«En la ciudad, la calma; las magistraturas conservaban los mismos nombres; los jóvenes habían nacido después de la victoria de Accio, y aun la mayoría de los viejos durante las guerras civiles: ¿cuántos quedaban que hubieran visto la república?» — Tácito, Anales, I, 3.
En el otoño del año 322 antes de Cristo, la democracia más célebre de la historia sufrió una ruptura que nadie se molestó en disimular y, sin embargo, conservó sus instituciones.
Atenas acababa de perder la guerra lamíaca. Antípatro, regente de Macedonia tras la muerte de Alejandro, había vencido a los griegos coaligados en Cranón y dictó sus condiciones a una ciudad que ya no podía discutirlas: una guarnición macedonia en el puerto de Muniquia, el pago de los gastos de la guerra y la entrega de los oradores que la habían alentado.
Y una cláusula más, de apariencia técnica, que fue la que de verdad cambió el régimen: en adelante sólo conservarían los derechos políticos los ciudadanos con un patrimonio superior a dos mil dracmas.
Plutarco cifra en 12.000 los atenienses que quedaron fuera del cuerpo cívico; los manuscritos de Diodoro hablan de 22.000, y muchos de ellos acabaron asentados en Tracia.
Unos 9.000, los que alcanzaban el censo, siguieron gobernando la ciudad. Pero la Asamblea no se disolvió y las magistraturas no cambiaron de nombre. Bastó con decidir quién contaba. La ruptura no se hizo contra las instituciones, sino a través de ellas.
Aquel otoño se cerró con dos muertes que parecen escritas por un dramaturgo. En la isla de Calauria, refugiado en el templo de Poseidón, Demóstenes se quitó la vida antes de caer en manos de los hombres de Antípatro; según la versión que recoge Plutarco, llevaba el veneno en el cálamo con el que escribía y lo mordió fingiendo que buscaba las palabras de una última carta.
En Calcis, ese mismo año, murió Aristóteles, el hombre que había dedicado media vida a estudiar y clasificar las constituciones de su tiempo. Con ellos se fueron el último gran orador de la democracia ateniense y su más minucioso anatomista. La Asamblea, en cambio, siguió reuniéndose.
Conviene retener la lección, porque es la que el presente se empeña en olvidar. Las democracias no siempre mueren de un golpe; a veces les basta una cláusula.
Y Occidente lleva años vigilando la puerta por si aparece el tirano, sin reparar en el censo que se está redactando dentro.
El año en que el mundo volvió a 1978
El instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, autor de la medición más exhaustiva de la calidad democrática que existe, ha titulado su informe de 2026 con una pregunta que hace una década habría sonado a provocación: Unraveling the Democratic Era?, ¿se deshace la era democrática?
Sus datos invitan a borrar los signos de interrogación. Para el ciudadano medio del planeta, el nivel de democracia ha retrocedido al de 1978. La fecha tiene para un lector español una resonancia particular: es el año de nuestra Constitución. Los avances de la llamada tercera ola, la que empezó en Lisboa en abril de 1974 y pasó por Madrid antes de llegar a Seúl, a Varsovia o a Santiago de Chile, están, según el informe, casi borrados.
Lo relevante para esta columna no es el promedio mundial, que siempre arrastran las autocracias de siempre, sino lo que ocurre en casa.
El nivel democrático del ciudadano medio de Europa occidental y Norteamérica es el más bajo en más de medio siglo, sobre todo por lo sucedido en Estados Unidos, que ha perdido por primera vez en más de cincuenta años la condición de democracia liberal para quedar clasificado como democracia electoral.
En un solo año, su puntuación en el índice de democracia liberal ha caído un 24 % y el país ha descendido del puesto 20 al 51 de un total de 179.
Entre los diez países que el informe incorpora a la lista de los que están en proceso de autocratización figuran también el Reino Unido e Italia, y el fenómeno alcanza ya a siete Estados miembros de la Unión.
Autocratizarse, en el léxico de V-Dem, no significa convertirse en una dictadura; significa retroceder. Pero el retroceso ha dejado de ser una enfermedad de la periferia.
La opinión pública cuenta lo mismo desde abajo. Según el informe Jóvenes Españoles 2026 de la Fundación SM, el 68 % de los españoles de entre 15 y 29 años está poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia, y casi la mitad, un 47,4 %, cree que un régimen autoritario podría mantener mejor la paz social.
