«Las organizaciones criminales que se mueven por la red ya le han encontrado el punto débil al nuevo Reglamento europeo de prueba electrónica», afirmó el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en Valencia. Fue en el marco del ciclo de encuentros jurídico que organiza la Asociación Foro Jurídico Valenciano (FJV) en el Salón Ramón y Cajal del Casino de Agricultura de Valencia.
«No necesitan mucho: les basta con trasladar sus servidores y sus comunicaciones a proveedores instalados en países que no cooperan con la Unión Europea«, añadió durante su ponencia titulada «Crimen en la era digital: amenazas emergentes y nuevos escenarios».
Velasco analizó esta amenaza ante la que el Reglamento (UE) 2023/1543, el llamado e-Evidence, que se viene aplicando desde el 18 de agosto, se suponía que iba a ser suficiente.
Con el Reglamento las autoridades judiciales de un Estado miembro pueden dirigir órdenes europeas de producción y de conservación de pruebas electrónicas directamente a los proveedores de servicios, sin tener que pasar por los cauces clásicos del auxilio judicial internacional.
Los problemas aparecen allí donde termina la cooperación.
Una grieta fuera de las fronteras
Porque buena parte de la fuerza del Reglamento reside en su régimen sancionador. Contempla multas de hasta el 2% del volumen de negocios mundial para el proveedor que incumpla, y esa amenaza está diseñada para empresas con intereses en el mercado europeo.
Pero, «¿qué ocurre con un prestador radicado en una jurisdicción que no colabora con la Unión? Que esas multas apenas le inquietan. Una sanción solo asusta a quien tiene algo que perder dentro del territorio donde se impone, ya sean clientes, filiales, cuentas o una reputación que cuidar en el mercado europeo», contó Velasco.
El proveedor que vive al margen de todo eso puede ignorar la orden sin mayores consecuencias. Y cuando la vía directa del reglamento se cierra, al juez solo le queda volver a la comisión rogatoria y a la buena voluntad de un Estado que, por definición, no tiene ninguna intención de cooperar.
«El crimen organizado no necesita desafiar al Reglamento europeo. Le basta con colocarse fuera de su alcance, en países que no cooperan con la Unión y donde una orden dictada en Madrid, París o Roma no obliga a nadie», explicó Velasco.
Para las redes criminales, la ventaja es enorme. «Los datos que podrían sentarlas en el banquillo quedan guardados en servidores a los que la justicia europea no puede acceder por la vía rápida que ahora le ofrece el reglamento. A los investigadores les queda la vía lenta, incierta y a menudo estéril de la cooperación internacional clásica», añadió.
Ese fue, en el fondo, el aviso del magistrado de la Audiencia Nacional, uno de los grandes expertos de la judicatura española en este campo. La norma europea supone un avance real, pero se detiene en la frontera, y quienes tienen más motivos para esconder la prueba lo saben.
Las redes sociales, las nuevas tecnologías de la comunicación y ahora la inteligencia artificial han cambiado la forma de cometer delitos y también la manera en que se organizan quienes los cometen.
Sociedades pantalla y personas jurídicas
Velasco insistió en que «los investigadores necesitan instrumentos a la altura para perseguir el delito de organización criminal. Sobre todo cuando la estructura se esconde detrás de entidades pantalla montadas precisamente para que no quede rastro. «La prueba del crimen digital se esconde donde Europa no puede llegar«.
De ahí saltó a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una figura que el Código Penal incorporó en 2010 y que sigue siendo de lo más enrevesado del Derecho penal económico.
Su conclusión miró al legislador: «hace falta una reforma que ponga orden y racionalice el Código Penal».
De Catarroja a la Sala de Apelación
Antes de que Velasco tomara la palabra, los asistentes guardaron un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).
Velasco fue presentado por Cristina Gil Fabregat, vicepresidenta de la FJV, que se detuvo en su etapa valenciana. Velasco fue director general de Justicia de la Generalitat entre 1995 y 2003. También pasó como magistrado por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Torrent, Sagunto y Catarroja, y dio clases de Derecho Procesal en la Universdad de Valencia. Luego vendrían el Juzgado Central de Instrucción, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, hoy, la Sala de Apelación.
Al acto asistieron Sonia Margarita Barriga, presidenta del Consejo Valenciano de Transparencia; Begoña Tárrega, presidenta de la FJV; José Soriano y Rebeca Lino, decano y vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia; José Salvador Tárrega, director general de Participación Ciudadana; Julio Aguado, director general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia; Alejandro Bañón, decano autonómico de los Registradores de la Comunidad Valenciana; y Carla de Paredes, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Europea.
