José Ignacio Landaluce se sentará hoy ante la justicia como investigado investigado. El todavía alcalde de Algeciras (Cádiz) ha sido citado por la magistrada titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Algeciras, plaza 2, que ha admitido a trámite la denuncia de una mujer, militante del PP, que le atribuye un presunto delito contra la libertad sexual.
La instrucción no ha esperado al viernes. Este jueves ya han declarado ante la magistrada, Alba Serrano Esteban, la propia denunciante y dos concejales, ambos citados como testigos.
El perfil de esos dos ediles no es menor. Uno de ellos, Jacinto Muñoz, era primer teniente de alcalde hasta que abandonó el equipo de gobierno; hoy figura como candidato a la Alcaldía en la moción de censura registrada contra Landaluce.
La otra, Paula Muñoz, es una de las concejalas que optaron por seguir junto al regidor y a quien el Partido Popular ha abierto expediente. Dos testigos, por tanto, situados en lados opuestos de la fractura que la denuncia ha provocado en el grupo municipal.
Cómo se llegó hasta aquí
El 12 de octubre trascendió la existencia de esta denuncia, después de que ya hubiera salido a la luz otra anterior, presentada en septiembre.
La denunciante había trasladado previamente los hechos al presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García. Tras conocerlos, García reunió al equipo de gobierno municipal y le planteó una alternativa: pedir al alcalde que dimitiera o, si no lo hacía, salir del gobierno local.
Doce de los quince concejales populares firmaron un escrito reclamando la dimisión. Tres se opusieron. Ante la negativa de Landaluce a dejar el cargo, los doce abandonaron el equipo de gobierno y registraron, junto a Vox, una moción de censura.
Los tres que permanecieron fueron nombrados tenientes de alcalde de un ejecutivo municipal reducido a cuatro miembros.
El 16 de octubre se conoció la admisión a trámite de la denuncia y la citación del alcalde como investigado. Tres días después, el lunes 19, Landaluce anunció que dejará la Alcaldía el próximo domingo, 25 de octubre.
La versión del alcalde
Landaluce sostiene que los hechos que se le imputan —relativos, según su propia declaración, a presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP— son “falsas”.
Al anunciar su renuncia lo expresó así: “Frente a un gran montaje con injustos ataques, frente a un gran montaje, yo me defenderé ante la justicia, lucharé por mostrar mi inocencia y espero que puedan tener sus responsabilidades los que han hecho todo este montaje”.
La versión de la denunciante
La mujer que ha acudido al juzgado mantiene su acusación: atribuye al alcalde una agresión sexual. Hasta el momento no han trascendido públicamente los detalles de su relato ni el contenido de su declaración de este jueves ante la jueza.
La causa se encuentra en fase de instrucción. La admisión a trámite de una denuncia significa que el órgano judicial considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de delito y merecen ser investigados; no supone pronunciamiento alguno sobre su veracidad ni sobre la responsabilidad del denunciado.
La condición de investigado, regulada en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, garantiza a Landaluce el derecho a declarar asistido de letrado, a no contestar a alguna o a todas las preguntas y a conocer los hechos que se le atribuyen. Rige, en todo caso, la presunción de inocencia.
Corresponderá a la magistrada, tras las diligencias que acuerde, decidir si archiva la causa o si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.
En el plano municipal, la dimisión anunciada para el domingo abre un escenario distinto al de la moción de censura: si la renuncia se formaliza ante el Pleno, la elección del nuevo alcalde seguiría el cauce previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los supuestos de vacante.
Un alcalde con pasado
No es la primera vez que el nombre de Landaluce aparece vinculado a acusaciones de esta naturaleza. La anterior, sin embargo, tuvo un origen muy distinto: no la impulsó ninguna presunta víctima, sino terceros.
En octubre de 2024, Alvise Pérez difundió en su canal de Telegram capturas de conversaciones entre dos concejalas del PP de Algeciras. En ellas se aludía a presuntas situaciones de acoso que el alcalde habría cometido contra ellas.
Pérez borró después esas imágenes, pero para entonces ya circulaban de móvil en móvil. Las dos ediles negaron en varios comunicados haber sido víctimas, y el PP dio el asunto por cerrado.
El PSOE de Algeciras, con su portavoz Rocío Arrabal al frente, recogió el testigo. A comienzos de 2025 llevó ante notario nuevas conversaciones de WhatsApp que, según los socialistas, daban verosimilitud a aquellas capturas, y anunció su intención de elevar el asunto al Tribunal Supremo.
Landaluce era entonces senador y, por tanto, estaba aforado ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. La denuncia socialista le atribuía malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.
En febrero de ese mismo año, dos mujeres cuya identidad no se reveló relataron a un medio digital presuntos episodios de tocamientos por parte del alcalde. Landaluce calificó todo aquello de “bulo” y lo atribuyó a una maniobra del Partido Socialista para destruirle personalmente.
Aquella vía no prosperó. Las dos concejalas señaladas inicialmente no respaldaron la acusación, y el 9 de enero el fiscal encargado de las diligencias acordó su archivo al no apreciar indicios suficientes de delito.
Conviene precisar el alcance de esa decisión. No hubo absolución ni sobreseimiento judicial, sino el archivo de unas diligencias de investigación fiscal, que no produce efecto de cosa juzgada.
Esa diferencia explica que nada impidiera que este otoño se abriera una nueva vía, distinta en su origen: las denuncias presentadas directamente por dos militantes del PP que se declaran víctimas.
