Una de las ventajas de cumplir años es que proporciona perspectiva. Sé que el lugar desde el que miramos puede alterar nuestra percepción de las cosas y que la memoria tiene una acreditada inclinación a endulzar el pasado.
Pero haber vivido permite también reconocer errores que la ignorancia presenta como novedades y reparar en los cambios que experimenta la sociedad que nos acoge. Los años no garantizan el acierto, aunque sí permiten comparar.
Desde esa atalaya veo envejecer a mi país a la par que quien esto escribe. Muchas de las buenas infraestructuras y de los servicios públicos que construimos o extendimos durante los años ochenta, noventa y la primera década de este siglo acumulan ahora el polvo del descuido.
Se desgastan sus instalaciones, se jibarizan sus plantillas, se parchea sin descanso y se aplaza ad nauseam su renovación.
Parece que hubiéramos perdido, junto con el impulso de crearlos, la voluntad de conservarlos. El proceso de envejecimiento en los seres vivos es inevitable; el deterioro en los servicios públicos, por el contrario, depende, en buena medida, de decisiones que alguien toma o deja de tomar.
Yo he visto a España ampliar hospitales y universidades, extender servicios como el cuidado de los mayores o los viajes de la tercera edad, acortar distancias con carreteras y ferrocarriles, construir edificios judiciales y profesionalizar la Administración.
Todo ello transformó nuestra manera de vivir. Fueron años de esfuerzo en los que hubo muchos errores y despilfarros, pero también se redujeron desigualdades y, sobre todo, se dejó un patrimonio colectivo del que seguimos beneficiándonos.
Precisamente por haber conocido esa transformación —que algunos llamaron el milagro español—, me angustia que estemos consumiendo sus frutos sin ocuparnos de las condiciones que hicieron posible obtenerlos.
Nos hemos acostumbrado a hablar del progreso como si fuera un destino inevitable que, además, nos corresponde por derecho divino.
Sin embargo, debemos recordar que cada conquista necesita cuidados. Los hospitales requieren profesionales bien tratados y equipos modernos; las redes ferroviarias pueden convertirse en trampas mortales cuando se descuidan el mantenimiento y la seguridad; una justicia eficaz necesita personal suficiente y herramientas que funcionen; las universidades, privadas de recursos para enseñar e investigar, corren el riesgo de convertirse en academias de postureo y negocio.
También las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan medios y unas condiciones profesionales que reconozcan el riesgo que exigimos asumir a sus integrantes.
Ninguno de estos servicios se sostiene por el mero hecho de haberlo creado o inaugurado. Las sociedades que consumen el patrimonio que recibieron sin asumir la obligación de sostenerlo están tomando, aunque no quieran saberlo, el camino que conduce a épocas de oscuridad y desdicha.
El «error humano» no puede cerrar la investigación
Las informaciones sobre la tragedia ferroviaria de Urda ponen sobre la mesa esa realidad que se empeña en escapar del decorado que unos y otros tratan de vendernos.
Las informaciones publicadas señalan que existían advertencias sobre la necesidad de reducir —mediante medidas técnicas— los riesgos del fallo humano. Las responsabilidades concretas deberán esclarecerse en las investigaciones administrativas y judiciales, como no puede ser de otra forma.
Pero los ciudadanos, cuando remita la conmoción de estos primeros días, necesitaremos saber qué responsables políticos conocían las carencias advertidas en la red ferroviaria y qué hicieron para corregirlas. Si hubo alertas desatendidas, habrá que explicar por qué y quién decidió que podían esperar. Necesitamos saber a quién debemos retirarle nuestra confianza como gestor por haber aplazado lo inaplazable.
La expresión “error humano” parece que forma parte de la ecuación de la tragedia. Lo que no vamos a consentir es que se convierta en una cómoda estación de término. El ministro apuntó a los operarios antes de responder de su propia gestión.
A ello se sumaron filtraciones poco edificantes para señalar al trabajador que habría cometido la equivocación. Quienes dirigimos equipos sabemos que perdemos su confianza cuando buscamos ponernos a salvo señalando al subordinado. En todo caso, identificar a quien pudo equivocarse hace más necesario seguir con las pesquisas.
Un sistema que se pretenda seguro debe contar con que las personas pueden fallar; de hecho, fallamos a diario. Por eso debe garantizar una formación adecuada y unas condiciones de trabajo que permitan aplicar lo aprendido, además de disponer de barreras técnicas que impidan que una equivocación termine en catástrofe.
Mantener no da votos; inaugurar, sí
Este asunto nos demuestra la existencia del grave problema —de fondo— que lo propicia: la conservación de los servicios públicos apenas produce rédito electoral. Una línea nueva permite cortar una cinta; mantener en condiciones la que lleva treinta años funcionando rara vez merece una fotografía.
El beneficio del mantenimiento consiste, precisamente, en que no suceda nada. Y a nuestros gobernantes les cuesta encontrar rendimiento electoral en esa normalidad, aunque garantizarla sea una de las principales razones por las que les confiamos la administración de lo que es de todos.
