La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes iniciar los trámites para poner en marcha un plan de choque en las 50 plazas de la jurisdicción social con mayor acumulación de asuntos pendientes.
La iniciativa combinará refuerzos inmediatos con planes territoriales en los partidos judiciales más congestionados y dará prioridad a los despidos, las prestaciones de Seguridad Social de subsistencia y la tutela de derechos fundamentales.
El acuerdo incorpora una petición a las administraciones responsables de los medios de la Justicia: cubrir prioritariamente las vacantes de los servicios comunes del área social, dotar los apoyos que se aprueben y garantizar, antes del 1 de junio de 2027, las plantillas, las salas y los medios de las plazas de nueva creación.
El órgano de gobierno de los jueces se dirigirá para ello al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las consejerías de las comunidades autónomas con competencias transferidas.
La decisión responde al diagnóstico del Servicio de Inspección, que había advertido de que la jurisdicción social está fuertemente condicionada por su elevada carga de trabajo y de que sus tiempos de respuesta aumentaron ligeramente durante el primer trimestre del año.
El pasado 16 de septiembre, la Permanente solicitó a este servicio que identificara las plazas de las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia con más asuntos pendientes o mayores tiempos de respuesta.
Melilla encabeza la relación de plazas que tramitan ejecuciones
La propuesta presentada por la vocalía de Carlos Hugo Preciado Domènech, que desarrolla las bases del plan, incorpora una relación de 40 plazas que tramitan ejecuciones y otras diez que no lo hacen, con datos de pendencia a 30 de junio de 2026.
En el primer grupo figura en cabeza la plaza número 1 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Melilla, con 4.038 asuntos pendientes. Le siguen la número 11 de Málaga, con 2.788; las números 2 y 1 de Jerez de la Frontera, con 2.733 y 2.698, respectivamente, y la número 9 de Sevilla, con 2.686.
La relación refleja una presencia destacada de plazas de Sevilla y Málaga, junto con otras de Madrid, Córdoba, Elche, Almería, Murcia, Alicante, Ibiza y Huelva.
Entre las que no tramitan ejecuciones, la mayor pendencia corresponde a la plaza número 6 de Barcelona, con 2.321 asuntos. Las diez plazas de este grupo se distribuyen entre Barcelona y Valencia: dos en la primera ciudad y ocho en la segunda.
Quince días para proponer los refuerzos
Para activar el programa, la Comisión Permanente ha acordado dirigirse a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores de justicia para que, en un plazo de quince días, formulen propuestas de apoyo conforme al artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los refuerzos recaerán preferentemente en jueces de adscripción territorial, jueces en prácticas o de refuerzo y magistrados de otras plazas sin sobrecarga de trabajo.
El documento presentado por la vocalía de Preciado concreta que cada propuesta deberá identificar su objetivo, los medios de oficina necesarios, las salas y los días de señalamiento disponibles, además de su duración y los indicadores para evaluar sus resultados.
También plantea que las comisiones de servicio sin relevación de funciones tengan una duración inicial máxima de seis meses y que sus prórrogas dependan de la evaluación de la actividad desarrollada.
El plan permanecerá vigente hasta la entrada en funcionamiento efectivo de las nuevas plazas creadas por el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, y de las que se creen en la programación de 2027, sin perjuicio de su revisión periódica.
Prioridad para despidos y prestaciones de subsistencia
Las bases aprobadas establecen que la actividad adicional de los órganos reforzados se concentre preferentemente en los despidos y las demás modalidades de tramitación preferente, las prestaciones de Seguridad Social de subsistencia y los procedimientos de tutela de derechos fundamentales.
Para ello, se adelantarán los asuntos ya señalados por orden de antigüedad.
La propuesta contempla, además, que las Salas de Gobierno puedan plantear refuerzos dedicados a despidos o Seguridad Social cuando estas materias constituyan el bloque predominante de los asuntos pendientes.
Junto a las actuaciones inmediatas, el documento desarrolla planes territoriales que identifiquen las causas de la congestión y concreten medidas, responsables, recursos, calendarios e indicadores. El objetivo es adaptar la respuesta a la situación de cada plaza.
Entre las actuaciones previstas figuran el reajuste de agendas, el incremento de señalamientos cuando existan medios y la reducción de suspensiones evitables. La celebración de vistas por la tarde se plantea como excepcional, previa evaluación de su viabilidad y de su incidencia en los profesionales y en la conciliación.
La propuesta incluye asimismo un seguimiento trimestral y un balance antes del 1 de junio de 2027 para adaptar los refuerzos a la incorporación de las nuevas plazas. La disponibilidad efectiva de personal, salas y medios será, por tanto, una de las condiciones centrales para ejecutar el programa.
