La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una nueva normativa que sustituye a la vigente desde 1999. La reforma reorganiza los servicios jurídicos autonómicos, establece nuevos requisitos para acceder al cargo de Abogado General y crea una Secretaría Técnica.
La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, 5 de noviembre, la nueva Ley de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, una norma que sustituye a la legislación vigente desde 1999 y que introduce cambios en la organización y funcionamiento de los servicios jurídicos de la Administración autonómica.
La reforma, impulsada con el objetivo de modernizar estos servicios y reforzar su independencia, modifica tanto los requisitos para ocupar la máxima responsabilidad de la Abogacía General como la distribución de las funciones que desempeñan sus profesionales.
Una de las principales novedades afecta directamente a la figura del Abogado General, que deberá pertenecer a un cuerpo de letrados de las Administraciones públicas, preferentemente de la Comunidad de Madrid, y acreditar al menos diez años de experiencia profesional.
De esta manera, la nueva regulación incorpora requisitos específicos de pertenencia a un cuerpo de letrados y trayectoria profesional para acceder a la dirección del órgano encargado de los servicios jurídicos de la Administración regional.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que se dota a la Comunidad de Madrid de “una Abogacía General más moderna, eficaz, independiente y adaptada a los retos jurídicos del futuro”.
“Esta ley no crea una nueva Abogacía General. Su labor seguirá estando, como hasta ahora, al servicio de la Administración autonómica y del interés general de los madrileños”, ha aseverado.
Separación entre el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales
Otro de los cambios relevantes se encuentra en la estructura interna de la Abogacía General, que distinguirá las funciones de asesoramiento jurídico de aquellas relacionadas con la representación y defensa de los intereses públicos ante los tribunales.
Para ello, el órgano contará con dos áreas diferenciadas: la Dirección de Asesoramiento Jurídico y la Dirección de Litigios.
La primera estará vinculada a las labores de asesoramiento jurídico, mientras que la segunda se ocupará de las funciones relacionadas con la representación y defensa de los intereses públicos en sede judicial.
Esta diferenciación constituye uno de los elementos centrales de la reorganización contemplada en la ley, que pretende adaptar el funcionamiento de los servicios jurídicos a las necesidades actuales de la Administración autonómica.
Una nueva Secretaría Técnica para apoyar a los letrados
La reforma también contempla la creación de una Secretaría Técnica, concebida como un órgano de apoyo a la Abogacía General.
Entre sus competencias estarán la coordinación y elaboración de estudios especializados, la formación de los letrados y el impulso de la digitalización de los servicios jurídicos.
Junto a esta nueva estructura, la ley introduce modificaciones en el sistema de informes jurídicos de la Administración regional.
En concreto, la normativa renueva el régimen de los informes jurídicos, aclara su contenido y establece una diferenciación respecto de las consultas jurídicas.
Además, amplía la utilización de estas últimas por parte de los distintos órganos de la Administración autonómica, incorporando así cambios en los mecanismos de consulta y asesoramiento jurídico.
Más de 80 juristas integran el Cuerpo de Letrados de Madrid
La nueva ley también aborda la regulación del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, integrado actualmente por más de 80 juristas.
Según la información facilitada por el Gobierno regional, esta regulación tiene como finalidad preservar la cualificación profesional, el carácter técnico, la independencia y la imparcialidad de los integrantes del cuerpo.
Estos principios forman parte de los objetivos de una reforma que modifica el marco normativo bajo el que trabajan los profesionales encargados de prestar asesoramiento jurídico y defender los intereses de la Comunidad de Madrid ante los órganos judiciales.
Con su aprobación parlamentaria, la Comunidad de Madrid sustituye una legislación que llevaba 27 años vigente e introduce una nueva organización para sus servicios jurídicos, con requisitos profesionales específicos para su dirección, una distribución diferenciada de funciones y nuevas herramientas de apoyo técnico.