El apoyo al sistema, que en 2019 superaba el 80 % según el CIS, ronda el 60 % en este último estudio.
En julio, a propósito de los 250 años de la república norteamericana, sostuve que el peligro estaba dentro y que las repúblicas las entregan quienes se cansan de defenderlas.
Mantengo el diagnóstico, pero hay que añadirle algo más incómodo: aunque nadie se cansara, las condiciones que hicieron posible la democracia de posguerra están cambiando, y empujan todas en la misma dirección.
La tesis de esta columna es que esas cifras describen algo más que un retroceso: una transformación que puede conservar las instituciones mientras les sustrae la capacidad de decidir. Para que ocurra no hace falta derogar nada ni cerrar un solo parlamento.
Basta con que se siga votando sobre cada vez menos cosas y deliberando cuando las decisiones ya están tomadas, como ocurrió en Atenas en 322 o en la Roma de Augusto.
Ese es el rumbo que marca el mundo que viene, y hoy es la tendencia dominante en las dos orillas del Atlántico.
Los entierros prematuros
El argumento contrario merece toda su fuerza, porque es serio. La democracia lleva más de un siglo siendo enterrada y sigue saliendo de la tumba.
En 1918, Oswald Spengler publicó el primer volumen de La decadencia de Occidente y convenció a media Europa de que la civilización liberal había entrado en su otoño.
En 1975, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki entregaron a la Comisión Trilateral un informe titulado La crisis de la democracia, cuya presentación evocaba precisamente el pesimismo spengleriano de los años veinte; Huntington diagnosticaba allí, para Estados Unidos, un «exceso de democracia».
Catorce años después caía el Muro de Berlín y la democracia liberal vivía la mayor expansión de su historia. Quien apueste contra ella tiene en contra el registro histórico.
Tiene en contra, además, un hecho reciente.
El 12 de abril de 2026, Hungría, que durante dieciséis años había servido de laboratorio a la llamada democracia iliberal, desalojó a Viktor Orbán en las urnas. La participación batió todos los registros, cerca del 80 %; el partido de Péter Magyar obtuvo más de dos tercios del Parlamento, y Orbán reconoció la derrota esa misma noche con una fórmula que cualquier demócrata suscribiría: el resultado era doloroso, pero claro.
El sistema que se había hecho a medida no pudo con los votos. El propio V-Dem, por lo demás, registra dieciocho países que avanzan en sentido contrario: la tendencia no es un destino.
Y la propia Atenas, por cierto, recuperó su democracia 15 años después de Antípatro. Aunque conviene leer cómo. Diodoro cuenta que, en 307, la Asamblea, agradecida a Demetrio Poliorcetes, el príncipe macedonio que la había restablecido, votó estatuas de oro para él y para su padre, les consagró un altar como salvadores y creó dos tribus nuevas que llevaban sus nombres.
El pueblo recuperó la constitución de sus antepasados de manos de una dinastía a la que acto seguido honró como a dioses.
La objeción, por tanto, prueba menos de lo que aparenta.
Hungría demuestra que una democracia todavía puede echar a un hombre. No demuestra que pueda resistir a las fuerzas que no se presentan a las elecciones.
Orbán era un problema con nombre y apellidos, y los problemas con nombre se resuelven votando otro nombre. Lo que está transformando las democracias occidentales no tiene candidato ni sede electoral.
La alternancia puede corregir algunas de esas fuerzas —una mayoría nueva puede reforzar controles, revisar delegaciones o devolver competencias al parlamento—, pero no dominarlas todas, y a ninguna se la derrota en un solo domingo.
La restauración ateniense de 307 enseña lo mismo por otra vía: la democracia volvió, pero ya no como soberana, sino como concesión de un poder exterior que la ciudad no estaba en condiciones de discutir.
En cuanto a los profetas de 1918 y de 1975, se equivocaron de fecha porque la democracia contaba entonces con tres aliados: crecimiento, un enemigo exterior que daba sentido a la libertad, y tiempo. Los tres escasean ahora.
Tres censos sin dracmas
En el siglo XXI nadie va a exigir dos mil dracmas para votar. El sufragio universal es probablemente la institución más segura de Occidente, precisamente porque ha dejado de ser la decisiva.
