El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) advierte de que el nuevo sistema de reducciones fiscales del alquiler dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aumenta el riesgo de errores y sanciones. También reclama actualizar las cuantías fiscales que llevan años sin adaptarse a la inflación.
El REAF, órgano especializado del Consejo General de Economistas de España (CGE), ha reclamado una simplificación de la normativa tributaria para mejorar la seguridad jurídica de los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La advertencia se ha producido con motivo de las Jornadas Anuales del REAF, celebradas los días 5 y 6 de noviembre en Oviedo, donde los especialistas han puesto el foco en tres cuestiones: la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI), la complejidad de las reducciones fiscales del alquiler y la falta de actualización de determinadas cuantías tributarias.
Entre sus propuestas destaca elevar el mínimo personal del IRPF de 5.550 a 7.200 euros, una cantidad que permanece congelada desde 2015 y que, según los economistas, debería revisarse para reflejar el incremento de los precios.
Hasta 13 porcentajes diferentes para las reducciones del alquiler
Una de las principales críticas del REAF se dirige al nuevo esquema de reducciones fiscales aplicables al alquiler de viviendas, regulado, según la nota de prensa, en el Real Decreto-ley 29/2026.
El sistema contempla hasta 13 porcentajes diferentes, una complejidad que, según los asesores fiscales, dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias y genera inseguridad jurídica.
El presidente del REAF, Agustín Fernández, ha advertido de que este grado de detalle en el cálculo de impuestos puede provocar errores involuntarios, discrepancias interpretativas, regularizaciones y un mayor riesgo de sanciones, especialmente cuando los beneficios fiscales dependen de circunstancias cuya acreditación no resulta sencilla.
Los economistas consideran que los incentivos fiscales pueden favorecer el alquiler residencial y los precios asequibles, pero pierden eficacia cuando los contribuyentes encuentran dificultades para comprenderlos y aplicarlos correctamente.
También defienden que las ventajas tributarias deben acompañar las políticas de vivienda, sin convertirse en el principal instrumento para condicionar las decisiones patrimoniales de los ciudadanos.
Reclaman evitar las retenciones a los perceptores del salario mínimo
Otra de las cuestiones planteadas afecta a la tributación de impuestos de los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional.
El presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, considera necesario establecer un mecanismo automático que evite introducir modificaciones fiscales cada vez que aumenta el SMI.
«Si la voluntad del legislador es que estos trabajadores no tributen por sus salarios, resulta más razonable evitar que se les practiquen retenciones que obligarlos a presentar la declaración del IRPF para recuperar, mediante una deducción, las cantidades previamente retenidas», señala.
Los economistas advierten de que, si el SMI aumenta otro 5% en 2027 y se aproxima a los 18.000 euros anuales, continuará reduciéndose la distancia respecto al salario medio, situado alrededor de los 32.000 euros.
Más exenciones en impuestos
El REAF también reclama actualizar diferentes importes fiscales que considera desfasados por la inflación.
Además del mínimo personal del IRPF, propone elevar de 11 a 14 euros diarios la exención de los cheques restaurante y aumentar de 2.000 a casi 2.600 euros el límite de gastos de difícil justificación para empresarios y profesionales en estimación directa simplificada.
También cuestiona que el umbral para declarar operaciones con terceros mediante el modelo 347 continúe establecido en 3.005,06 euros anuales, una cantidad procedente de las antiguas 500.000 pesetas.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, plantea incrementar de 300.000 a 432.000 euros la exención por vivienda habitual, tomando como referencia el aumento acumulado del precio de la vivienda entre 2011 y 2025.
Desde el REAF advierten de que la falta de actualización de estas magnitudes provoca un incremento de la presión fiscal sin que necesariamente haya aumentado la capacidad económica de los contribuyentes.
