Lunes, 1 de abril de 2024, 21:25. En un bar de Barcelona se emite un partido de fútbol. Durante los 24 minutos siguientes, un empleado de LaLiga toma fotografías y anota en una aplicación del móvil lo que ve.
En la señal no aparece el código que, según LaLiga, distingue una emisión autorizada. Su informe acabará en un juzgado como prueba contra el responsable del local.
En el acta firma una persona como «Inspector». En la denuncia se le llama «Verificador». En ninguna de las piezas examinadas aparece una TIP, la Tarjeta de Identidad Profesional de los detectives privados, ni un despacho de detectives responsable con su inscripción registral.
«La pregunta es si estas actuaciones invaden funciones que la ley reserva en exclusiva a detectives y despachos habilitados», plantea Lola Murias, detective privado y CEO de Descubro B2B, que ha analizado la denuncia. «Esto no es una inspección interna. Es una investigación sobre negocios de terceros».
El recorrido, explica, está documentado en las diligencias previas 1802/2024 del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que después se transformaron en el juicio sobre delitos leves 852/2024, documento al que ha tenido acceso Murias.
La estructura de trabajo que se describe en la sentencia procede de la denuncia presentada por la representación de LaLiga y de los anexos que la acompañan.
En dicho documento, LaLiga explica que los empleados de LaLiga HORECA reciben instrucciones sobre los establecimientos que deben visitar. También expone la finalidad: recabar soporte probatorio de emisiones que considera no autorizadas.
La denuncia de LaLiga sitúa las visitas durante los partidos. Según el escrito, cada verificador lleva un teléfono con la aplicación CORNER, vinculada al sistema Xquadra, donde introduce los datos de la actuación y adjunta fotografías y documentación. LaLiga atribuye al sistema el registro automático del inicio, el final y la ubicación de cada visita.
El informe anexo añade que el trabajo se reparte por zonas y que unos coordinadores revisan la información. También describe la observación de los distintivos de la señal, las fotografías de la fachada y del televisor y, en ocasiones, la obtención de un ticket de consumición.
«Lo que LaLiga describe en su propia denuncia es una actividad planificada de recogida de información sobre negocios ajenos: hay zonas asignadas, coordinadores, una aplicación, geolocalización y fotografías», afirma Murias.
El acta de la visita del 1 de abril muestra cómo se plasma ese método en un documento. Contiene un identificador, un «Inspector», un establecimiento, una dirección, horas de inicio y de finalización y un partido de fútbol.
Es el registro de una actuación concreta dentro de este procedimiento y no basta para describir todas las investigaciones de LaLiga.
La ausencia de TIP y de identificación registral del despacho en estas piezas puede verificarse. Que la persona que intervino careciera de verdad de habilitación es otra cuestión, que todavía no se ha comprobado. «El documento permite formular la pregunta. La respuesta tiene que darla el registro competente», reconoce la propia Murias.
LA RESERVA LEGAL QUE ESTÁ EN JUEGO
El artículo 5.2 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada atribuye a los despachos de detectives, con carácter «exclusivo y excluyente», los servicios de investigación privada del artículo 5.1.h).
El artículo 37 encomienda a los detectives su ejecución personal. El artículo 48 contempla las averiguaciones por cuenta de terceros legitimados para obtener información y pruebas sobre hechos privados, incluidos los económicos y mercantiles.
La norma distingue dos planos. La TIP acredita la habilitación profesional de la persona. El despacho, por su parte, debe cumplir los requisitos legales, presentar la declaración responsable e inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada (RNSP) o, cuando corresponda, en el registro autonómico competente.
«La habilitación individual y la situación registral del despacho no son intercambiables. Hacen falta las dos», subraya la detective.
Para determinar si hay intrusismo, primero hay que saber si las actuaciones documentadas constituyen un servicio reservado. Cuentan las funciones que se ejercen de verdad, quién las encarga, por cuenta de quién se hacen y qué relación jurídica une a los intervinientes. «Llamar al trabajador «verificador» no resuelve nada. Lo que importa es lo que hace, no cómo se le llame», asegura Murias.
