El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como testigo el próximo 24 de noviembre a Cintia Rocho, una mujer supuestamente vinculada a un presunto clan de narcotráfico de Badajoz que habría escuchado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada hablar de «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma, que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.
La citación se ha acordado mediante una providencia de este viernes, a partir de las 10.15 horas, en la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El nombre de Rocho trascendió después de que declarara como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el informe que recoge su testimonio, manifestó que Sáenz de Tejada le dijo que Biedma «era un puto grano en el culo y había que eliminarla», y que la intención, según su relato, era «causarle daño físico».
El exmagistrado negó haber contactado con Rocho para pedirle que «eliminara» a Biedma. Al declarar como investigado, afirmó que «Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto».
Sáenz de Tejada también aseguró que no recuerda cuándo habló de «eliminar a Biedma», aunque sostuvo que se refería «a un proceso judicial evidentemente» y que el mensaje estaba «sacado totalmente fuera de contexto».
La jueza de Badajoz Beatriz Biedma había insistido en varias ocasiones ante Pedraz en que Rocho fuera llamada a declarar como testigo, al considerar que su testimonio era «necesario» para el desarrollo de la investigación.
Sáenz de Tejada está investigado por su presunta vinculación con una trama destinada a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del presidente Pedro Sánchez. Según la investigación, la trama habría sido dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
El Registro Civil no tiene el pasaporte de la abuela de Villalobos
En otra diligencia, Pedraz ha comunicado a las partes que el Registro Civil Central ha remitido documentación sobre el expediente de nacionalidad del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, que la obtuvo a través de la denominada ‘ley de nietos’, prevista en la Ley de Memoria Democrática para descendientes de exiliados.
Villalobos está investigado por una presunta falsedad para obtener la nacionalidad española. El pasado octubre se negó a declarar ante el juez, que le había requerido los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española. Entonces, se ofreció a comparecer cuando el Registro Civil respondiera, alegando que no disponía de esos documentos.
En un escrito dirigido a Pedraz este jueves, el Registro Civil Central señala que, respecto al certificado de nacimiento de la abuela, consta una fotocopia de un libro manuscrito con sello en color del Registro Civil de Jerez de la Frontera y fecha de expedición de 6 de junio de 2023. Sin embargo, indica que no se aprecia la firma de la letrada de la Administración de Justicia encargada ni de un funcionario delegado.
En cuanto al pasaporte original, el órgano señala que no está incorporado al expediente ni fue presentado ante esa oficina. Lo que figura es una copia incluida en un acta notarial, en la que el notario hizo constar que el original le fue exhibido y posteriormente devuelto.
El Registro Civil Central concluye que, al no existir documentos originales incorporados al expediente, remite un escaneo de la forma en que fueron aportados y deja a disposición del juez el expediente registral original, por si considera necesaria su presentación.
Villalobos había comunicado a Pedraz que la documentación para solicitar la nacionalidad fue presentada presencialmente y en papel ante el Registro Civil Central, por lo que entendía que debía ser esa Administración la que la aportara.
Por su parte, distintos cargos del Ministerio de Justicia citados como testigos para aclarar la concesión de la nacionalidad al exviceministro de Hugo Chávez negaron haber observado irregularidades en el procedimiento. Fuentes del entorno de Villalobos sostienen que se trató de un trámite ordinario conforme a la ley y que no tiene nada que ocultar.
