La brecha salarial de género sigue presente en España, donde las mujeres perciben un salario medio anual de 26.904,90 euros frente a los 32.057,55 euros de los hombres, una diferencia superior a los 5.000 euros. La transparencia retributiva y los cambios que deberán afrontar las empresas para avanzar hacia la igualdad salarial han centrado los debates del XXVI Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Laborium 2026, que se celebra en León del 22 al 24 de octubre.
Según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta diferencia pone de manifiesto la persistencia de la brecha salarial.
En este contexto, más de 400 laboralistas se han reunido en León para analizar, entre otras cuestiones, las implicaciones de la Directiva europea 2023/970, cuya transposición al ordenamiento español está pendiente.
Durante la mesa «Lo que se gana y lo que se cuenta: hacia la transparencia retributiva», Rafael Antonio López Parada, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha defendido que la transparencia salarial no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta para lograr una equiparación real de los salarios entre hombres y mujeres y garantizar la igualdad retributiva sin discriminación por razón de género.
La reforma de los grupos profesionales y de las estructuras salariales
Uno de los principales cambios que plantea la directiva europea afecta a las estructuras retributivas y a los criterios empleados para fijar los salarios.
Según López Parada, aunque los grupos profesionales tradicionales pueden seguir utilizándose, será necesario definir los niveles salariales atendiendo a distintos factores para determinar cuándo dos trabajos tienen igual valor.
Entre esos criterios figuran las competencias, el esfuerzo, la responsabilidad y las condiciones de trabajo.
La directiva contempla que los Estados miembros establezcan públicamente las metodologías concretas para valorar estos elementos. Asimismo, prevé la intervención del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) en la propuesta y evaluación de metodologías, para que posteriormente la Comisión Europea pueda adoptar directrices dirigidas a los países de la Unión Europea.
Desde la perspectiva empresarial, Olimpia del Águila Cazorla, responsable de Igualdad y Seguridad Social de la CEOE, ha reclamado que la futura regulación combine el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva con la seguridad jurídica.
También ha pedido que la transposición respete la vigencia de los planes de igualdad actuales y evite incrementar las cargas burocráticas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, ha reclamado medidas de apoyo, asesoramiento y acompañamiento para las pymes, cuyos recursos son más limitados. Del Águila ha recordado que las empresas ya disponen de instrumentos para avanzar en la igualdad retributiva, como el registro salarial y las auditorías vinculadas a los planes de igualdad.
Más conflictos laborales y posibles litigios
Los expertos también han advertido de que la nueva transparencia salarial podría incrementar los conflictos laborales si contribuye a transformar las causas que mantienen la brecha de género.
López Parada ha considerado previsible que una parte de esas controversias termine en los tribunales cuando no se alcance un acuerdo. En su opinión, será determinante que las empresas puedan demostrar que las diferencias salariales responden a criterios lógicos y completamente neutros respecto al género.
Por su parte, Del Águila ha señalado que la desigualdad retributiva no depende únicamente de las decisiones empresariales, sino también de barreras sociales y culturales. Entre ellas ha destacado la mayor dedicación de las mujeres a los cuidados, que puede traducirse en un menor desarrollo profesional y en una mayor presencia en empleos a tiempo parcial, reducciones de jornada y excedencias.
El congreso Laborium 2026, inaugurado por el teniente de alcalde de León, Vicente Canuria Atienza; el secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Mario Lobo San Juan, y la presidenta de ASNALA, Ana Gómez Hernández, sitúa así la transparencia salarial y la aplicación de la normativa europea en el centro del debate sobre la igualdad retributiva.