En este eterno y vertiginoso presente en el que vivimos, el calendario de las urnas se impone al de las necesidades reales. Formar a los profesionales que habrán de sustituir a quienes se jubilan exige empezar años antes, cuando su ausencia todavía no se nota.
Una red ferroviaria necesita inversiones sostenidas cuyo destino debe decidirse con criterio técnico. Son obligaciones que encajan mal en una administración pendiente del próximo titular o del próximo tuit. Se promete en los segundos que dura un vídeo de TikTok, pero después se ejecuta a trompicones y se deja al siguiente responsable una factura que crece en silencio.
Llevamos más de quince años entre crisis, restricciones y soluciones provisionales, consumiendo la resistencia del patrimonio recibido. Como cigarras convencidas de que nunca llegará el invierno, confundimos lo que todavía aguanta con lo que está bien cuidado. La casa sigue siendo hermosa desde la calle, pero vendemos la vajilla de la abuela para pagar la fiesta mientras nadie revisa las vigas.
Las ayudas europeas recibidas en estos últimos cinco años nos han ofrecido una oportunidad extraordinaria, pero esos recursos se transfirieron para transformar el país y mejorarlo.
La subvención puede pagar el estreno, y está muy bien, siempre que alguien haya previsto cómo sostener después el funcionamiento. Si esa cuenta queda fuera del anuncio, la modernización se convierte en una colección de inauguraciones con fecha de caducidad, trampantojos que quienes viven de ellos se empeñan en hacernos pasar por progreso.
En la justicia conocemos bien esa distancia entre los objetivos proclamados y los medios disponibles. A ella he dedicado ya demasiados artículos.
Se suceden las reformas y, al final, volvemos al mismo sitio: su funcionamiento descansa en el esfuerzo adicional de quienes trabajamos dentro.
La calidad de una reforma debe juzgarse por lo que permite hacer en las condiciones reales de una oficina judicial. Cambiar el organigrama no aumenta la plantilla ni convierte en fiables las aplicaciones que fallan a diario. Tampoco desaparece el atasco porque cambie el rótulo de la puerta.
El deterioro de lo público es un impuesto encubierto
Lo más desolador de este estado de cosa se va decantando como un veneno invisible. El ciudadano deja de reclamar calidad y se contenta con celebrar mínimos. Después de una tragedia como esta, exigir puntualidad o comodidad parece fuera de lugar. Y nos conformamos con llegar vivos.
Yo he conocido un AVE que te indemnizaba si llegaba cinco minutos tarde y en el que podías dejar una taza de café sobre la mesita sin que se derramara una gota. Me resisto a aceptar que recordar aquello sea pedir demasiado.
El empobrecimiento de los trabajadores tiene otros parámetros además de su nómina. Una familia pierde nivel de vida si tiene que pagar por la atención que sus impuestos tendrían que garantizarle. También cuando una demora judicial mantiene bloqueados los ahorros que necesita.
Aunque conserve su salario, vive peor. El deterioro de los servicios públicos funciona como un impuesto encubierto y profundamente desigual, también si se produce bajo gobiernos que se presentan como progresistas. Quien tiene recursos compra alternativas; quien carece de ellos solo tiene la espera. Y quien dispone de contactos encuentra a veces puertas que los demás ni siquiera saben que existen.
Por eso me irrita tanto la protección de los entornos partidistas: la cercanía al poder les garantiza la tranquilidad que se niega al ciudadano corriente. La igualdad se convierte en mera propaganda porque recibir una atención razonable depende de conocer a alguien o, a falta de contactos, de tener a los hados de tu parte.
Invertir más será imprescindible donde falten medios, eso es evidente. Pero también necesitamos gastar mejor, de manera que el mantenimiento de nuestros deteriorados servicios públicos no siga quedando para cuando sobre dinero.
Las promesas deben contrastarse con los resultados, y quienes las hicieron han de explicar por qué no se cumplieron. Eso exige compromisos presupuestarios que sobrevivan a una legislatura y permitan formar a los profesionales antes de que su ausencia resulte irremediable.
Gobernar supone custodiar bienes que tenemos la obligación de entregar en condiciones a quienes vengan después. Consumirlos para sostener el presente electoral es hacer pagar nuestra comodidad a quienes todavía no pueden defender sus intereses.
Las elecciones del 29 de noviembre están a menos de un mes. Volverán los balances triunfales, acompañados de promesas que deberemos comparar con las de la campaña anterior.
Antes de depositar la papeleta, tenemos que preguntarnos quién merece nuestra confianza para conservar lo que tenemos y si lo que propone cuenta con recursos que permitan sostenerlo más allá de las próximas elecciones.
Un país que pretende estar a la vanguardia debe demostrarlo en la fiabilidad de los servicios de los que depende la vida cotidiana de sus ciudadanos. La casa de la abuela no durará eternamente. Nuestros hijos también tienen derecho a heredar algo más que la fachada, que, al ritmo que vamos, puede que tampoco encuentren en pie.
