La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) se encuentra en plena batalla judicial contra la decisión del Gobierno de España de «expulsar» a la Benemérita de Roquetas de Mar. Ello, siendo «sustituida» por una Comisaría de Policía Nacional, a la que desde el Ejecutivo nacional se quiere destinar una inversión de más de cinco millones de euros.
A través de la Orden INT/859/2023, de 21 de julio, el Gobierno nacional estipulaba la creación de la Comisaria Local de Policía Nacional para Roquetas de Mar, Almería.
Una decisión del departamento ministerial de Fernando Grande-Marlaska que suponía la cesión de la mitad de un edificio del Ayuntamiento de la localidad, con 12.000 metros cuadrados, para acoger las dependencias de la Policía Nacional, así como la aportación de más de 200 agentes de Policía para Roquetas de Mar, y una inversión de cinco millones de euros.
Movimiento que, a su vez, implicaba la salida de la localidad, de más de 110.000 habitantes, de la Guardia Civil, responsable desde hace décadas de la seguridad de la ciudad.
Una decisión del Ejecutivo nacional que pronto provocaba la polémica dentro de la Benemérita. Y, en concreto, de la asociación de la Benemérita Unión de Oficiales.
«La Guardia Civil viene prestando un servicio integral, eficaz y plenamente consolidado en Roquetas de Mar durante décadas», destacaba en un comunicado la asociación «no hay motivos racionales, ni operativos, ni en términos de eficiencia de los recursos, que justifiquen la sustitución de la Guardia Civil por la Policía Nacional».
Una crítica en la que, del mismo modo, señalaban directamente al responsable de Interior.
Ello, debido a que, «durante años», el ministerio de Marlaska ha alegado que no hay recursos para aumentar la plantilla de la Guardia Civil, «y sin embargo, ahora sí existen para crear de la nada una nueva Comisaría de Policía, con una plantilla inicial superior a 200 agentes».
La Audiencia Nacional da la razón a la Guardia Civil
Una situación que la asociación de Guardia Civil llevaba ante los tribunales. En concreto, ante la sala de lo contencioso-administrativo, sección ª, de la Audiencia Nacional.
Tribunal que, el pasado 19 de octubre, declaraba nula la creación de dicha comisaría.
«Constatada la ausencia de cualquier tipo de informe o estudio previo que permita apreciar una motivación específica en relación con la creación de esta nueva Comisaría Local […] no cabe sino anular esta previsión de la Orden en aplicación de la Ley 39/2025», estipula la Audiencia Nacional.
Una sentencia que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, pero que estima parcialmente las pretensiones de la Benemérita.
Cuerpo de seguridad del Estado que criticaba la «solución» planteada de un modelo de competencias compartidas entre Guardia Civil y Policía Nacional.
«No compartimos un modelo de competencias compartidas en el que al Guardia Civil quedará relegada a las zonas rurales o a la protección del campo, mientras la Policía Nacional asume las competencias de seguridad ciudadana. La Guardia Civil no puede ser sustituida y convertirse en un cuerpo residual».
Una misiva en la que la posición de la UO frente a la Policía Nacional, ante el incremento de población de Roquetas de Mar, es clara.
«Si la Guardia Civil debe abandonar los municipios cuando crecen, cabría preguntarse también si la Policía Nacional está dispuesta a ceder aquellos municipios que pierden población, o apenas alcanzan los veinte o veinticinco mil habitantes», critican.
La posición de Roquetas de Mar
Un conflicto que no sólo ha llegado ante los tribunales, sino que también ha llegado ante el Consistorio de la localidad.
«La Benemérita, bajo ningún concepto, se puede marchar de Roquetas de Mar. Una ciudad que históricamente ha crecido, se ha desarrollado y se ha protegido al amparo de este cuerpo de seguridad», aseguraba en un comunicado el alcalde de la localidad, Gabriel Amat.
Una posición ante la que el Ayuntamiento roquetero ha paralizado la cesión del espacio de la nueva Comisaría de Policía Nacional, hasta conocerse la decisión final sobre qué cuerpo de seguridad del Estado cuidará de Roquetas de Mar.
Así, el alcalde ha considerado «incomprensible» la decisión de Marlaska de que la Guardia Civil abandone la localidad «para que llegue la Policía Nacional», recordando que «existen numerosos ejemplos de la geografía nacional de municipios mucho más pequeños en los que ambos cuerpos de seguridad del Estado coexisten».
