Un atropello intencionado en España, una indemnización pendiente, y una importante duda: ¿debe el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizar a la familia de la persona asesinada aunque el vehículo no estuviera asegurado? Una cuestión que ahora, ha llegado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de la mano del Tribunal Supremo.
Un caso que afecta a la familia de un joven, atropellado hasta la muerte por el que decía ser su amigo en julio de 2020, en Barcelona.
Así, todo comenzaba el 12 de julio de 2020, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Tras una pelea a las puertas de una discoteca, A. H. M. persiguió en coche a A. M. V., lo atropelló y, después de dar la vuelta, volvió a arrollarlo.
La víctima murió ese mismo día.
El conductor carecía de permiso de conducir y el automóvil no tenía contratado el seguro obligatorio.
En septiembre de 2022, un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a 16 años y ocho meses de prisión por asesinato con alevosía, además de cuatro meses por un delito contra la seguridad vial.
También declaró responsable civil directo al Consorcio de Compensación de Seguros, obligándolo a afrontar las indemnizaciones, sin perjuicio de su derecho a reclamarlas posteriormente al condenado.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la condena en marzo de 2023, aunque modificó las compensaciones y excluyó las reconocidas a los abuelos. Documents
La diferencia entre un accidente y un asesinato
El Consorcio recurrió ante el Tribunal Supremo con un argumento jurídico concreto: utilizar deliberadamente un vehículo para cometer un asesinato no constituye un hecho de la circulación.
La distinción resulta decisiva.
La legislación española sobre responsabilidad civil y seguro de automóviles excluye de ese concepto la utilización de vehículos como instrumentos para cometer delitos dolosos contra personas o bienes.
Por tanto, según el Consorcio, su obligación de indemnizar a las víctimas de vehículos sin seguro no alcanza a quienes sufren una agresión criminal intencionada.
La familia, representada por el abogado Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, sostiene una interpretación diferente: la normativa europea podría exigir que esas víctimas dispusieran de una protección indemnizatoria equiparable a la prevista para los accidentes de tráfico.
El problema no reside únicamente en determinar quién paga, sino también cuánto reciben los perjudicados.
Según los datos facilitados por el despacho, las indemnizaciones inicialmente fijadas en 353.448 euros quedaron reducidas a 235.632 euros tras el recurso de apelación.
Dos preguntas del Supremo a Luxemburgo
Ante esta controversia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en un procedimiento presidido por el magistrado Antonio del Moral García, acordó mediante auto de 29 de abril de 2025 suspender la resolución del recurso de casación y plantear una cuestión prejudicial.
La primera pregunta busca determinar si la Directiva 2009/103 ya contenía la obligación de garantizar una protección indemnizatoria equivalente a las víctimas de daños intencionados causados mediante vehículos.
La segunda plantea si un sistema estatal de ayudas a víctimas de delitos violentos puede considerarse suficientemente parecido al seguro obligatorio cuando reduce significativamente las cuantías o excluye a determinados familiares.
La referencia normativa es importante: el crimen ocurrió en 2020, antes de que entrara en vigor la reforma europea de 2021, cuyo considerando noveno aborda expresamente la compensación de daños causados deliberadamente con vehículos. eur-lex.europa.eu
La abogada general se ha pronunciado a favor de la exclusión
El procedimiento tiene un antecedente que introduce incertidumbre sobre su resultado.
En sus conclusiones de julio, Laila Medina consideró que la Directiva de 2009 no obligaba a los Estados miembros a indemnizar los daños intencionados con las mismas condiciones que un accidente de tráfico.
A su juicio, la normativa aplicable permite distinguir entre la utilización ordinaria del automóvil y su empleo deliberado para causar la muerte.
No obstante, precisó que los Estados conservan libertad para establecer una protección más amplia.
Y añadió que, si el TJUE exigiera un sistema alternativo equivalente, deberían respetarse determinados importes mínimos y cubrirse los daños previstos por la Directiva, incluidos los perjuicios morales de los familiares cercanos. Documents
Una respuesta que puede afectar a otros crímenes
La trascendencia del asunto supera el caso particular de Cerdanyola.
Una interpretación favorable a la equiparación indemnizatoria podría repercutir en reclamaciones derivadas de asesinatos, feminicidios y otras agresiones cometidas utilizando vehículos como armas, especialmente cuando el responsable carece de seguro o de patrimonio suficiente para indemnizar.
Machado considera que el caso Villagrasa «puede convertirse en un hito de la jurisprudencia europea en materia de protección a víctimas de violencia».
La última palabra corresponderá al TJUE, que debe interpretar el alcance de las obligaciones europeas. Después, será el Tribunal Supremo español quien aplique esa respuesta al recurso pendiente.
La cuestión de fondo es tan sencilla de formular como compleja de resolver: si una persona muere atropellada, ¿deben sus familiares recibir una protección económica diferente dependiendo de que el conductor pretendiera matarla?
