El proceso electoral iniciado el pasado 6 de octubre y que culminará el 29 de noviembre, con la votación y el recuento, ha comenzado con un evidente boicoteo de las extremas izquierdas y grupos radicales, quienes con un intenso despliegue de violencia ya han reventado varios actos electorales de Vox, atentando así contra la esencia misma de la democracia, cual es la celebración de unas elecciones libres, con la posibilidad de que la oposición pueda ganar esas elecciones y cambiar el gobierno del país.
Ya ha habido, y muy probablemente los seguirá habiendo, actos violentos de esos grupos radicales de izquierdas en diferentes lugares: en la Universidad Complutense de Madrid, en Barcelona, en Coruña, autorizándose una concentración contra un acto de Vox, Avilés y Menorca, por igual motivo, llegándose a afirmar incluso que se trata de protestas «antifascistas», frente a los cuales se ha podido vislumbrar cierta pasividad de los Delegados del Gobierno, y sin que haya habido, al menos a mí no me consta, condena alguna por parte del Gobierno.
Se está atacando así el pluralismo político, el derecho de todos de poder participar en unas elecciones libres y democráticas, expresando libremente cuantas ideas se consideren defendibles.
Y no hay motivo alguno para pensar que el partido político Vox defiende valores contrarios a la Constitución.
Se puede estar de acuerdo o no con su ideario, pero es un partido político más, altamente representado en las Cortes, que merece todo el respeto, tanto del partido como de sus seguidores.
Es más, otros partidos sí defienden posturas contrarias a la Constitución, concretamente contra la unidad nacional, llegando incluso a imponer al Estado una ley, la de amnistía, para hacer posible el gobierno presidido por Pedro Sánchez, que quedó así sumiso, durante todo el mandato, de los independentistas catalanes, arrastrando incluso al propio Tribunal Constitucional, y nada les impide participar libremente en las elecciones, sin sufrir perturbación alguna en sus mítines.
LAS PROMESAS DE SÁNCHEZ Y SUS CAMBIOS DE POSICIÓN
Desde el Partido Socialista, que ha gobernado el país con Pedro Sánchez como presidente durante estos últimos ocho años, se ha engañado a los ciudadanos una y otra vez.
En la campaña electoral de 2015 se les dijo que con Bildu no se iba a pactar. En 2016, que no se permitiría que la gobernabilidad de España descansara en partidos independentistas. En 2019, Pedro Sánchez se pronunció en contra de gobernar conjuntamente con Podemos.
El presidente también dijo que sentía vergüenza de que se indultara a políticos, pero en 2021 indultó a los condenados por el procés. Y durante la campaña de las elecciones de 2023 se pronunció en contra de la amnistía. Tras los comicios, sin embargo, se comprometió a concedérsela a los separatistas. Así se hizo, incluso a la medida de estos.
A lo anterior podrían añadirse muchos más ejemplos que hacen realidad lo que el propio Sánchez dijo en una ocasión: «Hay que hacer de la necesidad virtud». O, dicho en términos maquiavélicos, «el fin justifica los medios».
Todo ello resulta altamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta su reciente afirmación de que ganará las elecciones de una manera o de otra.
A pesar de todo ello, el presidente del gobierno ha acusado recientemente a la oposición de haber carecido de sentido de Estado.
Una afirmación gratuita e incomprensible, a la vista de los acontecimientos vividos durante estos ocho años, en los que a pesar de la mano tendida por la oposición para afrontar ciertos asuntos de Estado, el gobierno de Pedro Sánchez ha preferido seguir cumpliendo los pactos de investidura que han comprometido seriamente sus políticas durante los dos mandatos, haciendo incluso cesiones al nacionalismo vasco y catalán, con el exclusivo fin de mantenerse en el poder, y con grave perjuicio para los intereses generales.
Se podrían añadir otras muchas perlas expresadas por sus acólitos, como el caso de su incondicional ministro Óscar López, quien ha llegado a decir que “hay jueces que prevarican”, eso sí, refiriéndose a aquellos que dictan resoluciones contrarias a sus propios intereses, los del gobierno. ¿Esa es la manera de respetar la separación de poderes y la independencia judicial?
GARANTIZAR UNAS ELECCIONES LIBRES EXIGE ACTUAR
Pero volviendo a las movilizaciones que se están produciendo en las calles de diferentes localidades ante las elecciones del próximo 29-N y la crispación que se está generando desde las extremas izquierdas y otros grupos radicales y antisistema, con un claro afán de boicotear el proceso electoral, es altamente condenable que los delegados del Gobierno no estén tomando medidas más eficaces para la neutralización de esas movilizaciones violentas, dada la importancia que en una democracia como la nuestra tienen unas elecciones libres.
Es muy preocupante que no se reaccione suficientemente contra los escraches que se están produciendo y que se autoricen concentraciones o manifestaciones contra actos de precampaña, como en el caso de los mítines de Vox en Galicia, Avilés y Menorca, en los que grupos de la extrema izquierda reventaron los legítimos actos de aquella formación política.
En las también recientes revueltas que ha habido en Francia, con cientos de millones de euros en pérdidas, se ha llegado a detener, al parecer, a 2.700 personas, con renuncia incluso del ministro de interior, aunque el presidente Macron la rechazó.
Me pregunto cuántos detenidos ha habido en España con ocasión de esas movilizaciones violentas que se están produciendo en diferentes lugares, porque la salvaguardia de unas elecciones libres, como dije, es una prioridad en estos momentos.
Y precisamente por ello el artículo 147 de la ley orgánica del régimen electoral general castiga con prisión de hasta un año o multa, las perturbaciones graves del orden en cualquier acto electoral, delito de preferente aplicación al delito de desordenes públicos previsto en el art. 558 del código penal.
También la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana contempla sanciones para los casos de infracciones graves consistentes en la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal.
Naturalmente, aparte de estas infracciones, siempre se podrán aplicar, en su caso, los delitos de atentado y resistencia contra agentes de la autoridad, homicidio, lesiones, daños, amenazas, coacciones, etc.
No se puede permitir que esos grupos izquierdistas radicales sigan perturbando la libertad de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones, sean del signo que sean.
Los delegados del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas —y, en definitiva, el propio Gobierno— son los garantes de que esto no ocurra. Sin embargo, hasta ahora parecen haber actuado con cierta pasividad, pese a haberse producido situaciones que exigían su intervención para evitar hechos tan graves.
Estas actuaciones amenazan el núcleo esencial de toda democracia: la celebración de unas elecciones libres, en las que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes sin las presiones de aquellos grupos violentos de extrema izquierda.
