Son ya cincuenta años de democracia en España, y la experiencia de esos años nos enseña que los gobiernos de las diferentes administraciones en manos de un mismo partido durante un elevado número de años son más proclives a la corrupción, sin duda por crearse en sus dirigentes cierta sensación de impunidad. Y esto es trasladable también a otros países.
La alternancia política, tras la renovación del poder como resultado de unas elecciones libres, permite una renovación de las ideas, de los programas, el surgimiento de nuevos lideres, ese aire fresco en la política que siempre es garantía de responsabilidad y vocación de servicio a la ciudadanía, tan necesaria en la gestión pública.
Y sería deseable que se salvaguardara la limpieza del proceso electoral que iniciamos en estos días, que no se vea manchado con interferencias que pongan en riesgo la necesaria libertad con que debe producirse aquel, a lo que no contribuye en modo alguno el hecho de que UGT y CCOO, precisamente ahora.
Lo cual revela sus verdaderas intenciones, hayan anunciado una huelga general, con un claro carácter político, en fechas próximas a la campaña electoral, habiendo llegado a afirmar la coordinadora estratégica de la campaña del PSOE, María Jesús Montero, que la huelga se convoca contra la oposición, algo realmente deplorable e inaudito, o como dijo mi compañero Ricardo Rodríguez en este mismo medio, con el ingenio que le caracteriza, sostener que, habiendo estado gobernando el actual presidente del gobierno durante ocho años, la culpa de muchos problemas, como el del acceso a la vivienda, es de la oposición, es como «el mundo al revés».
En fin, lo anterior revela las malas artes con las que pretende participar en estas elecciones aquel partido, sirviéndose de los sindicatos –a los que ha incrementado significativamente las subvenciones en los últimos años– en contra de la oposición, así como atemorizando a la ciudadanía con los muchos males que sufriría en el caso de votar a la oposición, cuando resulta que esos males son los que se han venido sufriendo los últimos años, entre ellos el del acceso a la vivienda, siendo el PSOE quien preside el gobierno desde 2018.
Desde luego, tampoco ayuda al buen clima – de enfrentamiento, pero de mutuo respeto – que ha de presidir el proceso electoral, el hecho de que el presidente del gobierno, al anunciar la celebración de elecciones generales, diera un mitin electoral a las puertas de la presidencia del gobierno, criticando además a la oposición, comenzando así la campaña electoral y contrariando de este modo las reglas que deben presidir este proceso.
Habrá que esperar a ver cómo queda la cuestión del censo electoral, cuya elaboración y actualización, con la relación de ciudadanos con derecho de sufragio que puedan participar en cada circunscripción electoral, sin trampas, tendrá una importancia extraordinaria.
Con toda razón, el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, del 10 de septiembre pasado, recordaba que el derecho de sufragio “constituye uno de los pilares esenciales del sistema democrático y la correcta formación y actualización de los censos electorales reviste una singular relevancia constitucional”, de ahí la justificación de las medidas cautelares adoptadas en dicho auto, para garantizar así la legalidad del censo electoral respecto a los nuevos nacionales que han accedido a la nacionalidad española por una de las vías previstas en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática («ley de nietos»).
Dudas sobre a quién votar
Muchos amigos me han trasladado su preocupación por estas próximas elecciones, en el sentido de no saber a quién votar, pues no estando conformes con el partido que actualmente sustenta el gobierno, el PSOE, tampoco les convence ninguno de los otros partidos, ante cuya disyuntiva parecen resignarse y seguir votando al PSOE, muy próximo, por cierto, a ser el primer partido político en España imputado por graves delitos de corrupción.
Mi opinión es que tal decisión sería un craso error, y así lo vengo comentando en las tertulias mantenidas, porque lo prioritario en estos momentos, en los que el gobierno actual ha llevado al país al borde de un Estado fallido, es que haya una alternancia política, con dirigentesque tengan valores morales y principios éticos, dignidad y coherencia democrática.
El cambio político es absolutamente urgente e imprescindible, para salvaguardar así la democracia, tan debilitada últimamente por las actitudes y decisiones políticas de quienes desde hace ocho años gobiernan este país.
Un cambio que nos ofrezca fundadas esperanzas de recuperar los valores, principios y garantías del Estado democrático de Derecho, hoy gravemente afectados por el permanente desprecio por la separación de poderes, con situaciones de palmaria intromisión del Ejecutivo tanto en el Legislativo – priorizando la elaboración de decretos leyes – como en el Judicial– cuestionando permanentemente aquellas decisiones que no favorecen a las pretensiones del gobierno, además de los numerosos asuntos de relevancia penal que se han cometido, o que presuntamente se han cometido, en el contexto del partido socialista y varios de sus dirigentes, relacionados con la corrupción y con delitos de otra naturaleza, que afectan a personas pertenecientes al partido o próximas a él, todo ello unido a la deficiente gestión pública, con graves accidentes ferroviarios, como el descarrilamiento de Adamuz, con numerosos fallecidos y personas lesionadas, la mala gestión en el caso de la dana sufrida en Valencia, con cientos de víctimas mortales, como también en los gravísimos incendios ocurridos este año en la Comunidad de Madrid, y un largo etcétera.
Sin olvidar leyes mal elaboradas, como el caso de la polémica ley del «solo sí es sí», con notables deficiencias técnicas, hasta el punto de que trajo como consecuencia rebajas de pena a agresores sexuales, e incluso excarcelaciones.
