Desde el miércoles, la prensa nacional se ha hecho eco del tema del momento en Paraguay, que ha supuesto la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay y la posterior destitución del presidente de la República, Santiago Peña.
Con estupor, estoy observando cómo la noticia se está difundiendo con un amarillismo y un desprecio por la verdad sin precedentes, donde la ignorancia se mezcla con la falta de rigor periodístico, dando lugar a una combinación de mentiras y medias verdades de las que nacen los tan populares bulos.
Se han utilizado palabras como «corralito» o «quiebra». También se ha afirmado de manera rotunda que «cae el banco más grande e importante de Paraguay» o que «se rompe el espejismo de la Suiza de América».
Todas estas afirmaciones se realizan con un manifiesto desprecio por la verdad, que no busca otra cosa que causar miedo y pánico entre los lectores.
¿Y entonces qué ha ocurrido?
Lo que ha ocurrido es bastante más sencillo de entender de lo que algunos pretenden hacer creer. El Banco Central del Paraguay (homólogo del Banco de España) detectó graves problemas de solvencia en Ueno Bank y, lejos de mirar hacia otro lado, tomó cartas en el asunto y activó el procedimiento legal previsto para estos casos.
Su objetivo es intervenir, poner orden, comprobar la situación real de la entidad y, sobre todo, proteger el dinero de los depositantes. Por cierto, Ueno Bank no era el banco más importante de Paraguay, según los últimos ránking, ocupaba el sexto lugar, el primero lo ocupa el banco Continental.
El Banco Central del Paraguay, según su comunicado oficial, decidió «por unanimidad» iniciar «el procedimiento de resolución de Ueno Bank», tras constatarse «una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido».
Por lo tanto, no es un corralito ni constituye una quiebra bancaria.
Y afirmar lo contrario es confundir deliberadamente conceptos financieros que tienen significados muy distintos.
A) No hay un corralito. Porque el BCP no ha decretado una restricción generalizada para retirar dinero de los bancos paraguayos. Tampoco se ha anunciado un bloqueo de los ahorros de la población ni una medida que impida a los clientes del resto de las entidades disponer de su dinero.
B) No es una quiebra. Lo que existe es un procedimiento de resolución bancaria, previsto en la legislación paraguaya, que se activa para afrontar la situación de una entidad financiera con problemas de solvencia, buscando comprobar la situación patrimonial, preservar los activos y establecer cómo proteger a los depositantes.
Paraguay cuenta con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un instrumento establecido mediante la Ley N.º 2334/03, precisamente para proteger los ahorros de los ciudadanos. Esta ley fue modificada en el mismo momento de la crisis mediante la promulgación de la Ley N.º 7745, instrumento que amplía la Ley N.º 2334/2003 y busca agilizar los pagos.
Artículo 1 bis, apartado c: «El procedimiento de pago de anticipo de garantía se iniciará dentro de las veinticuatro horas y no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley para procesos de resolución en curso o desde la aprobación de la resolución para nuevos procesos».
La cobertura alcanza los 75 salarios mínimos, equivalentes a 228.300.000 guaraníes, aproximadamente 32.800 euros por persona y entidad financiera. Esto significa que cada depositante tiene garantizada esa cantidad como máximo, independientemente del número de cuentas que mantenga en el mismo banco.
Desde el jueves 5 de noviembre, es decir, un día después de la intervención de Ueno Bank, se han iniciado los pagos a los clientes de la entidad, concretamente a 322.000 personas, estas personas tenían hasta diez millones de guaraníes en sus cuentas, a través de una veintena de entidades bancarias y financieras asignadas, entre ellas Banco Continental y Banco Atlas.
A día sábado 7 de noviembre el número de ahorristas que han recibido su dinero asciende a 1.196.000 personas.
Paralelamente, se dictó prisión preventiva para seis directivos de Ueno Bank, entre ellos Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador de la entidad.
España y Paraguay, dos formas diferentes de afrontar las crisis
Mientras en Paraguay, las crisis hacen tambalear los asientos de sus dirigentes, en España el poder político se mantiene indemne pesar de que encadenamos escándalo tras escándalo, crisis tras crisis y desgracia tras desgracia sin ninguna consecuencia política, desde la lejana declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma que produjo el confinamiento durante la crisis de la COVID-19, pasando por los indultos a los golpistas del procés, la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos y de Gibraltar al Reino Unido, la invasión de Ceuta, el drama de la vivienda con el caso MariCarmen, la condena del ministro de Transportes, la condena del fiscal general del Estado y la imputación y condena de parte de la familia presidencial, hasta las trágicas muertes en nuestro deteriorado sistema ferroviario, y un largo etcétera de acontecimientos que sucedieron y sucederán sin consecuencias políticas y judiciales de ningún tipo.
En la República del Paraguay, sin embargo, este escándalo ha precipitado la caída de su presidente. ¿Qué habría ocurrido en España? Sin duda, en suelo patrio, el mandatario se parapetaría en su cargo, esgrimiendo razones de conspiraciones políticas y en última instancia alegaría presunción de inocencia, contaría con el apoyo unánime de su partido, culpando a todos los demás y esperando que un nuevo escándalo solapase el anterior.
