Koldo García ha seguido los pasos de José Luis Ábalos y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la condena de 19 años y ocho meses de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por el «caso mascarillas». El antiguo asesor del exministro de Transportes solicita la anulación de la sentencia y su puesta en libertad mientras el tribunal de garantías examina las vulneraciones de derechos fundamentales que denuncia.
Su recurso llega seis días después del presentado por Ábalos, condenado a 24 años y tres meses de prisión por la misma causa.
Ambos coinciden en cuestionar la competencia del Supremo, el acceso a las pruebas digitales y el tratamiento de las declaraciones incriminatorias del empresario Víctor de Aldama.
Sin embargo, Koldo incorpora argumentos específicos sobre las condiciones en que Aldama alcanzó su acuerdo con la Fiscalía y sobre la existencia de otra investigación contra él en la Audiencia Nacional.
El escrito, está firmado por Leticia de la Hoz, quien esta semana ha renunciado a continuar representándolo por discrepancias.
La conformidad de Aldama, uno de los puntos de conflicto
Una de las principales objeciones de Koldo se dirige contra el tratamiento procesal dispensado a Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por organización criminal y cohecho, pero que evitó ingresar en la cárcel gracias a su colaboración con la Justicia.
La defensa del exasesor sostiene que Aldama obtuvo una rebaja de dos grados en la pena y la suspensión de su cumplimiento tras aceptar la acusación de la Fiscalía, para después declarar contra los otros acusados.
Considera que esa fórmula constituye una conformidad parcial jurídicamente cuestionable, al afectar a hechos que continuaban siendo controvertidos para los demás procesados.
Además, denuncia que el acuerdo no se documentó por escrito ni fue sometido al control judicial que considera exigible, y que las restantes defensas desconocían cómo se había negociado.
El planteamiento guarda relación con el recurso de Ábalos, aunque presenta un enfoque diferente.
Como informó Confilegal el pasado 5 de noviembre, el abogado del exministro, Marino Turiel, cuestiona especialmente la falta de corroboración independiente de las declaraciones incriminatorias de Aldama.
Koldo, en cambio, pone el acento en las garantías procesales del acuerdo que precedió a esas declaraciones.
Son dos objeciones distintas sobre un mismo elemento de prueba cuya valoración tuvo relevancia en el proceso.
Dos argumentos diferentes contra la competencia del Supremo
La competencia del Tribunal Supremo vuelve a ocupar un lugar central en la impugnación.
Ábalos sostuvo en su recurso que el alto tribunal no debió continuar juzgándolo después de que renunciara a su escaño en el Congreso en enero de 2026 y perdiera, por tanto, su condición de aforado.
Koldo parte de otra circunstancia: él nunca fue diputado ni estuvo aforado.
Su defensa considera que el Supremo únicamente asumió su enjuiciamiento por la conexión de los hechos atribuidos al exasesor con los investigados respecto de Ábalos.
También cuestiona el alcance de la autorización parlamentaria concedida para proceder contra el exministro.
Según su interpretación, el suplicatorio comprendía los contratos de material sanitario y determinados alquileres, pero el juicio terminó abarcando otros hechos relacionados con Air Europa y las contrataciones en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
La defensa entiende que esa extensión afectó al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.
El Supremo, no obstante, ya rechazó los cuestionamientos sobre su competencia al desestimar, el pasado 14 de octubre, los incidentes de nulidad promovidos por los condenados.
Las pruebas digitales y la investigación de la Audiencia Nacional
Otro punto de coincidencia entre los recursos es el acceso al material intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La defensa de Ábalos denunció que no pudo examinar íntegramente los dispositivos electrónicos utilizados para elaborar los informes policiales.
Koldo concreta ahora esa objeción.
Sostiene que la investigación comprendía 26 dispositivos, con un volumen aproximado de diez terabytes de información, y que su defensa no recibió las copias forenses ni los códigos hash, utilizados para comprobar la integridad de los archivos.
Según afirma, algunos de los dispositivos que le fueron devueltos tampoco resultaban accesibles.
Considera que estas circunstancias limitaron su capacidad para contrastar las pruebas utilizadas en su contra.
Su recurso incorpora, además, otra cuestión: la investigación que continúa abierta en la Audiencia Nacional dentro del denominado «caso Koldo».
El antiguo asesor sostiene que ambas causas examinan una misma operativa y denuncia una posible vulneración de la prohibición de doble enjuiciamiento.
Este argumento obliga a distinguir entre la existencia de investigaciones relacionadas y la identidad jurídica de los hechos perseguidos, una circunstancia que no puede darse por acreditada únicamente porque los procedimientos tengan conexiones entre sí.
Koldo también pide salir de prisión
Al igual que Ábalos, Koldo solicita al Constitucional la suspensión de su condena mientras se tramita el amparo.
Argumenta que mantenerlo encarcelado podría privar de eficacia a una eventual resolución favorable.
Subsidiariamente, propone sustituir la prisión por medidas de control, como comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de abandonar España o vigilancia telemática.
La petición se enfrenta a una jurisprudencia constitucional restrictiva respecto a la suspensión de penas de prisión, especialmente cuando estas superan los cinco años.
El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que la presentación de un recurso de amparo no suspende automáticamente la ejecución de la sentencia.
Para adoptar esa medida excepcional, el tribunal debe valorar si el cumplimiento de la pena podría hacer perder al amparo su finalidad, teniendo en cuenta también los intereses constitucionalmente protegidos.
Koldo y Ábalos permanecen privados de libertad desde el 27 de noviembre de 2025. El Supremo los condenó el pasado 22 de junio por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Con los dos recursos de amparo presentados, el Constitucional deberá examinar separadamente si admite las impugnaciones de ambos condenados y si procede suspender la ejecución de sus respectivas penas.
Ninguna de las vulneraciones denunciadas ha sido declarada por el tribunal de garantías, y la presentación de los recursos no altera por sí misma la situación penitenciaria de los recurrentes.
