Le toca a él. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, declara este miércoles como acusado en la Audiencia Nacional en el juicio de la pieza dos del ‘caso Lezo’.
El procedimiento gira en torno a dos contratos del Canal de Isabel II vinculados a un campo de golf.
El juicio afronta así su recta final, la fase de las declaraciones de los acusados.
Después de González hablará Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal entre 2003 y 2009. Cerrarán el turno los tres socios de Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, TCT, la empresa que recibió las adjudicaciones bajo sospecha: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero.
Los dos últimos son, respectivamente, hermano y cuñado del expresidente.
Todos negaron los hechos en la primera sesión de la vista.
Para cada uno de ellos, Anticorrupción solicita seis años de prisión como autores de delitos de cohecho o cooperadores necesarios en ellos, además de una multa de 550.000 euros.
Una cubierta, un modificado y un subcontrato
La historia, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, arranca en 2002. Ese año, el Canal de Isabel II firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Madrid para abrir al uso público varias de sus instalaciones.
Para ello convocó un concurso: la construcción de la cubierta de su tercer depósito.
El punto de inflexión llega en junio de 2004. La Fiscalía sostiene que la dirección del Canal, en manos de Ildefonso de Miguel y de Ignacio González, entonces vicepresidente regional, impulsó un modificado de aquel concurso “con el fin de beneficiar a familiares de este último”. Y lo hizo, añade, cuando la magnitud de los cambios obligaba a convocar una licitación nueva.
El mecanismo que describe la acusación pública pasaba por Dragados. Según Anticorrupción, ambos acordaron con la constructora que el Canal le adjudicaría directamente el modificado, pero con una condición: subcontratar parte de los trabajos con TCT.
Los familiares del expresidente, siempre según la Fiscalía, ocultaron su participación en la sociedad mediante personas interpuestas para que no se detectara el vínculo.
El Consejo de Administración del Canal aprobó el modificado y su adjudicación directa a Dragados el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González y De Miguel.
El resultado, en palabras del Ministerio Público, fue que TCT, “empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados”, se interpuso sin necesidad en ambas adjudicaciones. Su beneficio, calcula Anticorrupción, alcanzó al menos 504.780 euros procedentes de fondos públicos.
Aguirre: la idea fue suya, la adjudicación no
Cuando ocurrieron los hechos, González era el número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno regional del Partido Popular.
La expresidenta ya ha pasado por la sala, como testigo. Se desvinculó de la adjudicación de las obras, aunque admitió que la idea del campo de golf fue suya. Recordó también que dimitió por “responsabilidad política” tras la detención de quien entonces era su mano derecha.
Ahora es González quien debe dar su versión ante el tribunal.
