción social madrileña, que ALA atribuye a cuatro factores: los prolongados tiempos de tramitación, la demora en los señalamientos, la existencia de vacantes y la insuficiencia de los mecanismos de sustitución y refuerzo.
El comunicado no aporta cifras propias sobre tiempos de espera ni sobre el número de plazas sin cubrir.
La nueva planta judicial, en el centro
La convocatoria llega en pleno despliegue de los Tribunales de Instancia, el modelo que sustituye a los antiguos juzgados unipersonales por órganos colegiados organizados en secciones.
ALA no cuestiona el cambio de modelo en sí, sino su financiación. En su opinión, la nueva organización judicial debe ir acompañada de una dotación «suficiente y estable» de medios personales y materiales que permita asumir la carga de trabajo y responder «en plazos razonables».
En el reparto de responsabilidades que sugiere la protesta intervienen varias instancias. La creación de plazas judiciales corresponde al Ministerio de Justicia; las medidas de refuerzo y el régimen de sustituciones dependen en buena medida del Consejo General del Poder Judicial; y los medios materiales y el personal al servicio de la Administración de Justicia en Madrid son competencia de la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas estas funciones.
El comunicado de ALA se dirige de forma genérica a «las administraciones e instituciones competentes», sin señalar a ninguna en concreto.
Más allá de la abogacía
La asociación insiste en que el problema no afecta solo a los profesionales. «Los retrasos judiciales no son únicamente un problema de la abogacía», sostiene el texto, que recuerda que detrás de cada procedimiento pendiente hay personas que esperan una resolución sobre su despido, el cobro de salarios, el reconocimiento de una incapacidad o una prestación de la Seguridad Social.
Para ALA, en el orden social las dilaciones tienen consecuencias especialmente graves para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. «Una justicia que llega tarde puede dejar sin efectividad los derechos que está llamada a proteger», afirma la asociación.
El argumento jurídico de fondo es el artículo 24 de la Constitución. ALA recuerda que la tutela judicial efectiva no se agota en el acceso a los tribunales, sino que exige obtener una respuesta en un plazo razonable. El propio artículo 24.2 reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Propuestas sobre la mesa
La asociación explica que trabaja en varias propuestas para mejorar el funcionamiento de esta jurisdicción. Entre ellas cita la cobertura de vacantes, la creación y dotación adecuada de nuevos órganos, la reducción de los tiempos de señalamiento, la revisión del sistema de módulos y refuerzos y la implantación de indicadores públicos que permitan conocer las cargas reales de trabajo y los tiempos de demora.
Esta última medida apunta a una carencia que la abogacía laboralista denuncia con frecuencia: los módulos de entrada que fija el CGPJ no siempre reflejan la complejidad real de los asuntos, y los datos de pendencia por órgano no son fáciles de consultar con detalle.
La concentración está abierta a profesionales de la abogacía, organizaciones sindicales, colectivos sociales y a cualquier persona que comparta la reivindicación. ALA no ha detallado si alguna organización sindical se ha adherido formalmente a la convocatoria.
