Francisco Martín Aguirre ha presentado este domingo su dimisión como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid tras haber quedado fuera de las listas del partido para las elecciones generales del 29 de noviembre hace apenas una semana.
La renuncia, confirmada por fuentes socialistas consultadas por Europa Press, llega tres años y medio después de su nombramiento y en uno de los momentos de mayor tensión de su mandato.
Dos frentes coinciden en el tiempo. El primero, la acampada en la Puerta del Sol, que ha reabierto el debate sobre cómo gestiona la Delegación el orden público en el centro de la capital. El segundo, el malestar de los sindicatos policiales por las críticas que Martín dirigió a las cargas de los agentes durante las manifestaciones por la Educación.
Que ambos episodios estén en el origen de la decisión es, por ahora, una lectura de contexto: la información disponible no incluye explicación alguna del propio Martín sobre sus motivos.
Su salida de la Delegación se produce, por tanto, sin un horizonte parlamentario inmediato.
Un cargo con mando sobre la seguridad
La figura del delegado del Gobierno no es meramente representativa. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, le atribuye la dirección de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma y la protección del libre ejercicio de derechos y libertades, lo que incluye la seguridad ciudadana a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Es, además, la autoridad gubernativa ante la que se comunican las concentraciones y manifestaciones conforme a la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, y la que puede prohibirlas o proponer su modificación. De ahí que episodios como una acampada prolongada o la actuación policial en una protesta recaigan directamente sobre su gestión.
De Moncloa a la Delegación
Antes de llegar a la Delegación, Martín había sido secretario general de la Presidencia del Gobierno. Previamente dirigió el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de Presidencia (2020-2021) y el Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia (2018-2020), puesto que compatibilizó con el de consejero de Paradores.
Su etapa en Madrid ha estado marcada por un enfrentamiento constante con el Gobierno regional. En enero de 2025, la Comunidad de Madrid llegó a reclamar al Ejecutivo central que adoptara medidas contra él, al considerar que sus declaraciones sobre Isabel Díaz Ayuso habían rebasado lo aceptable en el plano político e institucional.
Frentes judiciales
El mandato de Martín tuvo también derivadas en los juzgados. El magistrado Juan Carlos Peinado le imputó en la causa de Begoña Gómez por la contratación de su asistente, imputación que la Audiencia Provincial de Madrid terminó anulando.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid abrió diligencias contra él por los disturbios que obligaron a interrumpir la etapa final de La Vuelta.
Los delegados del Gobierno se nombran y cesan por real decreto del Consejo de Ministros. Hasta que se publique el cese en el Boletín Oficial del Estado y se designe a su sucesor, la Delegación quedará en manos de quien corresponda según el régimen de suplencia.
Con unas elecciones generales a poco más de un mes, el relevo se produce en un contexto en el que el Gobierno se encuentra a las puertas de la campaña.
