La renovación de las comisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado una nueva fractura entre sus vocales. Los nueve integrantes del denominado bloque progresista han acusado a Carlos Hugo Preciado de facilitar que el sector conservador controle la organización interna del Consejo y de romper, por segundo año consecutivo, el acuerdo de cogobernanza alcanzado en 2024.
«Carlos Hugo Preciado entrega el Consejo General del Poder Judicial a la derecha». Así comienza el posicionamiento difundido este miércoles por los nueve vocales después de que el Pleno aprobara, con 12 votos, la propuesta presentada por Preciado.
El comunicado está firmado por Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Luis Martín Contreras, Ángel Arozamena Laso, Esther Erice Martínez, José María Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios.
Los firmantes sostienen que la decisión supone un reparto desproporcionado de las responsabilidades del Consejo, en el que los nueve vocales progresistas representan el 45 % de sus veinte miembros.
Pero sus críticas no se limitan a Preciado. También cuestionan la actuación de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, a quien reprochan haber respaldado las dos candidaturas sometidas a votación.
Y advierten de que el modo en que se ha aprobado la renovación puede dificultar los acuerdos necesarios para efectuar los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.
Un reparto desigual dentro del Consejo
El enfrentamiento se produjo después de que el sector conservador retirara su propuesta inicial y apoyara la presentada por Preciado.
Según el comunicado, la candidatura de los nueve vocales progresistas obtuvo diez votos, pero no consiguió imponerse a la alternativa aprobada por el Pleno.
Para los firmantes, el resultado representa una ruptura de los compromisos alcanzados cuando se renovó el órgano de gobierno de los jueces, en 2024.
Su principal argumento es que la distribución de responsabilidades no refleja proporcionalmente la composición del Consejo.
Los progresistas afirman que, en el conjunto de la propuesta aprobada, que abarca 39 órganos y 130 puestos, ellos ocupan únicamente 48 puestos, el 36,9 %.
Por su parte, atribuyen al sector conservador 71 puestos, el 54,6 %, y a Preciado otros 11, el 8,5 %.
Consideran especialmente significativo el reparto de las presidencias.
De las 13 contempladas en la propuesta, sostienen que diez corresponden a vocales conservadores, dos a progresistas y una a Preciado.
Además, aseguran que las seis representaciones unipersonales del Consejo recaen exclusivamente en vocales del sector conservador.
Estas cifras corresponden a la distribución global de responsabilidades recogida en el posicionamiento de los nueve vocales, que va más allá de las diez comisiones renovadas.
Su conclusión es que el reparto aprobado no responde al equilibrio que, a su juicio, debería presidir el funcionamiento del CGPJ.
Las rotaciones incumplidas
El núcleo de la discrepancia está en la interpretación del acuerdo de funcionamiento alcanzado en 2024.
Según explican los firmantes, aquel pacto establecía un sistema de rotaciones destinado a garantizar que los distintos sectores participaran en la dirección de las comisiones.
El mecanismo partía de una regla: el grupo que dispusiera de la mayoría en una comisión no debía ocupar también su presidencia.
Los nueve vocales denuncian que ese criterio se ha aplicado de manera desigual.
Ponen como ejemplo las comisiones de Innovación Tecnológica y Transformación Digital y de Asuntos Institucionales, en las que, según su interpretación, se mantiene el sistema de rotación cuando la mayoría corresponde al sector progresista.
Sin embargo, aseguran que no ocurre lo mismo en Estudios e Informes y Relaciones Internacionales, donde tanto la mayoría como la presidencia corresponden al sector conservador.
También cuestionan la situación de la Comisión de Carrera Judicial, cuya presidencia recae en Preciado pese a contar, según los firmantes, con mayoría conservadora.
Para los nueve vocales, estas excepciones desvirtúan el funcionamiento pactado.
Recuerdan, además, que en octubre de 2025 ya denunciaron una situación semejante, cuando la renovación de las comisiones salió adelante sin su acuerdo.
«Las mujeres no somos la coartada de nadie»
Otro de los apartados más contundentes del comunicado responde al argumento de la representación femenina utilizado para defender la propuesta aprobada.
El CGPJ ha destacado que, por primera vez, cuatro mujeres integrarán la Comisión Permanente, incluida Isabel Perelló, y que seis de las diez comisiones renovadas estarán presididas por mujeres.
Los vocales progresistas no cuestionan esos datos, pero rechazan que la paridad sirva para justificar el reparto.
En su comunicado incluyen un apartado titulado «Las mujeres no somos la coartada de nadie».
Las firmantes sostienen que la propuesta del grupo progresista también fue elaborada con la participación de todas sus integrantes y que sus posiciones se acordaron en condiciones de igualdad.
Rechazan, por tanto, que se utilice la representación femenina para defender una candidatura que consideran contraria al equilibrio entre los distintos sectores.
«No somos títeres al servicio de los intereses de Carlos Hugo Preciado», afirman.
También dirigen una crítica a Perelló por haber respaldado las dos propuestas sometidas a votación.
A su juicio, resulta contradictorio apoyar simultáneamente una candidatura que pretendía recuperar el modelo de cogobernanza de 2024 y otra que, según su interpretación, consolida su ruptura.
Un enfrentamiento que complica los nombramientos del Supremo
El comunicado termina con una advertencia sobre otro de los principales asuntos pendientes del CGPJ: los nombramientos del Tribunal Supremo.
La presidenta del Consejo ha vuelto a pedir este miércoles a los vocales que alcancen acuerdos para cubrir las plazas vacantes del alto tribunal.
Actualmente hay seis procesos selectivos concluidos y pendientes de votación, cuatro correspondientes a la Sala Segunda y dos a la Sala Tercera.
Los progresistas consideran que no puede reclamarse consenso para efectuar esos nombramientos después de haber aprobado la distribución de las comisiones sin un acuerdo compartido.
«No se puede imponer en las comisiones y exigir consenso en los nombramientos», sostienen.
Los nueve vocales aseguran que continuarán defendiendo las candidaturas al Supremo que consideren más adecuadas conforme a los principios de mérito, capacidad y representación equilibrada.
También rechazan que esa posición pueda calificarse de deslealtad institucional.
El enfrentamiento deja así dos cuestiones sobre la mesa: la distribución del poder dentro del CGPJ y la capacidad de sus integrantes para alcanzar los acuerdos necesarios en los nombramientos judiciales.
Por último, los firmantes han expresado sus condolencias por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), así como su solidaridad con sus familiares y allegados.
