La Audiencia Nacional ha cerrado la puerta a uno de los intentos de José Luis Rodríguez Zapatero de limitar el alcance de la investigación del caso Plus Ultra. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha rechazado retirar del procedimiento un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre los 200.000 euros que el expresidente del Gobierno habría recibido de la empresa Focus Social Research por sus presuntas gestiones ante las autoridades de Bolivia.
Los magistrados consideran que las pesquisas policiales estaban justificadas por su posible conexión con los delitos investigados y descartan que constituyeran una investigación prospectiva, es decir, una búsqueda indiscriminada de posibles delitos sin indicios que la sustentasen.
El auto, conocido este martes, 10 de noviembre, desestima el recurso de apelación presentado por Zapatero y confirma íntegramente la decisión del magistrado instructor, José Luis Calama, que ya había rechazado excluir el informe de la causa.
El origen: el rescate de 53 millones de Plus Ultra
La investigación comenzó en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Calama investiga la posible existencia de una organización dedicada al tráfico de influencias que habría intervenido para favorecer aquella operación a cambio de beneficios económicos.
Según la hipótesis de la UDEF, Zapatero habría desempeñado un papel de dirección y coordinación dentro de esa estructura, utilizando sus contactos políticos e institucionales.
El informe policial sostiene que su supuesto liderazgo se habría desarrollado discretamente, mediante labores de supervisión y evitando intervenir directamente en las gestiones más comprometidas.
La Policía también examina la posible utilización de contratos de asesoramiento para justificar los rendimientos obtenidos mediante esas presuntas actividades.
Las operaciones de Bolivia y el Grupo Gloria
Durante el análisis de la documentación intervenida, los agentes encontraron información sobre pagos realizados a Zapatero por Focus Social Research.
La UDEF relaciona esas cantidades con una presunta intermediación del expresidente ante responsables políticos de Bolivia en beneficio del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano que mantenía litigios económicos con la Administración boliviana.
Los investigadores sospechan que los servicios presentados como asesoramiento podrían haber encubierto gestiones destinadas a influir en las decisiones de las autoridades de aquel país.
La aparición de estos datos abrió una nueva línea de investigación que Zapatero trató de frenar.
Su defensa argumentó que las operaciones de Bolivia constituían una actividad profesional ajena al rescate de Plus Ultra y que, por tanto, no podían examinarse dentro del mismo procedimiento.
Zapatero denuncia una intromisión en su intimidad económica
El expresidente alegó que la actuación policial vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva, las garantías procesales y su intimidad económica.
Su recurso cuestionaba especialmente el examen de los movimientos de sus cuentas bancarias, al sostener que no existía una resolución judicial específica que autorizara esa investigación patrimonial.
También reprochaba a la UDEF haber extendido sus comprobaciones a operaciones que, a su juicio, carecían de relación con los hechos inicialmente investigados.
Para la defensa, admitir ese procedimiento equivaldría a conceder a los agentes una «patente de corso» para investigar cualquier actuación personal o profesional del expresidente.
El argumento central era que la documentación obtenida durante un registro no podía utilizarse para iniciar investigaciones independientes sin una justificación previa.
La Sala encuentra una conexión suficiente entre las operaciones
La Audiencia Nacional no comparte esa interpretación.
Los magistrados explican que, cuando se practica un registro autorizado judicialmente, los investigadores pueden copiar la información intervenida y examinar posteriormente qué documentos resultan relevantes.
En este caso, consideran decisivo que en las comunicaciones contenidas en los dispositivos intervenidos en el despacho de Zapatero aparecieran datos que apuntaban a un posible tráfico de influencias ante las autoridades bolivianas.
La Sala entiende que esos hallazgos justificaban profundizar en las operaciones descubiertas, aunque no formaran parte del objeto inicial de la investigación.
El tribunal recuerda, además, que los hechos examinados podrían estar relacionados con una estructura societaria anterior al rescate de Plus Ultra, presuntamente utilizada para encubrir rendimientos procedentes de gestiones de influencia.
Entre los proyectos investigados figura una posible expansión empresarial a Dubái, con operaciones previstas en Emiratos Árabes Unidos y Latinoamérica y expectativas de ganancias de unos tres millones de dólares durante cinco años.
Para los magistrados, la posible conexión justifica continuar las comprobaciones, tanto si finalmente se atribuyen las operaciones bolivianas a la organización investigada como si responden a una actividad particular del expresidente.
La consecuencia es que el informe de la UDEF permanecerá incorporado al sumario y Calama podrá seguir investigando los pagos de Focus Social Research.
La resolución no establece que Zapatero cometiera tráfico de influencias en Bolivia. Lo que determina es que las sospechas policiales cuentan con una base suficiente para ser investigadas dentro del caso Plus Ultra, sin que ello vulnere, en los términos examinados por la Sala, las garantías procesales invocadas por su defensa.
