«El primer ministro es ahora un primer ministro en funciones. […] Netanyahu, no se atreva a usar la seguridad con fines políticos» — Gadi Eisenkot, noche electoral del 27 al 28 de octubre de 2026, dirigiéndose a los jefes de la seguridad israelí.
En la madrugada del 28 de octubre, con el recuento en sus primeras horas, Israel escuchó dos proclamas de victoria. Desde la sede del Likud, Benjamín Netanyahu afirmó que su partido era el mayor del país y que el bloque de la derecha tenía la mayoría, «y una mayoría decisiva».
Desde la de Yashar, en Tel Aviv, Gadi Eisenkot anunció que la vieja era había terminado y que Israel empezaba otra. Dos mayorías, por tanto. Ninguna llegaba a sesenta y uno, que es la única cifra que la Knéset reconoce como tal.
La frase más reveladora de aquella noche, sin embargo, no fue ninguna de las dos. Eisenkot, que fue jefe del Estado Mayor, se dirigió a quienes hoy mandan el aparato de seguridad para decirles que el primer ministro era ya un primer ministro en funciones, que se mantuvieran firmes ante cualquier presión y que contaban con su respaldo.
Después, nombrándolo, advirtió a Netanyahu que no se atreviera a usar la seguridad con fines políticos. Cuando quien aspira a gobernar previene públicamente al ejército contra el uso electoral de la fuerza por parte del gobierno saliente, no está haciendo campaña. Está levantando acta.
Esa advertencia contiene la clave internacional de la elección, que no es la que Europa esperaba leer. Las urnas no han decidido todavía quién gobernará Israel.
Han decidido algo más inmediato: que durante semanas, quizá meses, un Estado con tropas en Gaza, en el sur del Líbano y en el sur de Siria, y con una guerra con Irán que ninguna tregua ha llegado a cerrar, estará dirigido por un gobierno en funciones.
Y ese interregno coincide, casi al día, con el final del calendario electoral norteamericano. Los dos relojes que en octubre contuvieron el gatillo marcan dos citas electorales separadas por apenas siete días, y cuando haya pasado la segunda ninguno empujará con la misma fuerza hacia la contención.
Dos mayorías y ninguna de sesenta y uno
Conviene empezar por la aritmética, fechada con exactitud porque el escrutinio no ha terminado. En la actualización del Comité Electoral Central del 28 de octubre en torno al mediodía, hora de Israel, con el 84,5 por ciento de las mesas escrutadas, el bloque de Netanyahu —el Likud, los dos partidos ultraortodoxos y las dos listas de la derecha religiosa radical de Smotrich y Ben Gvir— sumaba 54 escaños.
La oposición que encabeza Eisenkot, con Bennett, Lieberman y los Demócratas de Yair Golan, 49.
Los partidos árabes israelíes, la Lista Conjunta y Ra’am, 17.
El Likud seguía siendo el primer partido, por delante de Yashar. Y dos pequeñas listas de la derecha, la de los reservistas de Yoaz Hendel y la del general Ofer Winter, quedaban por debajo del umbral del 3,25 por ciento, llevándose consigo votos que el bloque gubernamental habría necesitado.
Faltaban por contar los votos de doble sobre, entre ellos los de los soldados, de modo que el reparto todavía puede moverse.
La participación, del 77,7 por ciento, fue la más alta desde 1999 y superó en más de siete puntos la de 2022. Los israelíes no votaron con indiferencia: acudieron en masa y se repartieron casi por mitades, que es la peor combinación posible para formar gobierno.
El recuento definitivo se espera para el viernes 30 de octubre, y los resultados oficiales se publicarán el 4 de noviembre. Vendrán después las consultas del presidente Herzog, el encargo a quien considere con más posibilidades y un plazo de hasta cuarenta y dos días para reunir una mayoría.
Si nadie lo consigue, se repetirán las elecciones, como ocurrió en las cinco convocatorias celebradas entre abril de 2019 y noviembre de 2022. Durante todo ese tiempo seguirá gobernando el gabinete saliente.
Netanyahu ya ha pedido un «gobierno nacional de derechas». Eisenkot ha descartado gobernar bajo él, ni siquiera en rotación. Nadie, por ahora, tiene 61.
Los escaños que nadie quiere contar
La aritmética tiene, sin embargo, una solución que ninguno de los dos aspirantes quiere ver. Sumados a los diecisiete escaños árabes, los cuarenta y nueve de la oposición dan 66, holgadamente por encima de la mayoría absoluta. Esa mayoría solo existe, sin embargo, si se cuenta a quienes los dos bloques han decidido no contar.
Netanyahu lo dejó claro el mismo día de la votación. En una serie de mensajes describió a los votantes árabes como partidarios de los Hermanos Musulmanes, los acusó de asaltar los colegios electorales para robar las elecciones y pidió a los suyos que acudieran a votar porque era una cuestión de vida o muerte.
