La Abogacía Española ha cerrado filas con los abogados que aspiren a sentarse en el Tribunal Supremo. La institución celebra la convocatoria de una plaza de magistrado de la Sala Primera, de lo Civil, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de octubre, porque sus bases incluyen de forma expresa el ejercicio profesional de la abogacía entre los méritos que se valorarán.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la convocatoria el 30 de septiembre. Corresponde al turno de juristas, la vía por la que se accede al Supremo sin proceder de la Carrera Judicial.
Pueden presentarse abogados y otros juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional, preferentemente en el ámbito del Derecho civil.
Lo mismo sucede con otra plaza de magistrado de la Sala de lo Penal, cuya selección está cerrada a día de hoy y en la que concursa otro abogado.
Lo firmado ante los tribunales, a examen
Las bases siguen el Reglamento 1/2025 sobre provisión de plazas de nombramiento discrecional en órganos judiciales, que el CGPJ aprobó en diciembre de 2025. Y bajan al detalle.
Tres elementos medirán la trayectoria del abogado: el tiempo efectivo de ejercicio, la amplitud y calidad de los conocimientos jurídicos adquiridos y la relevancia técnica de los escritos elaborados a lo largo de su carrera.
Esos escritos —procesales, informes y otras actuaciones profesionales— se valorarán por su complejidad, la profundidad del análisis jurídico, la originalidad de los planteamientos y su posible impacto doctrinal o jurisprudencial.
Para un candidato que viene del despacho, es el núcleo de su currículo: lo que ha defendido, y cómo, ante juzgados y tribunales.
Cuentan también la docencia, la formación especializada y la creación científica en el ámbito jurídico.
Lo que pidió en sus alegaciones
La institución vincula directamente la convocatoria con una de las principales demandas que planteó durante la tramitación del reglamento. En sus alegaciones al proyecto normativo reclamó que el ejercicio efectivo ante juzgados y tribunales se reconociera como mérito específico.
Perseguía dos objetivos. De un lado, separar la experiencia del abogado de la que acreditan otros perfiles jurídicos. De otro, que los profesionales con una trayectoria contrastada pudieran competir en igualdad de condiciones por las plazas reservadas a juristas ajenos a la Carrera Judicial.
Ahora, sostiene el comunicado, la publicación de la convocatoria supone “un paso decisivo en la aplicación práctica de aquellas reivindicaciones”.
Un Supremo “más plural”
El argumento de fondo es la composición del tribunal. La Abogacía Española califica de “históricamente limitada” la presencia de abogados en el Supremo y defiende que el nuevo reconocimiento contribuye a “una composición más plural del Alto Tribunal”.
Su comunicado no aporta cifras que cuantifiquen esa presencia.
A juicio de la institución, quien accede a la función jurisdiccional desde la abogacía aporta la experiencia acumulada en la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos, y con ella perspectivas profesionales distintas a la Administración de Justicia.
Será el Pleno del CGPJ quien, cerrado el plazo de solicitudes, decida el nombramiento. Esa decisión, y el número de abogados que concurran a esta plaza, permitirán comprobar si el nuevo baremo modifica la procedencia de los magistrados del Supremo o se queda en las bases.
