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El TSJ de Aragón se une al de Madrid y al de Valencia en su apoyo a la magistrada Beatriz Biedma

El TSJ de Aragón se suma a Madrid y Valencia en su apoyo a la jueza Beatriz Biedma ante los presuntos seguimientos y actos de intimidación denunciados.

10/11/2026 04:11

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJAr) se sumó ayer a los tribunales superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana en su respaldo institucional a la magistrada Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha denunciado haber sufrido presuntos seguimientos e intimidaciones durante la instrucción de aquella causa.

El órgano de gobierno de los jueces aragoneses, presidido por Juan José Carbonero Redondo, ha expresado su «profunda preocupación» ante las informaciones sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada y a su entorno.

En su comunicado, el TSJAr traslada públicamente su respaldo a Biedma, aunque precisa que no pretende prejuzgar los hechos ni las posibles responsabilidades, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales.

«Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan sino una garantía de todos los ciudadanos. Es manifestación de la democracia y del Estado de Derecho», afirma la declaración institucional.

Los jueces de instrucción de Madrid fueron los primeros en respaldarla

El pronunciamiento del TSJAr se incorpora a una cadena de declaraciones institucionales que comenzó el pasado 16 de octubre, cuando la Junta de Jueces de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid expresó públicamente su solidaridad y respaldo a Beatriz Biedma.

Los jueces madrileños manifestaron su «profunda preocupación» por los posibles seguimientos e intimidaciones y lamentaron expresamente la falta de un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Los jueces no deben ejercer su función bajo la presión, amenaza o la intimidación», afirmaron, recordando que la independencia judicial constituye una garantía de todos los ciudadanos.

Doce días después, el 28 de octubre, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aprobó su propia declaración institucional, expresando su preocupación y respaldo a la magistrada.

El 29 de octubre se conoció una declaración prácticamente idéntica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), aprobada el día anterior.

Con Aragón son ya tres los tribunales superiores de Justicia que han respaldado formalmente a Biedma, además de la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid.

El CGPJ no logró consensuar una declaración de apoyo

Estos pronunciamientos contrastan con lo sucedido el 14 de octubre en el Consejo General del Poder Judicial.

Aquel día, el Pleno del CGPJ no llegó a votar una propuesta de declaración institucional de apoyo a Biedma por falta de unanimidad.

La iniciativa, promovida por diez vocales, pretendía expresar la preocupación del Consejo por las presuntas actuaciones de hostigamiento contra la magistrada. Sin embargo, las discrepancias internas impidieron aprobarla. Servimedia

Los presuntos seguimientos, bajo investigación judicial

Biedma declaró el pasado 8 de octubre ante el magistrado Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, en calidad de perjudicada.

Relató que personas de su entorno le habían advertido de que un individuo, haciéndose pasar por su hermano o secretario, había acudido al colegio de sus hijas preguntando por ella.

La magistrada aseguró que no tiene hermano ni secretario y describió la angustia que le provocaron aquellos episodios.

Los hechos denunciados siguen bajo investigación judicial y no existen conclusiones definitivas sobre las posibles responsabilidades penales.

Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI), al que pertenece Biedma, ratificó el pasado 6 de noviembre, durante su XXII Congreso celebrado en Jaén, su decisión de prestarle asesoramiento y asistencia jurídica y personarse como acusación popular.

La asociación reiteró su solidaridad con la magistrada y defendió que ningún juez debe sufrir presiones en el ejercicio de sus funciones, respetando siempre la presunción de inocencia de los investigados.

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