En España hemos conseguido algo verdaderamente extraordinario: que el órgano constitucional encargado del gobierno de los jueces no sea capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera para expresar públicamente su solidaridad con una magistrada que denuncia amenazas, seguimientos e intimidaciones, e incluso sobre cuya persona han trascendido informaciones relativas a un supuesto plan para atentar contra su vida.
¡Tiene mérito la cosa!
Y semejante prodigio institucional se ha producido precisamente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo cometido es, entre otros, garantizar la independencia de quienes administramos justicia.
Uno, que después de tantos años en la carrera judicial todavía conserva ciertas ingenuidades constitucionales, pensaba que la independencia judicial era un principio ajeno a las ideologías, a las simpatías partidistas y a la identidad de las personas investigadas.
Pero, visto lo visto, parece que también tiene colores. Y, dependiendo de cuál sea el que predomine, se defiende con entusiasmo, se contempla con exquisita prudencia o se guarda discretamente en un cajón.
¡Apaga y vámonos!
DIEZ A FAVOR, NUEVE EN CONTRA… ¡Y LA INDEPENDENCIA EN MEDIO!
El pasado 14 de octubre, diez vocales del CGPJ promovieron una declaración institucional de apoyo a Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La iniciativa respondía a las informaciones sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento e intimidación contra ella y su entorno familiar, vinculadas a hechos investigados por la Audiencia Nacional en el denominado caso Leire Díez.
El texto expresaba preocupación y solidaridad, dejando expresamente a salvo la determinación judicial de los hechos y las eventuales responsabilidades.
Hasta aquí, nada especialmente revolucionario.
Pues no.
Nueve vocales del denominado sector progresista se opusieron al pronunciamiento por considerar que podía interpretarse como una toma de posición sobre hechos sometidos a investigación judicial.
Otro vocal progresista se mostró favorable a una declaración consensuada, pero contrario a escenificar públicamente la división del Consejo.
Por su parte, la presidenta, Isabel Perelló, buscó un acuerdo que finalmente no llegó.
Y el comunicado ni siquiera se sometió a votación.
La explicación formal es que las declaraciones institucionales del Consejo requieren unanimidad. Una exigencia comprensible para preservar la unidad de la institución, pero que, en esta ocasión, terminó convirtiendo el desacuerdo entre sus vocales en la imposibilidad de expresar una posición común.
Conviene reconocer que tanto la presidenta como otros vocales habían trasladado personalmente su apoyo a Biedma.
Pero el resultado institucional no deja de ser sorprendente: el máximo órgano de gobierno judicial fue incapaz de consensuar unas palabras públicas de solidaridad.
¡Magnífico espectáculo!
A este paso, habrá que constituir una comisión especial, solicitar tres informes jurídicos, abrir un trámite de audiencia y convocar una mesa de negociación para determinar si los jueces tienen derecho a ejercer su función sin amenazas.
Y, naturalmente, buscar después un consenso sobre el significado exacto de la palabra «independencia».
Eso sí, procurando no incomodar a ninguna sensibilidad política.
¡No vaya a ser que defender la independencia judicial resulte demasiado independiente!
LA CONSTITUCIÓN NO DISTINGUE ENTRE JUECES DE DERECHAS Y DE IZQUIERDAS
El artículo 117.1 de la Constitución proclama que los jueces y magistrados somos independientes, inamovibles, responsables y estamos sometidos únicamente al imperio de la ley.
Y el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece, con una claridad que parece desconcertar a algunos, que «Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados».
Todos.
No dice todos menos quienes discrepen políticamente del juez.
Ni todos salvo que sus investigaciones afecten a familiares de dirigentes gubernamentales.
Ni todos siempre que exista consenso entre los bloques ideológicos del Consejo.
¡Qué poca sensibilidad política tuvo el legislador!
Por su parte, el artículo 14 de la misma Ley reconoce a los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia el derecho a poner los hechos en conocimiento del CGPJ, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.
Naturalmente, estos preceptos no imponen la aprobación de un comunicado concreto, ni debe confundirse una declaración institucional de solidaridad con una resolución formal de amparo.
Pero una cosa es respetar las garantías procesales y otra convertir la prudencia institucional en una formidable excusa para guardar silencio.
Porque expresar apoyo a una magistrada que denuncia intimidaciones no significa declarar culpable a nadie.
La presunción de inocencia protege a los investigados. La independencia judicial protege a quienes juzgan y, fundamentalmente, a los ciudadanos.
Ambas garantías son perfectamente compatibles.
Y así lo han entendido los jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que han expresado públicamente su «apoyo, solidaridad y respaldo» a Beatriz Biedma, dejando expresamente a salvo la determinación judicial de los hechos y de las eventuales responsabilidades.
¡Mira por dónde! Resulta que se puede defender a una compañera sin condenar anticipadamente a nadie. Se puede expresar solidaridad sin vulnerar la presunción de inocencia. Y se puede respaldar la independencia judicial sin necesidad de consultar previamente el color político de los afectados.
Los jueces de instrucción de Madrid han conseguido, con unas pocas líneas, lo que el órgano constitucional encargado del gobierno de los jueces no ha sido capaz de consensuar.
Y, por lo visto, tampoco han necesitado constituir una comisión, encargar un informe jurídico ni negociar el significado de la palabra «independencia».
¡Qué cosas tiene la Justicia cuando se olvida de la política!