El censo que viene no excluye votantes: excluye materias. No reduce quién decide, sino qué se decide. Conviene precisar, sin embargo, dónde está el punto de ruptura, porque delegar no es lo mismo que vaciar.
La delegación no vacía por sí sola la democracia; la vacía cuando quienes reciben el poder dejan de responder ante quienes lo delegaron, o cuando estos pierden la posibilidad efectiva de recuperarlo. Con esa vara hay que medir el censo que viene, que opera, al menos, por tres vías.
El censo de la velocidad. El mundo que viene es un mundo de guerra, de rearme, de cadenas de suministro que se cortan y de crisis que llegan sin aviso, y esa realidad no tiene paciencia para el ritmo de un parlamento.
Se gobierna por decreto, por estado de excepción, por consejo de seguridad. Los romanos conocieron el problema y le dieron una solución jurídica admirable: el dictador, magistrado extraordinario con poderes casi absolutos, ejercía el cargo seis meses como máximo, y lo habitual era que lo devolviera antes si la crisis pasaba.
La república convivió durante siglos con sus dictadores precisamente porque la excepción tenía fecha de caducidad, y empezó a perderse cuando Sila primero y César después convirtieron el plazo en una formalidad, hasta que el segundo se hizo nombrar dictador perpetuo.
Las emergencias contemporáneas no caducan: se prorrogan, se encadenan y terminan por normalizarse. Cada crisis deja tras de sí una competencia que el ejecutivo ya no devuelve.
El censo del dinero. La democracia de posguerra fue, entre otras cosas, un mecanismo para repartir crecimiento. Mientras la tarta crecía, las mayorías podían discutir el tamaño de las porciones sin que nadie saliera arruinado.
El mundo que viene es de deuda, envejecimiento y crecimiento escaso, y una democracia que ya no reparte ganancias sino pérdidas descubre que esa tarea se tolera mal en las urnas. Por eso se la saca de ellas. Las reglas fiscales, la condicionalidad de los bancos centrales y el juicio de los mercados sobre la deuda soberana deciden más sobre la vida de un ciudadano que el voto que deposita, y nada de eso se vota.
No es una conspiración, ni en muchos casos un error: hay excelentes razones liberales para que la moneda no dependa del calendario electoral, y un banco central que rinde cuentas y cuyo mandato puede revisar el legislador no vacía nada.
El problema empieza cuando el perímetro de lo no votable crece sin que nadie conserve ya la capacidad de redibujarlo. Lo escribí en septiembre a propósito de la deuda: cuando el Estado no puede pagar, no paga, y decide él mismo cómo. Lo que hoy añado es que esa decisión se toma, por necesidad, lejos de quien la va a sufragar.
El censo de la competencia. El tercero es el más silencioso y será el más profundo. La complejidad técnica de las decisiones públicas —la inteligencia artificial, la transición energética, la ciberseguridad, la salud pública— crece más deprisa que la capacidad de cualquier elector, y de casi cualquier parlamentario, para juzgarlas.
La respuesta natural es delegar en agencias, en comités de expertos y, cada vez más, en sistemas automatizados cuyo funcionamiento ni sus propios operadores saben explicar del todo, lo que dificulta exigir razones y ejercer un control efectivo sobre sus decisiones.
Quien trabaja a diario con inteligencia artificial aplicada al Derecho sabe que esa tentación no es sólo de los tecnócratas, sino de todos: es más cómodo obedecer un resultado que discutir un argumento. El censo de Antípatro exigía patrimonio. El del siglo XXI exige pericia, y no la exige para votar, sino para que el voto signifique algo.
Los tres censos convergen en una figura que Tucídides describió hace 2.500 años. Al trazar el elogio de Pericles, el historiador escribió que Atenas era de nombre una democracia y de hecho el gobierno del primer ciudadano.
Lo decía en su honor: Pericles conducía al pueblo en lugar de dejarse conducir por él. El porvenir que se dibuja es la versión degradada de esa fórmula. El primer ciudadano ocupa el escenario y se legitima por aclamación; el experto ocupa el expediente y se legitima por competencia; al pueblo le queda la escenografía.
