El exdirector del CNI y exembajador de España en Marruecos, Jorge Dezcallar, sostiene que las concesiones españolas sobre el Sáhara Occidental no han frenado las aspiraciones territoriales de Rabat. Y propone cuatro medidas para fortalecer ambas ciudades y reclama una mayor implicación de la Unión Europea.
Marruecos tiene ahora mismo sus ojos puestos en el Sáhara Occidental. Ceuta y Melilla no son su prioridad inmediata. Pero eso no significa que haya renunciado a ellas. Ni mucho menos. Cuando las circunstancias le resulten favorables, Rabat volverá a plantear sus reivindicaciones sobre ambas ciudades españolas.
Esta es la advertencia que ha lanzado Jorge Dezcallar durante el Foro Justicia organizado este martes por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), dedicado a los desafíos constitucionales, geopolíticos y sociales de Ceuta y Melilla.
Dezcallar, que conoce de primera mano los entresijos de las relaciones diplomáticas con el reino alauí, no se ha andado con rodeos.
«La política de apaciguamiento con Marruecos no funciona», ha afirmado.
A su juicio, las concesiones realizadas por España sobre el Sáhara Occidental no han conseguido que Marruecos abandone sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. Por eso, considera que España debe aprovechar el tiempo para reforzar su posición antes de que se produzca una nueva crisis.
«Tenemos que aprovechar el tiempo, para hacer que la situación de Ceuta y Melilla, dentro de tres años, sea absolutamente inatacable», ha reclamado.
Su intervención ha sido una de las más relevantes del encuentro, en el que también han participado el decano del ICAM, Eugenio Ribón; el presidente de Melilla, Juan José Imbroda; el director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alfonso Conejo Rodríguez, y el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda Ortiz.
El diagnóstico compartido ha sido contundente: España necesita una estrategia de Estado para Ceuta y Melilla que combine seguridad, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y respaldo internacional.
Cuatro medidas para evitar que se repita la crisis de Ceuta
Para Dezcallar, la crisis fronteriza registrada en Ceuta el pasado julio no puede entenderse como un simple episodio de inmigración irregular.
Lo sucedido tuvo, en su opinión, una dimensión política, económica, social y de seguridad que puso de manifiesto las debilidades de la respuesta española.
El antiguo responsable de los servicios de inteligencia considera que existen indicios de una implicación marroquí, bien en el origen de los acontecimientos o mediante su posterior aprovechamiento.
También ha criticado que el Estado no asumiera desde el primer momento el control de una situación que superó ampliamente la capacidad de respuesta de la ciudad autónoma.
Para impedir que vuelva a suceder, ha planteado cuatro actuaciones prioritarias.
La primera es reforzar la seguridad de las fronteras, mejorando los medios materiales y los mecanismos de vigilancia y protección.
La segunda, revisar la legislación española para disponer de instrumentos jurídicos adecuados ante situaciones excepcionales de entradas masivas de personas.
La tercera consiste en impulsar un plan integral de desarrollo económico que garantice el futuro de Ceuta y Melilla, con especial atención al comercio, el turismo y las oportunidades laborales.
Y la cuarta es avanzar en su integración europea, de manera que la defensa de ambas ciudades no se contemple exclusivamente como una responsabilidad española.
«Un ataque a Ceuta y a Melilla es un ataque a Europa», ha proclamado.
Dezcallar considera indispensable que los socios comunitarios asuman una mayor implicación en la protección de dos territorios que forman parte de España y que constituyen, además, frontera exterior de la Unión Europea.
Sin embargo, ha introducido una advertencia adicional: la fragmentación política europea puede dificultar esa solidaridad.
El exdirector del CNI ha vinculado el avance de la extrema derecha con el crecimiento de posiciones contrarias a una mayor integración comunitaria y con lo que ha denominado un voto «renacionalizador de políticas».
También ha criticado determinadas actuaciones españolas en política migratoria y de defensa, que considera perjudiciales para las relaciones con los socios europeos.
Un problema añadido cuando España necesita precisamente una Europa fuerte y cohesionada.