Eisenkot, más comedido, exige a cualquier socio que reconozca a Israel como Estado judío y a Hamás como organización terrorista que debe ser desmantelada, condiciones que la mayoría de los diputados árabes difícilmente aceptará.
Su ambigüedad durante la campaña era una defensa frente al eslogan de que no tendría gobierno sin los árabes; en la noche electoral, al reivindicar la victoria de la «mayoría sionista», la convirtió en una exclusión casi explícita.
La paradoja tiene precedentes, y no son menores. El 13 de julio de 1992, Isaac Rabin presentó ante la Knéset un gobierno que contaba, sin formar parte de él, con el apoyo exterior de los 5 diputados de Hadash y del Partido Democrático Árabe.
Cuando Shas abandonó la coalición en septiembre de 1993, al firmarse Oslo, aquel gobierno quedó en minoría y sobrevivió porque esos 5 votos frenaban las mociones de censura.
Los acuerdos de Oslo y, después, la paz con Jordania se negociaron, por tanto, bajo un gobierno sostenido por quienes hoy se presentan como un riesgo para la seguridad nacional.
En 2021, Ra’am entró por primera vez en una coalición, la de Bennett y Lapid. Las dos veces, la derecha lo denunció como una traición. Las dos veces, el Estado siguió en pie.
Lo que ha cambiado es que la exclusión ya no es patrimonio de un bloque. La participación árabe ha sido, según la propia prensa israelí, sin precedentes, y sus partidos superan su mejor marca, los quince escaños que obtuvo la Lista Conjunta en 2020.
Esos ciudadanos han hecho lo que se pide a cualquier minoría en una democracia: votar en lugar de abstenerse.
Se les responde que su voto cuenta para el recuento, pero no para el gobierno. Es un dato que fuera de Israel, donde su condición democrática es uno de los argumentos con que se pide la solidaridad occidental, no pasará inadvertido.
Lo que la alternancia no cambiaría
En las cancillerías europeas, la hipótesis de un gobierno Eisenkot se recibe con un alivio apenas disimulado, y no sin fundamento. Un ejecutivo sin Smotrich en Finanzas ni Ben Gvir en Seguridad Nacional sería, casi por definición, menos propenso a convertir Cisjordania en un laboratorio de anexión.
Eisenkot ha prometido devolver la administración civil del territorio a la coordinación militar, reprimir la violencia de los colonos y reforzar a la Autoridad Palestina, y se ha mostrado dispuesto a aplicar sin resistencia el plan de Trump para Gaza, con tecnócratas vinculados a la Autoridad, policía palestina y fuerzas internacionales. Es la diferencia más tangible entre los dos candidatos, y no es pequeña.
Pero conviene no confundir el estilo con la doctrina. Eisenkot apoyó la guerra contra Irán y los ataques a sus instalaciones nucleares; lo que rechazó fue la pretensión de Netanyahu de derribar el régimen por la fuerza, que consideró irreal.
Ha propuesto que Washington declare alrededor del uranio iraní enriquecido al 60 por ciento una zona en la que cualquier intento de moverlo sería atacado.
Ha prometido acabar con el gobierno de Hamás en 18 meses, por la vía del plan norteamericano o por la militar. Quiere mantener tropas en el sur del Líbano hasta que se negocien arreglos de seguridad y ha dicho que respondería a los ataques de Hezbolá golpeando directamente a Irán.
Y ha calificado de delirante a quien siga defendiendo los dos Estados.
Como señalé al analizar el avispero saudí, ninguno de los aspirantes con opciones de gobernar alcanza el umbral que Riad pone a la normalización, y el resultado del 27 de octubre no lo ha movido.
La alternancia cambiaría, pues, el trato a los palestinos de Cisjordania y el tono con Washington, pero no la doctrina frente a Irán ni el horizonte del Estado palestino. Quien espere de Jerusalén un giro estratégico tendrá que esperar a otra elección. Lo que sí puede cambiar, y en cuestión de semanas, es otra cosa: quién decide mientras se negocia.
Siete días entre dos relojes
Los días previos a la votación ofrecieron un anticipo. Según el Canal 12 de la televisión israelí, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, se resistió a ejecutar una orden del primer ministro para una acción militar no especificada relacionada con Irán, que los mandos temían que desencadenara un choque con Teherán en vísperas de las elecciones, y pidió documentos firmados que acreditaran su cobertura legal. Netanyahu calificó la información de disparate.
El New York Times, citando a altos responsables de defensa, añadió que el primer ministro llevaba semanas intentando orquestar un nuevo ataque y que Zamir no se oponía a actuar contra Irán, sino al momento elegido.
Y según CNN, Netanyahu intentó convencer a Trump de un ataque conjunto antes de las elecciones sin obtener luz verde.
Si esos informes son exactos, lo que retuvo el gatillo en octubre no fue la prudencia del gobierno, sino dos frenos ajenos a él: un jefe militar que pidió la orden por escrito y un presidente norteamericano que no quería sobresaltos antes de sus propias elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Ninguno de los dos desaparece por sí solo, pero ambos se debilitan.
