Conseguir un empleo no garantiza tener una carrera profesional. Esta es la premisa del proyecto «Bono Talento TEA, Proyecto Bosco», una iniciativa que propone incorporar cláusulas específicas a los contratos laborales para asegurar la formación continua y la promoción profesional de las personas autistas, acompañadas de incentivos fiscales para las empresas.
La propuesta ha ganado la II Edición del Desafío Pro Bono España, impulsado por la Fundación Pro Bono España, y ha sido desarrollada por Irene Gútiez, María de Montes-Jovellar y Yadira Lara, estudiantes del Centro de Estudios Garrigues, con el asesoramiento jurídico de A&O Shearman, Ramón y Cajal Abogados y Squire Patton Boggs.
El objetivo es abordar una realidad que suele quedar relegada a un segundo plano: las dificultades que encuentran las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) no solo para acceder al mercado laboral, sino también para progresar una vez contratadas.
Según datos de Autismo Europa recogidos por la Confederación Autismo España, entre el 76 % y el 90 % de las personas adultas autistas están desempleadas y no desarrollan ninguna actividad productiva o laboral.
En España se estima que alrededor de 500.000 personas tienen autismo.
Una adenda contractual para garantizar la formación y la promoción
El proyecto parte de una situación frecuente: personas autistas que, pese a contar con la cualificación necesaria, terminan desempeñando tareas repetitivas, sin estímulos suficientes ni oportunidades de desarrollo profesional.
Para corregir esta situación, las tres estudiantes han diseñado el «Bono Talento TEA», concebido como una adenda al contrato de trabajo que incorpore compromisos específicos de formación continua, seguimiento y progresión profesional.
La propuesta busca reforzar derechos que ya reconoce el Estatuto de los Trabajadores, concretamente los artículos 4.2.b) y 23, relativos a la promoción y la formación profesional en el trabajo.
Su principal novedad consiste en trasladar esos derechos a un instrumento contractual adaptado a las necesidades de las personas autistas, de modo que su desarrollo profesional no dependa exclusivamente de iniciativas voluntarias de las empresas.
Además, plantea modificar el régimen de deducciones fiscales del Impuesto sobre Sociedades para incentivar a las compañías que incorporen estas medidas a sus políticas de recursos humanos.
No se trata, por tanto, de una nueva obligación legal ya aprobada, sino de una propuesta de reforma que combina instrumentos laborales y fiscales.
Tres despachos y Autismo España, implicados en el desarrollo jurídico
Durante un año, las estudiantes han trabajado junto a abogados de A&O Shearman, Ramón y Cajal Abogados y Squire Patton Boggs para analizar la normativa vigente, estudiar experiencias europeas y diseñar las herramientas jurídicas necesarias.
También han contado con la colaboración de la Confederación Autismo España, que ha aportado su conocimiento sobre las dificultades reales que afronta el colectivo en el ámbito laboral.
Uno de los principales desafíos ha consistido en garantizar que las medidas propuestas sean compatibles con los principios de igualdad de trato, no discriminación y adaptación razonable.
Asimismo, el equipo ha estudiado cómo integrar los planes de formación, evaluación y seguimiento en la gestión ordinaria de las empresas para garantizar su continuidad.
La Confederación Autismo España contribuirá ahora a trasladar la propuesta a foros nacionales e internacionales y a espacios de diálogo donde pueda impulsar futuros cambios regulatorios.
Más de 70 estudiantes y 17 proyectos jurídicos
El proyecto ganador se ha presentado este 6 de noviembre, en Madrid, durante la clausura de la segunda edición del Desafío Pro Bono España, celebrada en la sede de la Confederación Autismo España.
Esta convocatoria, que ha contado con la colaboración de Fundación Caser, Fundación Nemesio Díez y Repsol, ha reunido a más de 70 estudiantes de Derecho y recibido 17 candidaturas procedentes de 14 clínicas jurídicas universitarias.
Además del proyecto ganador del Centro de Estudios Garrigues, se seleccionó una iniciativa de la Universidad de Alcalá, centrada en la fibromialgia, y otra de IE Law School, dedicada a la figura del facilitador procesal.
Durante la clausura también se abordó la evolución de los derechos de las personas con discapacidad a partir de la Convención de Naciones Unidas y de las reformas legislativas españolas.
En el debate participaron representantes de CERMI, COCEMFE y Fundación Prodis, junto con David Cubero, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y delegado de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia.
La Fundación Pro Bono España, que cuenta con una red de 45 despachos, cuatro asesorías jurídicas empresariales y once abogados individuales, pretende con este certamen acercar a los futuros juristas a problemas sociales reales.
El «Bono Talento TEA» refleja esa filosofía: utilizar el Derecho para conseguir que la inclusión laboral no termine con la contratación, sino que se prolongue durante toda la trayectoria profesional.