Las comprobaciones se hacen en establecimientos de terceros. Su objeto es la actividad de esos negocios y sus emisiones, no una revisión de instalaciones de LaLiga. «Ahora bien, que el local sea ajeno no convierte automáticamente cualquier observación en investigación privada reservada. Lo decisivo es el conjunto de la actividad organizada», matiza Murias.
La declaración incorporada al expediente describe la presencia del verificador en el establecimiento y afirma que la emisión no reunía los parámetros que se usan para acreditar su autorización. Son afirmaciones del documento aportado por LaLiga, no hechos declarados probados.
DEL DATO OBSERVADO A LA CONCLUSIÓN
El documento vincula la falta de licencia a la ausencia de un código numérico conocido como fingerprint. Añade que se tomaron fotografías y que se expide a efectos legales. «Se pasa de una observación a una conclusión que se usa contra el responsable del local. Esa conclusión tiene que poder someterse a contradicción como cualquier otra prueba», señala la CEO de Descubro B2B.
Hay un detalle que impide usar las horas para acusar automáticamente de falsedad. El acta sitúa la visita entre las 19:25 y las 19:49, pero el informe y la certificación tecnológica explican que el sistema trabaja en UTC. El 1 de abril de 2024, con el horario de verano ya en vigor, esas horas correspondían en Barcelona a las 21:25 y las 21:49.
Que falten los identificadores profesionales tampoco basta por sí solo para dar el documento por nulo. El artículo 49 de la Ley de Seguridad Privada exige, entre otros datos, que consten los detectives que intervienen y el número de registro asignado al servicio, que no es lo mismo que el número de inscripción del despacho en el RNSP. «La regularidad profesional, la autenticidad del documento y su valor probatorio son tres análisis distintos», precisa Murias.
LA DEFENSA DE LOS DERECHOS PROPIOS Y LOS LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN
En la denuncia, LaLiga sostiene que actúa para defender sus derechos audiovisuales y evitar el perjuicio económico que le causan las emisiones no autorizadas. Presenta las comprobaciones como parte del trabajo de su departamento LaLiga HORECA.
«Una cosa es tener interés en perseguir una emisión no autorizada y otra estar habilitado para prestar un servicio de investigación», responde Murias. «Hay que precisar qué se averigua, con qué finalidad y qué funciones hace realmente ese personal».
«No soy una observadora neutral en este asunto», reconoce Murias. En julio de 2020 dirigió desde Descubro una reunión con LaLiga para presentar una propuesta de investigación de la piratería en hostelería. «El proyecto reunía a despachos de distintas provincias, coordinados por zonas, para dar cobertura nacional con detectives habilitados», explica.
«En aquella reunión les trasladamos que la investigación privada está reservada por ley y que las actuaciones que proponíamos tenían que hacerse dentro de ese marco profesional», afirma. LaLiga no contrató la propuesta.
La propia detective acota el alcance de ese antecedente: «Que se les explicara ese criterio no demuestra que LaLiga reconociera una infracción, ni prueba por sí solo un incumplimiento deliberado después. Sí ayuda a entender cómo se planteó la investigación de estas emisiones».
LA RATIFICACIÓN EN SALA SEGÚN LA DEFENSA
La documentación incluye la citación del verificador como testigo para el 27 de marzo de 2025. Según el relato que el abogado de la defensa trasladó a Murias, el verificador compareció, ratificó el informe e incurrió en contradicciones al declarar.
La copia examinada no contiene la sentencia ni la grabación del juicio, así que no es posible contrastar los términos de esa declaración ni cómo la valoró el juez. Tampoco permite saber si se le pidió que acreditara su condición de detective privado.
El expediente permite conocer cómo se obtuvieron y documentaron las observaciones. Falta verificar las habilitaciones y obtener una explicación concreta de LaLiga sobre el encaje profesional de este sistema. En el material examinado no consta ninguna resolución que declare el intrusismo ni la ilicitud de estas pruebas.
«Cuando una visita a un bar acaba en una denuncia penal, el examen de la prueba también tiene que llegar a su origen: quién la obtuvo, qué funciones ejerció y con qué habilitación actuó», concluye Lola Murias.
