El abogado Álvaro Martín Porras ha puesto en marcha Martín Porras Abogados, un despacho boutique especializado en Derecho Penal Económico y Compliance que orienta sus servicios a empresas, administradores y directivos.
La firma nace con la litigación penal empresarial como principal actividad y completa su oferta con asesoramiento mercantil y en Derecho Digital e Inteligencia Artificial.
El nuevo proyecto pretende combinar la defensa ante los tribunales con la prevención de riesgos legales dentro de las compañías. Su fundador apuesta por un modelo de atención en el que el socio participa directamente en los asuntos y conoce la actividad empresarial del cliente antes de diseñar la estrategia jurídica.
Litigación y prevención del delito en la empresa
La vertiente procesal comprende procedimientos de especial complejidad relacionados con delitos como el fraude, el blanqueo de capitales, las insolvencias punibles y la administración desleal. El despacho incluye entre sus ámbitos de actuación los asuntos ante la Audiencia Nacional y los recursos de apelación y casación.
Junto a esa defensa penal, Martín Porras Abogados ofrece el diseño e implantación de programas de cumplimiento normativo, sistemas internos de información o canales de denuncia, investigaciones internas y asesoramiento en gobierno corporativo.
También presta asistencia a las empresas en entradas y registros e inspecciones, actuaciones en las que resulta importante coordinar la respuesta jurídica con el funcionamiento ordinario de la organización.
La firma incorpora, además, una práctica de Derecho Mercantil y otra de Derecho Digital e Inteligencia Artificial. Con ello busca atender tanto los conflictos que llegan a los tribunales como los problemas jurídicos que surgen de la gestión diaria y de la incorporación de nuevas tecnologías.
Treinta años de experiencia en el ámbito empresarial
Álvaro Martín Porras cuenta con tres décadas de experiencia en el ámbito empresarial y una trayectoria profesional ligada al Derecho Penal y al asesoramiento de sociedades.
Se incorporó al Turno de Oficio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en 2004. Desde 2006 compagina la defensa en procedimientos judiciales con la asesoría jurídica de empresas. Entre los trabajos que destaca figura el asesoramiento en compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas a una multinacional con sede en Singapur, cuya identidad no se ha hecho pública.
«La empresa necesita abogados que entiendan su negocio, no solo su expediente», afirma el fundador. Su planteamiento parte de que el riesgo jurídico debe identificarse y evaluarse antes de que aparezca un procedimiento judicial, de modo que la estrategia no se improvise una vez abierto el conflicto.
También sostiene que la implicación directa del socio y el conocimiento del funcionamiento de cada empresa resultan esenciales para abordar asuntos complejos. Esa participación personal se presenta como uno de los rasgos diferenciadores del nuevo despacho.
El cumplimiento normativo gana protagonismo
La apertura se produce en un escenario en el que la responsabilidad penal corporativa exige a las compañías prestar atención a sus mecanismos de prevención.
El artículo 31 bis del Código Penal regula los supuestos en que una persona jurídica puede responder penalmente y las condiciones bajo las cuales los modelos eficaces de organización y gestión pueden tener efectos eximentes.
A ese marco se suma la Ley 2/2023, que obliga a determinadas entidades a disponer de sistemas internos de información para comunicar infracciones y protege a quienes alertan sobre ellas. Su aplicación ha incrementado la necesidad de asesoramiento sobre canales internos, gestión de comunicaciones e investigaciones dentro de las organizaciones.
El despacho también señala la creciente importancia de las cuestiones tecnológicas, especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial y la regulación europea aplicable. Su propuesta consiste en relacionar esos riesgos con las decisiones de negocio, en lugar de tratarlos como cuestiones jurídicas aisladas.
Martín Porras Abogados se dirige principalmente a pequeñas y medianas empresas y compañías de tamaño intermedio que carecen de departamentos internos de cumplimiento, además de administradores y directivos que necesitan asistencia individual. Prevé prestar especial atención a los sectores financiero, inmobiliario, sanitario y tecnológico.
Con esta apertura, Martín Porras apuesta por una estructura especializada, centrada en la defensa penal y la prevención, en la que el asesoramiento jurídico se integra en la gestión del riesgo empresarial.