CUANDO LA PRUDENCIA SE CONVIERTE EN SILENCIO
Las últimas informaciones añaden gravedad al asunto.
Beatriz Biedma ha denunciado ante la Policía un supuesto seguimiento en automóvil cuando regresaba a Badajoz acompañada de una de sus hijas, después de declarar ante la Audiencia Nacional.
Además, han trascendido informaciones sobre un presunto plan para atentar contra su vida, cuya realidad y circunstancias deberán ser esclarecidas por los órganos judiciales competentes.
El Ministerio del Interior le ha asignado protección policial.
Pero conviene formular una pregunta elemental:
¿De verdad necesitamos conocer la identidad de quienes pudieran estar detrás de unas amenazas para decidir si una magistrada merece respaldo institucional?
Porque, si la respuesta dependiera de las simpatías políticas de los afectados, tendríamos un problema bastante más grave que un comunicado frustrado.
Tendríamos un problema de principios.
Resulta significativo que seis vocales electivos de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal hayan expresado públicamente su solidaridad con Biedma, recordando que la prudencia ante una investigación en curso no debe confundirse con la indiferencia.
¡Vivir para ver!
Mientras el órgano de gobierno de los jueces no logra consensuar una declaración, representantes del Consejo Fiscal recuerdan que la independencia judicial debe defenderse sin excepciones.
La prudencia institucional es una virtud. La neutralidad también.
Pero ninguna de las dos exige permanecer impasible ante la denuncia de posibles intimidaciones contra quien ejerce la función jurisdiccional.
Lo contrario puede parecer muy prudente.
Tan prudente que, al final, uno corre el riesgo de no defender absolutamente nada.
EL CONSEJO NO ES UN PARLAMENTO EN MINIATURA
El verdadero problema trasciende el caso concreto de Beatriz Biedma.
Lo inquietante es que la división ideológica del CGPJ parece haberse convertido en una brújula capaz de orientar prácticamente cualquier decisión institucional.
Nombramientos, comisiones, acuerdos y, ahora, hasta las declaraciones de solidaridad.
Conservadores frente a progresistas.
Como si el Consejo fuera un Congreso de los Diputados en versión reducida, con sus bloques, estrategias, vetos y cálculos de oportunidad.
Solo falta instalar un marcador electrónico, organizar sesiones de control a la Presidencia y repartir los escaños conforme a la correspondiente disciplina de voto. Aunque, pensándolo bien, quizá lo del marcador sea lo único que todavía falta.
Y, puestos a completar el espectáculo, establecer un turno de preguntas parlamentarias para averiguar de qué color político debe ser un juez antes de decidir si merece protección institucional.
Pero los vocales del CGPJ no son diputados ni representantes de los partidos políticos.
Y, desde luego, la independencia judicial no puede convertirse en una mercancía sometida a negociación entre sensibilidades ideológicas.
Lo preocupante no es que existan discrepancias jurídicas. Eso es perfectamente legítimo.
Tampoco que algunos vocales consideren improcedente una determinada declaración institucional. Pueden existir razones jurídicas para discrepar de su oportunidad o de su redacción.
Lo preocupante es que la fractura institucional haya alcanzado una cuestión tan elemental como la posibilidad de expresar solidaridad con una magistrada que denuncia sentirse intimidada.
Porque una cosa es discrepar sobre el texto de un comunicado y otra muy distinta transmitir a los ciudadanos la impresión de que hasta la defensa de la independencia judicial necesita pasar por el filtro de las mayorías ideológicas.
Y entonces surge una pregunta incómoda:
¿Habría sucedido exactamente lo mismo si la magistrada hubiera investigado a un dirigente político de distinto signo?
No pretendo responderla.
Pero que los ciudadanos puedan planteársela ya debería provocar una profunda reflexión en quienes tienen constitucionalmente encomendada la defensa de la independencia judicial.
Porque la confianza en la Justicia no se deteriora solamente cuando alguien intenta presionar a un juez.
También se resiente cuando las instituciones encargadas de protegerlo parecen incapaces de superar sus propias divisiones.
Y una institución que proyecta semejante imagen difícilmente puede exigir a los ciudadanos que confíen en su absoluta neutralidad.
¡MANDA CARALLO!
En Galicia tenemos una expresión especialmente apropiada para situaciones que desafían el sentido común: «¡Manda carallo!».
Reconozco que no figura en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero, contemplando determinados espectáculos institucionales, uno empieza a pensar que debería incorporarse, al menos, a las actas del Consejo.
Porque la independencia judicial no puede defenderse a ratos, según convenga, ni ponerse en cuarentena cuando incomoda políticamente.
Tampoco necesita un certificado de progresismo o conservadurismo.
Y mucho menos una autorización ideológica.
La independencia judicial no se solicita, no se negocia ni se somete al visto bueno de ninguna mayoría ideológica. Se defiende siempre, gobierne quien gobierne y afecte a quien afecte.
Porque cuando el órgano constitucional llamado a proteger a los jueces necesita ponerse de acuerdo políticamente para expresar su solidaridad con una magistrada que denuncia intimidaciones, el problema ya no es solamente de independencia judicial.
Es también de credibilidad institucional.
Y, llegados a este punto, uno ya no sabe si acudir al artículo 117 de la Constitución o recurrir directamente a la sabiduría popular gallega.
¡Manda carallo! ¡Apaga y vamonos!
