Durante décadas, la lucha contra el hambre ocupó un lugar central en la agenda internacional. Actualmente, parece haber perdido protagonismo frente a otros desafíos como las tensiones geopolíticas, la transición energética o la transformación tecnológica. Sin embargo, el problema sigue ahí… Millones de personas continúan sufriendo inseguridad alimentaria en un momento en el que el mundo cuenta con más recursos y capacidades que nunca para combatirla.
Quizá una de las razones de esta paradoja sea que el hambre sigue abordándose principalmente como una cuestión humanitaria. Se apela a la solidaridad, a la cooperación internacional o a la movilización de recursos económicos. Todo ello es imprescindible, pero insuficiente. El hambre no es solo un desafío moral: también es una cuestión jurídica, institucional y de política pública.
A menudo olvidamos que el derecho a la alimentación forma parte del marco internacional de derechos humanos. No se trata únicamente de un objetivo deseable, sino de un derecho reconocido que exige actuaciones concretas por parte de los poderes públicos. El problema es que existe una distancia considerable entre el reconocimiento formal de ese derecho y su ejercicio efectivo para millones de personas.
Por ello, el debate debería ir más allá de cuánto dinero destinan los países desarrollados a la ayuda internacional. La cuestión realmente relevante es cómo utilizan las herramientas jurídicas y regulatorias de las que ya disponen para generar cambios sostenibles.
El Derecho como herramienta para combatir el hambre
España cuenta con instrumentos normativos que permiten avanzar en esta dirección. La Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, supuso un paso importante al actualizar el marco de la cooperación española y reforzar el compromiso de nuestro país con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La norma no solo fija objetivos de financiación, sino que también pone el foco en la coherencia de las políticas públicas, la sostenibilidad y la necesidad de generar un impacto real y duradero en las comunidades beneficiarias.
En este ámbito, el Derecho puede desempeñar un papel mucho más transformador del que habitualmente se le atribuye. La contratación pública es un buen ejemplo. Cada año, las administraciones movilizan enormes cantidades de recursos mediante licitaciones, ayudas y programas de inversión. Incorporar criterios relacionados con la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola o la resiliencia de las comunidades vulnerables permitiría convertir ese gasto en una auténtica palanca de transformación social.
Algo similar ocurre con la fiscalidad. Los incentivos tributarios orientados a la inversión en agricultura sostenible, a la financiación de proyectos de desarrollo o a las aportaciones realizadas por empresas y particulares pueden multiplicar el impacto de los recursos públicos. En muchas ocasiones, los marcos regulatorios tienen una capacidad mucho mayor para movilizar capital privado que las propias ayudas directas.
Existe además otro elemento que está adquiriendo un protagonismo creciente: la responsabilidad empresarial. Durante años, la seguridad alimentaria se percibió como una cuestión ajena al ámbito corporativo. Sin embargo, los nuevos requisitos en materia de sostenibilidad, gobernanza y diligencia debida están ampliando el papel de las empresas en la gestión de riesgos sociales y medioambientales a lo largo de sus cadenas de valor.
Aspectos como el acceso al agua, la estabilidad de la producción agrícola, la resiliencia climática o las condiciones de los pequeños productores ya no son cuestiones secundarias. Forman parte de los riesgos que pueden afectar directamente a la continuidad de los negocios y a la estabilidad de los mercados internacionales. La seguridad alimentaria, por tanto, no es solo un desafío para los gobiernos o las organizaciones humanitarias; es también una cuestión económica y empresarial.
Objetivo 2031: de la ayuda humanitaria a las soluciones estructurales
En este contexto, iniciativas como Objetivo 2031 invitan a reflexionar sobre soluciones estructurales y no únicamente sobre respuestas de emergencia. La innovación agrícola, la transferencia de conocimiento, el fortalecimiento de infraestructuras logísticas o el desarrollo de ecosistemas productivos más resilientes pueden generar efectos mucho más duraderos que cualquier actuación puntual.
Lo relevante es que muchas de estas herramientas ya existen. Los marcos legales, los instrumentos financieros y las capacidades institucionales están disponibles. La cuestión no parece ser la falta de soluciones, sino la capacidad para convertirlas en una prioridad política sostenida en el tiempo.
Porque el hambre no puede seguir contemplándose exclusivamente como un problema de solidaridad. También es una cuestión de gobernanza. De cómo se diseñan las políticas públicas, de cómo se orientan los recursos y de cómo se utilizan los instrumentos regulatorios para generar impacto.
Quizá esa sea la principal lección que deja Objetivo 2031. La erradicación del hambre no dependerá únicamente de la buena voluntad colectiva, sino de nuestra capacidad para construir marcos normativos que favorezcan la inversión responsable, impulsen el desarrollo sostenible y conviertan el derecho a la alimentación en una realidad efectiva.
