El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un plazo de dos días al PSOE para que entregue la documentación relativa a los abogados, despachos y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025, después de que el requerimiento realizado a principios de octubre no haya recibido respuesta.
La decisión figura en una providencia dictada en el marco de la investigación del ‘caso Leire Díez’, en el que se indaga la existencia de una presunta trama destinada a desestabilizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
El magistrado había solicitado al servicio jurídico del PSOE la relación completa de profesionales y empresas de asesoramiento contratados por cualquiera de los órganos centrales o territoriales del partido durante esos cinco años.
Sin embargo, transcurrido el plazo desde la primera solicitud, el juzgado no ha recibido la documentación.
«Visto el tiempo transcurrido desde que se hizo el requerimiento a dicha asesoría jurídica sin que hasta la fecha este órgano judicial haya recibido contestación alguna, requiérase nuevamente al servicio jurídico del PSOE para que, en el plazo de dos días, dé cumplimiento al requerimiento judicial», señala la providencia.
Las autorizaciones de gasto del PSOE
La petición judicial no se limita a identificar los despachos y consultoras que trabajaron para el PSOE.
El instructor reclama también los expedientes de contratación, las notas de encargo, los contratos y los documentos utilizados para justificar los servicios prestados.
En concreto, quiere conocer qué documentación permitió comprobar los trabajos que debían realizarse antes de autorizar cada contratación y qué justificantes se presentaron posteriormente para acreditar su ejecución.
El objetivo de estas diligencias es examinar las contrataciones profesionales realizadas por el partido durante el periodo investigado.
El requerimiento adquiere especial relevancia por uno de los informes incorporados a la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apunta a la posible falsificación de dos notas de encargo profesional.
Según ese informe, Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE e investigada en este procedimiento, habría sido la persona encargada de falsear dos notas de encargo profesional.
Los investigadores sostienen que supuestamente actuó con la intermediación de Leire Díez y siguiendo las directrices de Santos Cerdán.
Uno de esos encargos estaría relacionado con el despacho vinculado a Ismael Oliver, antiguo abogado de Koldo García, exasesor ministerial.
El segundo correspondería a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, estando ambos siendo investigados en esta causa.
Las posibles vías de pago a Leire Díez
Otra de las líneas de investigación abiertas por Pedraz trata de determinar si el PSOE utilizó determinadas sociedades mercantiles para canalizar pagos a Leire Díez.
En concreto, el magistrado investiga si se emplearon empresas vinculadas a Ismael Oliver y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para realizar esos pagos como contraprestación por los servicios que la exmilitante habría prestado en el marco de la presunta trama.
La documentación solicitada al partido puede permitir reconstruir cómo se tramitaron esas contrataciones, quién las autorizó y qué servicios se declararon efectivamente realizados.
Por el momento, se trata de hechos sometidos a investigación judicial.
Con el nuevo requerimiento, Pedraz insiste en obtener la documentación que el PSOE todavía no ha facilitado y fija un plazo de dos días para que su servicio jurídico atienda la petición.