Zamir sigue en su puesto; los canales 12 y 13 informaron de que, si Netanyahu forma el próximo gobierno, probablemente lo destituirá si no dimite antes.
Y Trump, que el 8 de octubre anunció que no atacaría Irán antes de las urnas, es el mismo que en Mobile prometió que la guerra terminaría justo después de ellas, como analicé en «El nombre que no figura». Pasado el 3 de noviembre, Washington pierde el principal incentivo electoral que tenía para pedir contención. No es un automatismo; es una pendiente.
El presidente norteamericano, además, ya ha dicho qué espera de Israel. En su aval a Netanyahu del 18 de octubre escribió que, si Israel tenía el líder equivocado, «es decir, cualquiera que no sea Bibi», Estados Unidos tendría que hacer el trabajo por su cuenta y que no estaba inclinado a hacerlo.
Una semana después pidió el voto para Netanyahu porque había que terminar el trabajo empezado. Es difícil encontrar un precedente de un presidente norteamericano que pidiera el voto de forma tan explícita en unas elecciones israelíes, y más difícil aún uno que vinculara la continuidad de una guerra a la de un primer ministro.
Con el escrutinio en curso, la consecuencia es inquietante: el candidato que necesita convencer a Herzog de que es imprescindible tiene a mano la herramienta que su patrocinador ha declarado imprescindible.
Eisenkot reprochó a Netanyahu durante la campaña haber colocado a Israel en una posición en la que quien lo decide todo es el presidente de Estados Unidos.
Tiene razón, y la paradoja es que en el interregno esa dependencia es también la principal garantía: si alguien puede frenar a un primer ministro en funciones, es su patrocinador. Pero el patrocinador ha dejado escrito que prefiere terminar el trabajo con Netanyahu antes que hacerlo solo.
Teherán lo ha leído así. Sus portavoces han dicho que el resultado israelí no cambia nada y, entre tanto, han hablado con Arabia Saudí, Turquía y Pakistán de una seguridad regional que los países de la zona deben garantizar sin intervención extranjera y que tiene por primer asunto la presencia militar israelí en el Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania.
Es la arquitectura que describí en «El nuevo orden de los demás», ahora con Irán sentado a la mesa. Y el petróleo, en torno a los ciento dieciséis dólares por barril, refleja un mercado que no da la guerra por cerrada.
La práctica israelí no reserva la guerra a los gobiernos con mandato pleno. En agosto de 2022, Yair Lapid, primer ministro en funciones a tres meses de las elecciones, ordenó con Benny Gantz la operación Amanecer contra la Yihad Islámica en Gaza: tres días, objetivos limitados y un alto el fuego negociado por Egipto.
Fue una operación contenida, y precisamente por eso mostró lo que puede hacer un gobierno saliente cuando decide actuar. La diferencia es de escala. Lapid golpeó a una milicia; el gobierno que ahora queda en funciones mantiene abierta una guerra con un Estado, tiene tropas en tres territorios vecinos y cuenta con un aliado que le ha prometido terminar el trabajo.
El despacho ordinario
Cualquier jurista español conoce la figura. El artículo 21 de la Ley del Gobierno ordena al Gobierno en funciones limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos y abstenerse de cualquier otra medida, salvo urgencia debidamente acreditada o razones de interés general cuya acreditación expresa lo justifique.
La ley no le impide afrontar lo extraordinario; le obliga a justificarlo. Israel no tiene una norma escrita equivalente, pero conoce el mismo principio. Las directrices del fiscal general piden al gobierno saliente la contención propia de su condición, ponderada con la continuidad del Estado.
Y el Tribunal Supremo, al examinar en 2001 las negociaciones del primer ministro en funciones Ehud Barak, rechazó que un gobierno saliente quede reducido a la gestión cotidiana y puso la defensa del Estado frente a la guerra como ejemplo por excelencia de necesidad pública vital.
Nadie discute, por tanto, que un gobierno en funciones pueda defender a su país, en Madrid o en Jerusalén; responder a un ataque es justamente el caso que ambos ordenamientos tienen en mente.
La cuestión no es de competencia, sino de legitimidad: la distancia entre conservar una facultad y tener respaldo político suficiente para ejercerla de forma irreversible.
Una nueva ofensiva contra Irán decidida en pleno interregno, sin un ataque previo al que responder, tendría que justificar por qué no puede esperar a la formación de un nuevo gobierno. Y sería una decisión que ningún sucesor podría deshacer, adoptada por quien todavía no sabe si tendrá sucesor.
Los israelíes votaron el 27 de octubre en la mayor proporción desde 1999 para decidir quién los gobernará. Lo que han obtenido, por ahora, es la certeza de quién seguirá gobernándolos mientras se decide.
Por vías distintas, la ley española y la jurisprudencia israelí exigen al gobierno saliente ponderar la necesidad de actuar con el deber de contención. Lo que ninguna de las dos resuelve es el caso en que quien debe acreditarla es también quien más podría ganar con que exista.
