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La Fiscalía investiga posibles delitos de odio, amenazas e injurias contra Ayuso en la acampada de Sol

Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de varios delitos tipificados en el Código Penal contra Isabel Díaz Ayuso.

23/10/2026 04:10

La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias para investigar posibles delitos de odio, amenazas e injurias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los cánticos, insultos, pancartas y pintadas registrados en la acampada instalada en la Puerta del Sol.

La investigación se inicia tras el escrito remitido por el Gobierno regional a la Fiscalía el pasado 14 de octubre, en el que denunciaba expresiones dirigidas directamente contra Ayuso en el ejercicio de sus funciones, así como amenazas graves en las que, según el Ejecutivo autonómico, se deseaba su muerte y se incitaba a quemar su vivienda.

El escrito también recogía daños en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental, entre ellos la estatua del Oso y el Madroño, la fachada de la Real Casa de Correos —ambos declarados Bienes de Interés Cultural— y la estatua ecuestre de Carlos III.

La denuncia hacía referencia, además, a pintadas, pegatinas y otros actos vandálicos cuyo contenido, según el Gobierno regional, participaría de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la presidenta autonómica. También señalaba desperfectos en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza, con los correspondientes costes de reparación y limpieza.

Posibles delitos de amenazas, injurias y daños a Ayuso

Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de varios delitos tipificados en el Código Penal. En concreto, el Gobierno regional alude a un posible delito de amenazas del artículo 169.2, un delito de injurias graves con publicidad del artículo 208 y delitos de odio del artículo 510.2.

Asimismo, el escrito apunta a posibles delitos de daños previstos en los artículos 323 y 263 del Código Penal, en relación con los desperfectos denunciados en bienes públicos y elementos de valor histórico y monumental.

La apertura de diligencias permitirá investigar los hechos denunciados y determinar si pueden tener relevancia penal.

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