El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de miles de españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
Sin embargo, ha rechazado extender esa medida a otros 189.678 descendientes, al considerar que la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre podría comprometer la seguridad jurídica del proceso electoral.
Las decisiones figuran en dos autos dictados este 9 de noviembre por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta por los magistrados Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente,
Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, José Luis Requero Ibáñez, María Alicia Millán Herrandis,
Manuel Delgado-Iribarren García-Campero y Antonio Narváez Rodríguez, ponente.
El tribunal ha resuelto dos incidentes del recurso 1013/2026, promovido por Iustitia Europa contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de 16 de julio.
El conflicto gira en torno a la interpretación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, desarrollada mediante una instrucción administrativa de octubre de 2022.
Iustitia Europa sostiene que esa instrucción permitió conceder la nacionalidad española mediante una interpretación que excedía los supuestos previstos por el legislador, con consecuencias sobre la composición del censo electoral.
Indicios de irregularidades en más de 163.000 nacionalizaciones
En el primer auto, el Supremo desestima las alegaciones de las asociaciones y particulares que solicitaron levantar las suspensiones acordadas el 10 de septiembre y confirmadas el 12 de octubre.
Según los datos oficiales examinados, 163.355 personas habían adquirido la nacionalidad española por la vía cuestionada, de las cuales únicamente 901 disponían de certificaciones consulares que acreditaban los requisitos exigidos para quedar exceptuadas de la suspensión.
Especialmente significativo resulta el caso del Consulado General de España en Buenos Aires, donde 17.775 personas obtuvieron la nacionalidad sin que, según la certificación consular incorporada al procedimiento, ninguno de los expedientes incluyera prueba de exilio.
El tribunal considera que estos datos refuerzan los indicios de irregularidades en la conformación del CERA.
La Sala recuerda que el derecho de sufragio, reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución, está sujeto a los requisitos establecidos por la legislación electoral.
Para la mayoría, garantizar la legalidad del censo constituye un interés general que justifica mantener las suspensiones cautelares.
No obstante, estas medidas no suponen la anulación de las nacionalidades concedidas.
Rechazada la ampliación a 189.678 descendientes
El segundo auto aborda la petición de Iustitia Europa de extender las restricciones a los hijos mayores de edad de los nacionalizados, incluidos en el anexo III de la instrucción de 2022.
Aunque reconoce la conexión jurídica entre ambos colectivos, el Supremo rechaza ampliar las suspensiones porque faltan menos de tres semanas para las elecciones.
La Sala advierte de las dificultades administrativas para identificar individualmente a los afectados y garantizar sus derechos procesales.
Además, recuerda que todavía quedaban 30.482 registros pendientes de identificar para ejecutar las medidas anteriores.
Considera, por tanto, que una nueva revisión podría provocar una perturbación grave de los intereses generales, conforme al artículo 130.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Dos magistrados discrepan de las decisiones
Las resoluciones incluyen votos particulares.
María Alicia Millán Herrandis considera que las suspensiones iniciales debieron levantarse porque restringen un derecho fundamental cuyo ejercicio, una vez celebradas las elecciones, no podría recuperarse.
Por el contrario, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo sostiene que debió aceptarse la ampliación a los descendientes, al considerar viable su ejecución.
El Supremo todavía no ha resuelto la cuestión de fondo: si la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática fue conforme a Derecho.
Esa decisión corresponderá a la futura sentencia. Entretanto, las restricciones iniciales permanecen vigentes y no se amplían al nuevo colectivo.