Que líderes plebiscitarios y tecnócratas parezcan enemigos no es una contradicción. Son las dos mitades de la misma operación: unos se quedan con la emoción, otros con la materia, y entre ambos vacían el espacio que ocupaba la democracia representativa.
El rival que también dice democracia
Ninguno de esos censos sería tan apremiante si Occidente no tuviera enfrente un competidor que ofrece justamente lo que la democracia empieza a no poder dar. Y lo más revelador de ese competidor es que no rechaza la palabra.
En diciembre de 2021, la Oficina de Información del Consejo de Estado chino publicó un libro blanco titulado China: una democracia que funciona, donde la llamada democracia popular de proceso completo se presenta como una democracia verdadera que integra la democracia de procedimiento con la democracia de resultados.
El texto contiene una frase que merece leerse despacio: «la democracia no es un adorno decorativo, sino un instrumento para resolver los problemas» que preocupan al pueblo.
Sería fácil despachar el documento como propaganda, y en buena medida lo es: un régimen de partido único, sin alternancia ni tribunales independientes, no se convierte en democracia por proclamarlo. Pero el libro blanco no está escrito para convencer a los juristas de Ginebra.
Está escrito para un mundo en el que la legitimidad se mide cada vez más por resultados y cada vez menos por procedimientos, y en ese terreno la propuesta china es una amenaza más seria que cualquier ejército. No disputa a Occidente el valor de la democracia; le disputa la definición. Le dice que el nombre es compatible con cualquier contenido, siempre que el contenido funcione.
Lo inquietante es que Occidente, sin confesarlo, ha empezado a aceptar ese terreno de juego. Cada vez que un gobierno europeo justifica una decisión sustraída al debate parlamentario por su eficacia, cada vez que un presidente norteamericano opone su mandato directo a jueces y congresistas, se está aceptando la premisa del libro blanco: que la democracia se juzga por lo que entrega y no por cómo decide. Pekín no necesita exportar su modelo. Le basta con que el nuestro se mida con su vara. En el mundo que viene competirán dos sistemas que se llamarán igual, y el que llegue antes a los resultados se quedará con el nombre.
Lo que se conserva es el nombre
Roma conoció la operación en su forma más perfecta. Augusto no abolió la república; presumió de haberla restaurado. El Senado siguió reuniéndose, los cónsules siguieron eligiéndose y dando su nombre a los años, los comicios siguieron votando leyes durante un tiempo.
Tácito, que escribía un siglo más tarde con la lucidez amarga de un senador, lo resumió en tres palabras latinas al abrir sus Anales: los magistrados conservaban los mismos nombres. Todo seguía en su sitio, salvo lo único que importaba, que era dónde se tomaban las decisiones.
Los juristas tenemos una regla antigua para estas situaciones: las cosas son lo que son, y no lo que las partes dicen que son. Un contrato no cambia de naturaleza porque se le ponga otro título en el encabezamiento. La regla vale también para los regímenes políticos, pero con una dificultad añadida, y es que en política no hay un juez que recalifique el contrato.
El nombre lo pone quien manda, y quien manda tiene todo el interés en que siga siendo el mismo. Por eso las democracias que se vacían no lo anuncian. Nunca se habla tanto de democracia como cuando empieza a faltar.
Tácito cerró aquel pasaje con una pregunta que puede trasladarse sin cambiar una coma: ¿cuántos quedaban que hubieran visto la república? En Roma, la respuesta era casi nadie. En España, los jóvenes han nacido en democracia, y aun así la pregunta empieza a tener sentido por otra razón.
Un español de 25 años nació en 2001: tenía 7 cuando estalló la crisis financiera, entró en la juventud con una pandemia y llega a la edad adulta sin acceso a una vivienda.
Nunca ha visto a la democracia cumplir lo que prometía. No es extraño que casi la mitad de sus contemporáneos se pregunte si un régimen autoritario no mantendría mejor la paz.
El desencanto no equivale todavía a un rechazo mayoritario. Lo que muchos no han conocido es la confianza en que su voto pueda cambiar sus condiciones de vida.
Para los 9.000 que contaban, la vida pública ateniense siguió pareciéndose mucho a la de antes: la Asamblea seguía convocándose, los magistrados seguían eligiéndose y ellos seguían votando.
Los que no contaban sí lo supieron desde el primer día, y muchos estaban ya lejos.