Ribón exige despejar las dudas sobre la protección de Ceuta y Melilla por la OTAN
La dimensión internacional de la seguridad de ambas ciudades ha sido también uno de los ejes de la intervención de Eugenio Ribón, decano del ICAM.
Su propuesta tiene una trascendencia jurídica considerable: clarificar expresamente la cobertura de Ceuta y Melilla por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que regula el principio de defensa colectiva de la OTAN.
Dicho artículo establece que un ataque armado contra uno de los países aliados se considerará un ataque contra todos.
Sin embargo, el artículo 6 delimita el ámbito territorial de aplicación de esa garantía, lo que suscita interrogantes jurídicos sobre su alcance respecto de las dos ciudades autónomas españolas.
Ribón considera que esa incertidumbre debe resolverse antes de que surja una situación de conflicto.
«La solidaridad de socios y aliados debe traducirse en certezas», ha defendido.
El decano ha recordado también las previsiones del Tratado de la Unión Europea relativas a la integridad territorial y la asistencia entre Estados miembros ante una agresión armada.
Pero ha insistido en que la soberanía no se protege únicamente con medios militares o policiales.
La verdadera fortaleza de Ceuta y Melilla, ha señalado, depende igualmente de sus instituciones, de la calidad de sus servicios públicos y de las oportunidades que puedan ofrecer a sus habitantes.
«La mejor defensa de Ceuta y Melilla es garantizar que sus ciudadanos tengan futuro», ha afirmado.
Ribón ha reivindicado los principios constitucionales de unidad y solidaridad recogidos en los artículos 2 y 138 de la Constitución y ha recordado que los Estatutos de Autonomía de 1995 reconocen expresamente la integración de ambas ciudades en la Nación española.
«La españolidad de Ceuta y Melilla no es una cuestión de proximidad geográfica, sino de historia, de Derecho y, especialmente, de ciudadanía», ha señalado.
Juan José Imbroda acusa al Gobierno de Sánchez de falta de firmeza
Mucho más dura ha sido la intervención del presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de previsión, decisión y firmeza durante la crisis fronteriza y lo ha calificado de «Gobierno fallido».
Imbroda ha cuestionado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispusieran de instrucciones claras para afrontar una situación excepcional de entrada masiva de personas.
También ha reclamado una revisión de los mecanismos jurídicos de respuesta, incluidos los instrumentos de rechazo en frontera, y una posición diplomática más firme ante Marruecos.
Sin embargo, su reivindicación ha ido más allá de las cuestiones de seguridad.
El presidente melillense considera que los Estatutos de Autonomía de 1995 dejaron a Ceuta y Melilla con unas competencias inferiores a las de las comunidades autónomas, lo que dificulta su capacidad de gestión y desarrollo.
Como ejemplo ha mencionado las trabas para tramitar determinadas modificaciones urbanísticas sin intervención de la Administración central.
Por eso ha pedido desarrollar plenamente el Estatuto de Melilla, sin necesidad de sustituirlo por otro.
En el ámbito económico ha defendido reducir la dependencia comercial respecto a Marruecos y estudiar una mayor integración en la Unión Europea, incluida la posible incorporación a la unión aduanera, siempre que se preserven las ventajas fiscales del régimen especial melillense.
A su juicio, durante demasiado tiempo la política española hacia ambas ciudades ha estado condicionada por el temor a incomodar a Rabat.
Ceuta denuncia un desbordamiento sin precedentes de sus servicios públicos
Las consecuencias materiales de la crisis han ocupado buena parte de la intervención de Alfonso Conejo Rodríguez, director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta.
Las cifras que ha presentado reflejan una situación de enorme presión institucional.
Según sus datos, la ciudad ha tenido que habilitar 28 campamentos y recursos de acogida.
La ocupación supera en un 12.600 % su capacidad ordinaria de acogida, mientras que las llamadas al servicio de emergencias 112 han aumentado un 414 % respecto al mismo periodo del año anterior.
El sistema de asistencia jurídica tampoco ha quedado al margen.