O leyes aprobadas que han tenido como única pretensión la resolución ad casum, esto es, de casos resueltos por los tribunales en contra de las pretensiones del ejecutivo, como se hiciera con la reforma del delito de malversación, a través de la LO 14/2022, invadiendo así la “reserva de jurisdicción” contemplada en el artículo 117.3 CE, en virtud del cual “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en toda clase de procesos corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales”, y ello por exigencias de los partidos independentistas catalanes para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, neutralizando ciertas decisiones judiciales a través de este mecanismo de cambio legislativo ad casum, altamente rechazable.
Como también merece el mayor de los reproches la ley de amnistía, de muy dudosa constitucionalidad, a pesar de haberse afirmado esta por el Tribunal Constitucional.
Un TC politizado
Además, el TC, tan excesivamente politizado en la actualidad, no ha tenido escrúpulos, a través de la mayoría favorable al gobierno, para invadir la competencia que la Constitución le atribuye al Tribunal Supremo como órgano supremo en cuanto a la legalidad ordinaria, diciéndole a este cómo debía interpretar la ley de amnistía y ordenando que se concediera esta a los dirigentes independentistas del procés, para que así el gobierno pudiera pagar al independentismo la deuda pendiente, la que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, en contra del partido que había ganado las elecciones generales.
Por último, entre otras perlas que ahora puedo recordar, el caos de organización causado por la reforma que introdujo el nuevo modelo de los tribunales de instancia, debido principalmente a la improvisación y celeridad que se le quiso dar al nuevo modelo, que sin duda hubiera requerido más debates, mayor prudencia, y más tiempo para su implementación, contando siempre con los profesionales de la Justicia.
Y algo tan grave como la presunta trama que habría tenido como objetivo neutralizar las causas judiciales, no pocas, que se siguen contra personas del entorno del PSOE y del presidente, o los presuntos contactos de las llamadas «cloacas del PSOE» con los narcos de Badajoz, con los que se habría pretendido «eliminar» a la magistrada del caso del hermano de Pedro Sánchez.
No debe olvidarse tampoco la condena en sentencia firme del Fiscal General del Estado, por un delito grave – delito de revelación de datos reservados –, no obstante lo cual el mismo sigue prestando servicios como fiscal en el Tribunal Supremo, algo incomprensible para muchos ciudadanos, barajándose ahora incluso la posibilidad de un indulto, con clara intromisión del ejecutivo en la labor judicial.
En fin, las abundantes mentiras y promesas incumplidas desde el ejecutivo a la ciudadanía, muchas de ellas hechas en la anterior campaña electoral, la deficiente gestión pública en las relaciones internacionales, en el conflicto de Ceuta, con las sospechas de connivencia con Marruecos, desconociéndose los motivos de ello, la mala gestión del tema de la vivienda, que ahora se pretende resolver con dos decretos leyes, muy cuestionados y con graves deficiencias, fruto, sin duda, de la oportunidad política, luego de la improvisación, y que además hace unos pocos días ya fueron rechazados por el Congreso, lo que sugiere un posible fraude al pretenderse ahora su aprobación por la Comisión Permanente, deben llevar a una profunda reflexión sobre el sentido del voto el próximo día 29 de noviembre, pues, ciertamente, en buena medida, el Estado democrático de Derecho está en juego.
El PSOE, como ya se ha denunciado por destacados socialistas, no obstante marginados por el propio aparato, simplemente por disentir, no es ya la socialdemocracia que le caracterizó durante tantos años, que tanto bien ha proporcionado a nuestro país, y que tanto se echa de menos, estando desde hace años extremadamente escorado a la izquierda y vendido al independentismo catalán.
Es lamentable que este partido, tan importante para la estabilidad política de España, no aproveche la oportunidad que brindan las presentes elecciones para presentar un candidato o candidata diferente, alejándose de esos otros partidos de la extrema izquierda e independentistas, de los que ha sido rehén en las últimas legislaturas, con tanto daño para los intereses generales, postulando nuevos equipos y expertos profesionales, alejados del sectarismo y del llamado “sanchismo”, para liderar políticas públicas acordes con los principios que son la esencia del partido, como la libertad, la igualdad, la justicia social, y un progresismo que permita una sociedad más justa y equitativa, sin la corrupción que hoy la domina, y con el respeto de los principios de toda democracia, como la soberanía popular, violada en Ceuta ante la indiferencia del gobierno, la separación de poderes, permanentemente violada por el gobierno actual, y la eficaz protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
A la vista de este panorama, muy desolador, a mis amigos les insisto, sin sugerir partido alguno al que votar, pues no es mi intención influir en modo alguno en la intención de voto, en la necesidad imperiosa en estos momentos de facilitar una alternancia política, un cambio que asegure, e incluso refuerce, el Estado democrático de Derecho proclamado en 1978 en nuestra Constitución.
Confiemos en que a partir del próximo día 29 de noviembre pueda recomponerse, e incluso reforzarse, ese Estado democrático de Derecho, tan necesario para la mejor convivencia y solidaridad de todos los ciudadanos de este país, independientemente de las diferentes, e incluso necesarias, sensibilidades que puedan tener, pero sin caer en esa especie de hemiplejia moral que preside las acciones de ciertos satélites mediáticos del gobierno, que les lleva a mantener siempre una misma visión parcial de la realidad, anulando cualquier otra perspectiva, hasta el punto de llegar a tergiversarla, siempre con el objetivo de apoyo ciego, sin visión crítica alguna, de cuantas decisiones provengan del gobierno.