La clase política española en su psiquis natural no concibe la diferenciación entre responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales, a consecuencia de ello, son pocos los que ejercen la tan extraña figura jurídica de la dimisión.
Asimismo, si tomamos algún referente de crisis bancaria en España, nos toparemos con el Banco Popular y su quiebra, que en octubre de 2027 se celebrará el juicio por las irregularidades de ampliación de capital, es decir, nada más y nada menos que diez años después del suceso y más de 300.000 accionistas que perdieron su dinero.
¿Qué ha ocurrido en Paraguay? Juicio político al presidente de la República y detención
Que su propio partido, la ANR (Partido Colorado), al día siguiente del escándalo, solicitó, -encabezado por su presidente, Horacio Cartes- el juicio político al mandatario Santiago Peña. Todo el partido unió su voz para solicitarlo, sin fisuras.
Por todo ello, Santiago Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre. Sin embargo, el Congreso de la Nación no aceptó dicha renuncia y solicitó continuar con el juicio político.
¿El motivo de la no aceptación?
Lo encontramos en el artículo 189 de la Constitución de Paraguay: «Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz, pero no voto».
Se ha querido, por parte del Poder Legislativo, que el exmandatario no ostentara el honor de ser senador vitalicio. Además, los expresidentes obtienen fueros parlamentarios, por lo que cualquier causa judicial en su contra requiere de un proceso de desafuero aprobado por el Congreso.
El viernes 6 de noviembre, Santiago Peña fue destituido mediante juicio político y, acto seguido, la fiscalía general del Estado, dirigida por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández, emitió una orden de detención contra el exmandatario, que en la actualidad se encuentra en su domicilio bajo custodia policial. De igual forma, el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, se encuentra también detenido.
Ese mismo día fue nombrado nuevo presidente de la República, Pedro Alliana.
Ante una situación de crisis, las instituciones han estado a la altura de las circunstancias y han dado una respuesta para atajar el problema en tiempo récord.
En apenas 72 horas, el Banco Central activó el procedimiento de resolución de Ueno Bank y los mecanismos de protección de los depositantes ante la gravedad de la situación financiera.
La fiscalía general del Estado abrió una investigación penal, constituyó equipos especializados y ordenó actuaciones contra los responsables de la entidad, sin injerencias del Poder Ejecutivo.
El Parlamento, por su parte, puso en marcha el mecanismo de juicio político, que terminó con la destitución de Santiago Peña por el Senado. El vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la Presidencia conforme al procedimiento constitucional de sucesión.
¿Significa esto que el sistema se ha debilitado?
Todo lo contrario. Todos los países tienen crisis, y lo que marca la diferencia no es la magnitud de la crisis, sino cómo reaccionan las instituciones ante ellas. Si reaccionan, investigan, exigen responsabilidades y ofrecen explicaciones, no se dinamita el sistema democrático: se refuerza.
Y esto tiene una importancia extraordinaria para la economía y, especialmente, para la confianza de los inversores internacionales. El capital busca seguridad jurídica, estabilidad institucional y reglas de juego claras.
Busca países donde los organismos supervisores ejerzan su función, donde los jueces y fiscales puedan investigar sin presiones políticas, donde los responsables respondan ante la Justicia y donde las autoridades no miren hacia otro lado cuando surge un problema.
Un inversor no necesita un país en el que nunca haya crisis; necesita un país que sepa gestionarlas. Un país donde los problemas se detecten se investigue, se comuniquen y se afronten con rapidez, transparencia y garantías jurídicas.
Porque la confianza no nace de la ausencia de escándalos ni se construye ocultando o minimizando la crisis, sino de la certeza de que, cuando se producen, hay instituciones capaces de actuar, responsabilidades que exigir y reglas que se cumplen.
Además, el pueblo paraguayo ha demostrado una vez más su grandeza, ejerciendo control al poder mediante las legítimas protestas, pero siempre con urbanidad y civismo. No se han producido disturbios, destrucción del mobiliario público ni asaltos a edificios gubernamentales.
Quizá algunos países de nuestra vieja Europa deberían tomar nota. Ante un problema político, una solución política; ante posibles delitos, investigación judicial; ante una crisis bancaria, respuesta de los organismos supervisores; y ante la indignación ciudadana, explicaciones y responsabilidades.
Estas líneas no deben interpretarse como una minimización de la crisis acontecida, sino todo lo contrario. Ante la avalancha de noticias catastrofistas, difundidas principalmente por medios de comunicación ajenos a Paraguay, que parecen buscar el clic fácil y cuyo interés por el país previsiblemente decaerá en apenas unos días, relegándolo nuevamente.
Se busca exponer objetivamente lo que ha sucedido, llamar a la calma, desmontar bulos y medias verdades y solicitar la depuración de responsabilidades, que los clientes recuperen cuanto antes su capital así como expresar mi solidaridad con los afectados, que las autoridades implicadas sean juzgadas y que esta situación no vuelva a suceder.
Paraguay ha demostrado que una crisis no tiene por qué convertirse en una crisis del sistema. Que dimitir, investigar, exigir responsabilidades y dar explicaciones no debilita la democracia y sus instituciones, sino que las fortalece. Y que gobernar también significa asumir las consecuencias de los propios actos, algo a lo que, lamentablemente, en algunos lugares de Europa parece que hemos olvidado.
