El PSOE ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz más tiempo para entregar la documentación sobre los abogados, despachos y consultores contratados por el partido entre 2021 y 2025. Los socialistas alegan que están pendientes de que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) determine si facilitar esa información puede vulnerar el secreto profesional y la confidencialidad entre abogados y clientes.
La solicitud llega después de que el magistrado, instructor del denominado ‘caso Leire Díez’, concediera el pasado martes un plazo de 48 horas al partido para cumplir un requerimiento al que no había respondido anteriormente.
En un escrito remitido al juzgado, el coordinador jurídico del PSOE, Alberto Cachinero, asegura que la consulta al CGAE «no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado».
El partido sostiene que necesita aclarar previamente qué información puede facilitar sin comprometer los derechos de las personas afectadas por los encargos profesionales.
El PSOE alega que los contratos están dispersos por sus organizaciones territoriales
El secreto profesional no es el único argumento utilizado por los socialistas para solicitar una ampliación del plazo.
Cachinero explica que la documentación requerida por Pedraz «no está centralizada» y que debe recabarse de diferentes responsables de la organización.
Las federaciones territoriales pueden contratar directamente servicios jurídicos y de consultoría para atender asuntos relacionados con sus respectivos ámbitos de actuación.
Por ello, según el coordinador jurídico, es necesario solicitar información a «muy distintos interlocutores», ya que las organizaciones territoriales del partido pueden realizar encargos relacionados con sus propios procedimientos y necesidades.
A esta dificultad añade otra circunstancia: la campaña electoral.
Cachinero sostiene que, al encontrarse el partido en periodo electoral, buena parte de su actividad está concentrada en la campaña, lo que reduce su capacidad para responder inmediatamente al requerimiento judicial.
La respuesta, señala, tampoco depende exclusivamente de la asesoría jurídica de la formación.
El PSOE argumenta, además, que la documentación solicitada afecta a numerosas personas ajenas al partido cuyos derechos e intereses podrían resultar perjudicados si determinados datos se hicieran públicos.
El partido espera una respuesta del Consejo General de la Abogacía
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ya había adelantado este jueves, en declaraciones a la Cadena SER, que la formación había consultado a la Abogacía Española antes de entregar los contratos reclamados por el juez.
Según ha explicado, el partido considera necesario garantizar el respeto al secreto profesional y a la confidencialidad entre abogado y cliente.
La dirección socialista sostiene que está a la espera del pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía Española para determinar cómo proceder sin vulnerar esas garantías.
De momento, el PSOE no ha aportado la documentación reclamada por Pedraz, que afecta a las contrataciones realizadas durante cinco años, entre 2021 y 2025.
Pedraz investiga posibles pagos a Leire Díez a través de empresas interpuestas
El requerimiento judicial forma parte de las diligencias abiertas en el ‘caso Leire Díez’, en el que la Audiencia Nacional investiga la existencia de una presunta trama destinada a desestabilizar investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Según la hipótesis investigada, la organización habría estado encabezada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y la exmilitante del partido Leire Díez.
Una de las líneas de investigación se centra en determinar si se utilizaron empresas vinculadas a determinados profesionales para canalizar pagos destinados a Díez como contraprestación por los servicios que presuntamente habría prestado a esa organización.
En concreto, Pedraz examina si el PSOE pudo utilizar mercantiles relacionadas con Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, y con el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, para hacer llegar esos fondos a la exmilitante socialista.
Los investigadores también analizan la actuación de Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE e investigada en la causa.
La investigación trata de esclarecer si Fuentes pudo haber falseado, siguiendo supuestamente instrucciones de la trama, dos notas de encargo profesional.
Una de ellas estaría relacionada con un despacho vinculado a Ismael Oliver y la otra con Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán.
Tanto Oliver como Teijelo figuran entre los investigados.
En este contexto, la documentación solicitada al PSOE pretende permitir al instructor examinar las contrataciones de servicios jurídicos y de consultoría efectuadas por el partido durante el periodo investigado.
La formación socialista, por su parte, insiste en que necesita más tiempo para recopilar los documentos y conocer el criterio del Consejo General de la Abogacía sobre el alcance del secreto profesional antes de ponerlos a disposición del juzgado.