El Turno de Oficio de Extranjería, que habitualmente funcionaba con tres profesionales, ha pasado a contar con más de treinta abogados, que realizan aproximadamente una guardia cada dos días.
Conejo ha cuestionado que la Administración central empleara todos los instrumentos jurídicos disponibles desde el comienzo de la crisis.
Especialmente crítico se ha mostrado con la utilización inicial de juntas locales de seguridad, mecanismos ordinarios de coordinación que considera insuficientes para una emergencia de semejante magnitud.
También ha reprochado el tiempo transcurrido hasta la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional.
Y ha expresado el sentimiento de abandono que, según ha explicado, persiste entre numerosos ciudadanos ceutíes.
«Yo tengo confianza en Europa, sinceramente. Creo que el que nos ha fallado ha sido nuestro Estado, más que Europa», ha manifestado.
El decano de los abogados de Melilla califica lo sucedido de «guerra híbrida»
Blas Jesús Imbroda Ortiz, decano del Colegio de Abogados de Melilla, ha llevado el análisis al terreno del Derecho internacional y de la seguridad nacional.
Su valoración ha sido especialmente severa.
«Aquello fue una invasión en un acto de guerra híbrida», ha afirmado, atribuyendo a Marruecos una actuación hostil contra la soberanía española.
Se trata de una calificación del propio interviniente, no de una declaración judicial sobre la naturaleza de los acontecimientos.
El decano melillense ha cuestionado que las autoridades españolas no utilizaran desde el principio los mecanismos excepcionales disponibles en el ordenamiento interno y en el Derecho europeo.
Ha mencionado expresamente el reglamento comunitario sobre situaciones de crisis y fuerza mayor en materia de migración y asilo, que contempla supuestos de instrumentalización de movimientos migratorios por terceros países.
A su juicio, una respuesta jurídica más rápida habría permitido reclamar antes una mayor implicación de la Unión Europea.
Imbroda también ha pedido responsabilidades internacionales a Marruecos por las consecuencias humanas de la crisis, particularmente por la situación de los menores afectados.
Durante su intervención ha mencionado la muerte de casi 150 personas, una cifra que requiere contrastar con fuentes independientes para determinar su alcance y correspondencia con los acontecimientos analizados.
Ha recordado, además, las obligaciones internacionales del Estado marroquí derivadas de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Un reconocimiento a la abogacía de Melilla
La jornada ha servido también para rendir homenaje a Blas Jesús Imbroda Ortiz, distinguido con la Medalla de la Encomienda del ICAM por su trayectoria profesional y su compromiso con la abogacía.
Abogado en ejercicio desde 1981, lleva veinticinco años al frente del Colegio de Abogados de Melilla.
Es doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada y consejero del Consejo General de la Abogacía Española.
La medalla le ha sido impuesta por su hermano, Juan José Imbroda, presidente de Melilla.
En sus palabras de agradecimiento ha reivindicado la obligación de los colegios profesionales de defender el Estado de derecho y prestar especial atención a las personas más vulnerables.
Por su parte, Eugenio Ribón ha recordado que el encuentro da continuidad al manifiesto institucional presentado por el ICAM el pasado septiembre en defensa de Ceuta y Melilla.
La abogacía, ha insistido, no puede permanecer ajena a los grandes debates constitucionales.
«No estamos únicamente para defender derechos individuales, sino para contribuir a la defensa de los principios constitucionales», ha manifestado.
El Foro ha concluido con una idea que conecta directamente con la advertencia inicial de Dezcallar: la seguridad de Ceuta y Melilla no puede depender de que Marruecos decida mantener sus reivindicaciones en segundo plano.
España dispone, según los participantes, de margen para fortalecer ambas ciudades, mejorar sus mecanismos de defensa y conseguir mayores garantías internacionales.
La cuestión es si aprovechará ese margen antes de la próxima crisis.
Porque, como ha advertido Dezcallar, que Rabat no considere hoy prioritarias a Ceuta y Melilla no significa que haya renunciado a ellas.
